La Argentina, en el fondo del ranking de la OCDE: las retenciones le restaron al agro alrededor del 15 % de sus ingresos en 2025

Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coloca a la Argentina en el último puesto entre 56 países por el apoyo a sus productores agropecuarios, con un impacto neto negativo que alcanzó cerca del -15 % de los ingresos brutos en 2025. El dato advierte sobre una carga fiscal y regulatoria que, según el estudio, reduce incentivos para invertir y modernizar el sector que sigue siendo clave para las exportaciones.

El relevamiento utiliza el indicador Estimado de Apoyo al Productor (PSE) para medir cómo los impuestos, restricciones comerciales y subsidios afectan los ingresos de los productores, y muestra que sólo la Argentina, la India y Vietnam presentan efectos netos negativos. Esa comparación internacional ubica a la Argentina como caso extremo y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo que grava fuertemente la actividad exportadora.

Cómo llegaron los números y qué dicen

Según la OCDE, el apoyo negativo promedio de la Argentina entre 2023 y 2025 fue de USD 8.600 millones anuales, equivalente al 13,5 % de los ingresos brutos agropecuarios en ese periodo. El PSE llegó al -15,1 % en 2024 y al -15 % en 2025, mientras que en 2014 se registró un pico negativo de -38,6 %, lo que muestra la histórica influencia de los impuestos a las exportaciones en la renta agrícola.

La OCDE y economistas locales señalan a las retenciones como la principal causa de ese resultado negativo, al mantener los precios internos por debajo de los internacionales y erosionar la capacidad de reinversión. En declaraciones públicas, el economista David Miazzo afirmó que esa estructura tributaria reduce la adopción de tecnología y limita el crecimiento de la producción, un argumento que el informe respalda con evidencias sobre incentivos a la inversión.

El estudio incorpora las reducciones aplicadas durante 2025 pero aclara que el indicador de ese año es todavía preliminar y no refleja plenamente las medidas posteriores. Además, no considera las nuevas bajas aprobadas en 2026 ni las planificadas hasta 2028, por lo que el panorama puede mostrar cambios en reportes futuros.

En términos agregados, la OCDE computó que el apoyo total al sector agropecuario en 2025 fue negativo por USD 9.200 millones, lo que equivale al 1,36 % del producto bruto interno (PBI) del país. Ese cálculo incluye además el gasto público en servicios agropecuarios, estimado en USD 316 millones, mientras que los consumidores habrían recibido un beneficio estimado de USD 2.400 millones por menores precios internos de algunos productos.

Qué medidas se tomaron y cuáles quedan pendientes

Durante 2025 el Gobierno habilitó varias reducciones de retenciones que la OCDE registró: hubo una suspensión temporal para la soja con un tope de USD 7.000 millones y, en diciembre, se aplicaron bajas permanentes en distintos productos. Por ejemplo, la alícuota de la soja bajó del 26 % al 24 %, y la de sus derivados del 24,5 % al 22,5 %, mientras que trigo y cebada pasaron del 9,5 % al 7,5 %.

• Maíz y sorgo: de 9,5 % a 8,5 %.

• Girasol: de 5,5 % a 4,5 %.

• Carne: de 6,75 % a 5 %.

Estas bajas, sin embargo, no están completamente reflejadas en el PSE de 2025 y el informe tampoco incluye las reducciones de 2026: en junio de ese año se bajaron las alícuotas de trigo y cebada al 5,5 % y se definió un cronograma de disminuciones para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol entre enero de 2027 y diciembre de 2028. Según ese esquema, la soja debería pasar del 24 % al 15 % y el maíz del 8,5 % al 5,5 % hacia fines de 2028.

La OCDE también destacó la eliminación de retenciones en varias economías regionales como azúcar, algodón, arroz, tabaco y productos forestales, medidas que podrían modificar la señal de precios y la rentabilidad de cultivos menos masivos. No obstante, el peso de la soja en las exportaciones hace que las retenciones sobre ese producto sigan siendo determinantes para el resultado agregado.

Impacto en inversión, recomendaciones y mirada del sector

El informe advierte que los cambios frecuentes en medidas de exportación, impuestos y condiciones macroeconómicas generan incertidumbre y desalientan la inversión privada, una crítica que empata con la percepción del sector productivo. En ese marco, la OCDE recomienda reducir gradualmente los impuestos a las exportaciones y reorientar el gasto público hacia servicios generales que impulsen la innovación, la extensión y la infraestructura rural.

Entre las sugerencias también figuran fortalecer herramientas para enfrentar los riesgos climáticos y mejorar el acceso de pequeños productores a los mercados, líneas que buscan combinar eficiencia y equidad en un campo altamente exportador. Desde el sector técnico, Miazzo pidió revisar la carga tributaria en los tres niveles de gobierno —tasas viales y de inspección municipales, Ingresos Brutos provinciales y retenciones nacionales— y mejorar infraestructura, crédito y el rol del Senasa.

El informe reconoce, al mismo tiempo, que el agro argentino sigue siendo altamente competitivo y fuertemente orientado a la exportación, una ventaja que permite a la actividad sostenerse pese a las distorsiones. Como cierre, Miazzo sintetizó la contradicción: el agro es competitivo a pesar de las políticas y no gracias a ellas, una frase que resume el desafío para las próximas reformas.