El plenario de las comisiones del Senado aprobó un dictamen que deja a la Argentina próxima a un nuevo marco legal para la industria y el comercio de biocombustibles. El acuerdo avanzó con una votación con fisuras y con un dictamen de minoría que puso en evidencia tensiones internas del sector.
La reforma afecta la composición de los combustibles, la estructura de mercado y las reglas de inversión para las plantas productoras. Por eso importa: decide quién produce, cuánto se mezcla en los surtidores y qué empresas podrán crecer en los próximos años.
Qué cambia en la nueva ley de biocombustibles
El proyecto eleva el corte mínimo obligatorio de biodiésel en el gasoil de 7,5 % a 10 % y el de bioetanol en las naftas de 12 % a 15 %, a partir del año siguiente a la sanción. Dentro del bioetanol se mantiene una distribución de 6 % para caña de azúcar, 6 % para maíz y 3 % para libre mercado.
Se introducen topes para evitar concentración: ninguna empresa de bioetanol podrá controlar más del 20 % del volumen del corte obligatorio, mientras que en biodiésel el tope para empresas no integradas será del 10 %. Estas medidas buscan preservar la competencia y frenar la entrada masiva de grandes aceiteras al mercado interno.
El proyecto consolida un mercado electrónico único y subastas públicas operadas por un organismo independiente, y reemplaza los precios máximos por precios de referencia calculados según la paridad de importación. La transparencia en precios y volumen es una apuesta para atraer inversiones y reducir arbitrajes en el mercado local.
Se incorpora la figura del co-procesamiento, que permite a mezcladores y refinadores usar materia prima no fósil en la elaboración de gasoil sin computarla para el corte obligatorio. Ese volumen accederá a beneficios impositivos hasta un tope del 5 % de la mezcla, lo que incentiva inversiones en procesos menos dependientes del crudo.
Una novedad para el biodiésel
En la interna del biodiésel se acordó un piso mínimo de 3 % para las pymes no integradas, garantizado hasta el año 2036. Esta cláusula aparece como un triunfo para pequeños productores que reclamaban previsibilidad frente al ingreso de las grandes aceiteras.
El senador Fernando Salino (PJ‐San Luis) presentó un dictamen de minoría que representa a productores industriales de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis y reclamó una mirada más federal en el reparto del corte. Su crítica no cuestiona el aumento del corte, sino el esquema de cupos que, según su lectura, aún no refleja la diversidad regional.
La Fundación Barbechando celebró que el piso del 3 % quede garantizado hasta 2036, porque otorga una ventana de previsibilidad mayor que la de borradores previos. Para las pymes esa certeza es clave a la hora de decidir inversiones en plantas, logística y personal.
Qué sigue y por qué importa para el campo y los combustibles
El dictamen debe convertirse en media sanción en el recinto del Senado en las próximas semanas para que la ley pueda comenzar a regir y dar señales de largo plazo al sector. La aprobación definirá si las empresas y los productores comienzan a invertir con reglas claras o si persiste la incertidumbre política que frena la toma de decisiones.
En términos de consumo, la suba de cortes implica más biocombustible en surtidor y presión por ajustar los precios mediante referencias de importación y subastas. El desafío» será equilibrar incentivos fiscales, estabilidad de precios y distribución regional para evitar cierres de plantas y pérdida de empleo rural.
La ley, si se aprueba, cambia la matriz de reglas para la industria y condiciona la dinámica del mercado de granos y aceites en los próximos años. Para pueblos y PyMEs del interior significa una oportunidad de mantenerse en la cadena de valor o, en caso contrario, una nueva presión competitiva de los grandes grupos aceiteros.
