Un encuentro organizado por RIA Consultores reunió ayer a referentes del agro y la política para avanzar sobre dos ejes clave: la reforma de la ley de cabotaje y la ley de biocombustibles. Asistieron el senador y precandidato presidencial Sergio Uñac, el senador por La Pampa Daniel Bensusán y el exministro de Agricultura y actual secretario de Asuntos Agrarios del PJ, Julián Domínguez.
La convocatoria sumó representantes de la molinería, la industria aceitera, el sector de biocombustibles, productores y entidades académicas, lo que dejó en claro el interés multisectorial sobre la agenda legislativa. Los organizadores coincidieron en que las medidas discutidas impactan directamente sobre la competitividad del agro y la capacidad de generar valor agregado en provincias.
Sobre la ley de biocombustibles, los asistentes destacaron su impacto positivo para los productores agrícolas y coincidieron en que cualquier reforma tramitaría en la Cámara de Diputados y, de introducirse cambios, volvería al Senado para su aprobación final. La discusión técnica y política acompaña la expectativa del sector por certezas regulatorias que incentiven inversiones en la cadena oleaginosa y de biodiésel.
Sin embargo, la aprobación no está garantizada: según informaron, la semana pasada la falta de acuerdo entre el oficialismo y bloques que piden mayores garantías para las pymes de biodiésel obligó a postergar la firma del dictamen. Esa demora evidencia la tensión entre objetivos de escala y las preocupaciones por la sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector.
Por qué la reforma de cabotaje es prioritaria
En relación con el cabotaje, los asistentes coincidieron en que se trata de una prioridad altísima para mejorar la logística granaria y reducir cuellos de botella en la cadena exportadora. Mejorar la operativa del transporte costero y la coordinación con puertos internos fue presentado como un paso necesario para aumentar la competitividad frente a otros países agrícolas.
La preocupación es práctica y de corto plazo: costos logísticos elevados y demoras en la salida de granos afectan precios recibidos por productores y márgenes de la industria exportadora. En ese contexto, una reforma que permita optimizar movimientos e inversiones logísticas podría potenciar la capacidad de la Argentina para retener valor dentro del territorio nacional.
En su cuenta en X, Sergio Uñac resumió la visión política del encuentro: “El campo y la industria tienen que crecer juntos”, y pidió “reglas claras, más producción, valor agregado y trabajo en todas las provincias”. Esa frase condensó la aspiración de los asistentes por avanzar con medidas que articulen producción, industria y empleo regional.
La presencia de figuras con peso político como Domínguez y Bensusán junto a representantes privados muestra que la discusión atraviesa frentes técnicos y electorales. Para los actores privados, el diálogo público-privado fue valorado como la vía para construir consensos que permitan implementar cambios estructurales.
Qué está en juego y el calendario legislativo
En juego está la capacidad del país para generar valor agregado en origen y sostener cadenas productivas que den empleo en las provincias, además de mejorar ingresos de los productores. Las decisiones sobre biocombustibles y cabotaje influyen tanto en la logística como en la demanda interna de oleaginosas y subproductos, aspectos clave para planificar inversiones.
Desde el punto de vista legislativo, el tramo que sigue es la discusión en Diputados, donde los cambios propuestos podrían volver al Senado, según señalaron los participantes. La negociación con bloques que representan a pymes del biodiésel será un punto crítico para destrabar la aprobación y reducir la incertidumbre en el sector.
Si no se alcanzan acuerdos, las demoras pueden profundizar la incertidumbre y postergar inversiones en plantas y logística, con efectos sobre la cadena productiva. Por el contrario, un marco regulatorio consensuado podría mejorar la competitividad externa, aumentar el procesamiento local y generar empleo en regiones rurales.
Para productores y empresas, las claves por seguir serán la definición final de incentivos, las garantías para las pymes y las modificaciones concretas en la normativa de cabotaje. Palabra de Campo seguirá la agenda legislativa y las respuestas del mercado, porque esas decisiones inciden directamente en la renta agropecuaria y en las posibilidades de desarrollo de las provincias.
