Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) elevó la tensión sobre el sistema de trazabilidad Visec al considerar que ciertos exportadores condicionan compras y precios a la inscripción en esa plataforma, desarrollada para cumplir la exigencia antideforestación de la Unión Europea. La controversia llega cuando la normativa europea, que exige que la carne y la soja no provengan de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, empieza a imponerse como requisito de mercado.
Para CRA, la discusión no es solo técnica sino de reglas de juego: la organización advierte contra una posible concentración que dejaría al productor sin alternativas y sin voz frente a los frigoríficos exportadores. Las quejas públicas y la posibilidad de acciones ante la Defensa de la Competencia convierten al debate en un asunto de interés para toda la cadena agroindustrial.
El secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, sostuvo que el reglamento europeo “no obliga al productor argentino a inscribirse en Visec” y que la plataforma constituye una solución comercial privada entre varias alternativas. Esa aclaración apunta a desmontar la idea de que la normativa comunitaria exige una única herramienta, y busca preservar la posibilidad de elección por parte del productor.
En la práctica, sin embargo, los reclamos llegan por efectos comerciales: según CRA, frigoríficos que integran el principal consorcio exportador habrían aplicado descuentos a ganados cuyos campos no figuran en Visec Carne. En contraste, en la soja ya se observó que las mercaderías provenientes de campos validados para Europa recibieron un premio, lo que profundiza la sensación de desigualdad entre productos y sectores.
La organización rural advierte que más del 80 % de las exportaciones están concentradas en el consorcio ABC, por lo que la opción de un solo sistema privado podría transformarse en una imposición de mercado. CRA cita además otras plataformas y la Resolución 50/2024 de la Secretaría de Agricultura, que creó un Directorio de Esquemas de Diferenciación para fomentar la pluralidad tecnológica y la competencia.
Qué ofrece y qué deja afuera el debate sobre Visec
Visec fue diseñado por exportadores para dar trazabilidad frente a la demanda europea, pero su uso no figura como mandato en la normativa comunitaria, según fuentes de CRA. La discusión técnica se cruza con un reclamo político: que el Estado nacional valide registros y garantice igualdad entre soluciones públicas y privadas.
Los productores reclaman que la inscripción en plataformas no sea una condición de hecho para acceder al mercado externo, dado que negar el registro implicaría perder ventas y, en la práctica, coartar la libertad de elección. Desde la entidad rural sostienen que cuando hubo que acreditar protocolos sanitarios o habilitaciones, fue el Estado quien validó el cumplimiento; ahora temen que la validación quede en manos privadas.
La disputa escaló también entre entidades rurales: la Sociedad Rural Argentina (SRA) y CRA registraron intercambios por el contenido y la comunicación del debate, con pedidos de rectificación y llamadas a manejo privado de la controversia. Ese roce expone la complejidad interna del sector frente a regulaciones internacionales que combinan requisitos ambientales y comerciales.
CRA no descarta presentar acciones ante la autoridad de competencia o iniciar demandas judiciales para cuestionar lo que describe como una posible cartelización del mercado exportador argentino. Más allá del litigio, la reparación que solicita la entidad es clara: reconocimiento de múltiples plataformas y libertad para que el productor elija cómo demostrar trazabilidad.
Consecuencias para productores y mercado
Si la práctica denunciada se confirma, la consecuencia directa sería un encarecimiento o una penalización para aquellos productores que no integren la plataforma promovida por los principales exportadores. Ese mecanismo podría trasladarse al precio de la hacienda, con descuentos que afectan la renta del productor y cambian la lógica que se observó en la soja, donde se pagaron premios por mercadería validada.
Además del impacto económico, está la dimensión de datos y soberanía: el uso de registros estatales requiere consentimientos que, según CRA, no son verdaderamente libres si negar la adhesión implica quedar fuera del mercado. Ese dilema jurídico y ético coloca al Estado nacional en un rol central para arbitrar y validar esquemas sin perder control sobre la información pública.
El conflicto llega en un momento crítico para la imagen agroindustrial argentina frente a compradores internacionales preocupados por la deforestación y las credenciales de sostenibilidad. La forma en que se resuelva la disputa definirá no solo acceso a mercados, sino también quién controla las reglas de la trazabilidad y cómo se reparten los costos de adaptación.
En los próximos meses, el seguimiento de las audiencias públicas, eventuales acciones ante Defensa de la Competencia y las conversaciones entre autoridades nacionales y cámaras del sector serán decisivas. Para los productores, la atención está puesta en confirmar si podrán elegir entre alternativas de certificación o si deberán alinearse a la solución impuesta por el mercado exportador.
La polémica sobre Visec abre una discusión más amplia sobre gobernanza de datos, competencia y equidad en la transición hacia cadenas agroalimentarias más sostenibles, y señala que las respuestas regulatorias deberán equilibrar exigencias externas con derechos y costos internos. Mientras tanto, el reclamo de CRA marca el pulso de un sector que exige reglas claras y un rol activo del Estado en la validación de plataformas y registros.
