El cruce público entre la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) volvió a tensionar al sector agropecuario por las implicancias comerciales y políticas de la nueva regulación europea sobre deforestación. El foco del conflicto es la plataforma Visec, diseñada para acreditar el cumplimiento del reglamento antideforestación de la Unión Europea, y la discusión pone en evidencia diferencias internas sobre cómo comunicar y enfrentar esas exigencias.
La controversia se detonó cuando Andrés Costamagna, director general y referente de sostenibilidad de la SRA, acusó a CRA de “desinformar” respecto de las exigencias y de la trazabilidad requerida para exportar a Europa. Esa declaración motivó que CRA enviara una carta formal reclamando aclaraciones y una posible rectificación pública si los dichos no representaban la posición institucional de la Rural.
En la respuesta pública, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, prefirió bajar el tono y anunció que dialogará con el titular de CRA, Carlos Castagnani, en privado, manteniendo la relación personal entre dirigentes como un canal para resolver el choque. Sin embargo, Pino ratificó la postura de la Rural sobre las condiciones que impone el mercado europeo y subrayó que cada dirigente puede “expresarse de diferentes maneras”.
Más allá del cruce entre organizaciones, el conflicto tiene consecuencias concretas para los productores: CRA alertó sobre descuentos de hasta 10 % en el precio de la hacienda para quienes aún no están incorporados a un sistema de trazabilidad. Esa señal comercial agrava la urgencia de inscripción en plataformas como Visec y revela el riesgo de perder valor por falta de cumplimiento documental frente a compradores europeos.
Costamagna admitió que la plataforma no fue dimensionada para la demanda actual y explicó que Visec se había pensado para recibir 500 productores por día y que desde su pico soportó hasta 2.000, mientras que en los días críticos la demanda llegó a un rango de 8.000 a 12.000 solicitudes diarias. Esa saturación provocó demoras en la inscripción y frustración entre productores que necesitan certificar la trazabilidad de su mercadería para acceder al mercado europeo.
La inscripción en Visec no es obligatoria en términos jurídicos para todos los productores, pero será una condición práctica para quien desee vender a la Unión Europea desde la entrada en vigor del reglamento prevista para enero. En la práctica, eso significa que muchos productores enfrentarán una decisión comercial: adaptarse a las reglas y soportar los costos administrativos o buscar otros destinos de ventas con menores requisitos.
Por qué importa la disputa entre SRA y CRA
Esta pelea institucional molesta por razones simbólicas y económicas: remite a la histórica resolución 125 de 2008 y despierta sensibilidades políticas en un sector que no quiere volver a encender un conflicto masivo con el gobierno. Además, expone cómo la falta de coordinación entre organizaciones puede traducirse en pérdidas concretas para productores que ya enfrentan mercados internacionales exigentes.
La imposición de condiciones por parte de la UE no es solo técnica sino también comercial, porque los compradores premian o sancionan según la trazabilidad y el origen del producto, lo que define márgenes de precio. En ese sentido, Pino fue explícito al decir que existe un mercado con condiciones y que, si un productor quiere acceder a él, debe adaptarse: “metete, punto”, resumió la idea central de la Rural.
CRA, por su parte, pidió a la SRA que aclare si las declaraciones de Costamagna representaban la voz institucional y reclamó rectificación en caso contrario, buscando preservar la información que reciben los productores. La misiva firmada por Carlos Castagnani y el secretario Adrián Luna Vázquez refleja una preocupación por la comunicación pública y por evitar confusiones que perjudiquen comercialmente a quien produce.
En el terreno, las demoras técnicas de Visec y la sobrecarga de solicitudes muestran una brecha entre la normativa internacional y la capacidad operativa local para responder con rapidez. Esa brecha puede generar costos directos, desde descuentos en el precio hasta pérdida de contratos, y costos indirectos vinculados a reputación y cumplimiento de estándares ambientales.
Los productores miran con atención cómo se resuelva el cruce entre las entidades, porque de esa relación depende en parte la claridad sobre pasos a seguir y el auxilio institucional para sortear cuellos de botella administrativos. Si las organizaciones logran coordinar mensajes y prácticas, podrán facilitar la adaptación de productores a la normativa europea y reducir el impacto en los ingresos del sector.
Qué viene y cómo impacta en el sector
Con el reglamento europeo próximo a entrar en vigencia, la presión por completar registros y demostrar trazabilidad irá en aumento, y es previsible que continúen las tensiones sobre quién comunica qué y cómo se asesora al productor. La capacidad de la cadena para adaptarse determinará qué porcentaje del suministro argentino mantendrá acceso preferente al mercado europeo y a qué precio.
La discusión entre SRA y CRA evidencia la necesidad de coordinación técnica y de comunicación clara para evitar que diferencias institucionales se traduzcan en pérdidas económicas para el productor. En los próximos meses será clave monitorear la evolución de la plataforma Visec, la respuesta de compradores europeos y la estrategia conjunta —o no— de las entidades del campo para acompañar a los productores.
En definitiva, lo que comenzó como un intercambio de acusaciones públicas pone en relieve un problema mayor: la transición hacia mercados que exigen trazabilidad y conducta ambiental exige articulación local, soluciones tecnológicas robustas y mensajes unificados. Si eso no ocurre, los más afectados serán los productores en las zonas con menor acceso a asesoramiento y a sistemas digitales eficientes.
