La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) pidió este martes avanzar con la adhesión a UPOV-91, la norma internacional que protege a quienes desarrollan nuevas variedades vegetales, y vinculó ese paso con el cumplimiento de compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Estas declaraciones, formuladas por Alejandro Díaz, director ejecutivo y CEO de AmCham, ponen en foco un asunto técnico que puede definir la velocidad de las exportaciones y la atracción de inversiones al sector de semillas.
UPOV-91 exige mayores estándares de protección de la propiedad intelectual sobre variedades vegetales y la Argentina se comprometió a presentar un proyecto de adhesión ante el Congreso antes de fines de 2027. El plazo no obliga a conseguir la aprobación, pero sí abre un calendario político que condiciona negociaciones entre el Estado, la industria y las entidades rurales.
El conflicto central gira en torno al denominado uso propio, que permite a los productores reservar semillas de cosecha para volver a sembrar, práctica habitual en soja y trigo. Las diferencias sobre quién paga, a quiénes se exceptúa y por cuánto tiempo persisten como los principales puntos de fricción entre productores y semilleras.
Las entidades rurales propusieron que el pago por el uso propio alcance al 30 % de los productores de mayor escala, mientras que la industria planteó inicialmente incluir al 60 % y luego amplió las excepciones sin precisar nuevos límites. También existen divergencias sobre el plazo de cobro, con planteos que van desde los 3 años por parte de los productores hasta períodos que la industria defiende de hasta 20 años.
Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) afirmaron que ampliaron las excepciones para incluir a más productores, y sostienen que una ley nueva permitiría reglas claras tanto para quienes producen como para las empresas. Esa postura choca con la visión de muchas organizaciones rurales que rechazan la adhesión a UPOV-91 como marco de la legislación.
Díaz aseguró que AmCham no participa directamente de las negociaciones y reconoció haber conversado con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aunque dijo desconocer el contenido del proyecto que el Gobierno prepara. Aun así, dejó clara la preferencia institucional de la cámara por la adhesión y por la modificación de criterios de patentabilidad considerados restrictivos desde 2015.
Qué podría cambiar para productores, empresas y el comercio exterior
La aprobación de UPOV-91 o de una ley de semillas alineada con esa norma implicaría una mayor protección para la inversión en innovación genética y, potencialmente, más incentivos para la investigación y desarrollo en biotecnología. Al mismo tiempo, podría encender debate sobre el costo y la disponibilidad de semillas para pequeños y medianos productores, quienes temen perder autonomía sobre el uso de su propio material.
En términos comerciales, AmCham advierte que el incumplimiento de compromisos del acuerdo bilateral podría obligar a evaluar los impactos en la relación con Estados Unidos, sin que por ahora se hayan esbozado sanciones concretas. El Ejecutivo, por su parte, navega entre más de 50 proyectos en cartera y la necesidad de encontrar apoyos legislativos para presentar iniciativas dentro de las sesiones ordinarias.
Un escenario posible es que el Gobierno intente un punto intermedio que contente tanto a productores como a semilleras, pero Díaz indicó que una solución intermedia no necesariamente es la preferencia de AmCham. La cámara considera que la adhesión a estándares internacionales como UPOV-91 sería lo más favorable para las empresas y para acelerar exportaciones, según sus declaraciones públicas.
Para los productores, la discusión no es solo técnica sino económica y cultural, porque afecta decisiones cotidianas sobre rotación de cultivos y manejo de semillas, y también el bolsillo ante posibles pagos por regalías. Para las empresas, en cambio, está en juego la seguridad jurídica y la capacidad de recuperar inversiones en semilla mejorada y biotecnología.
En los próximos meses será clave conocer el texto que el Gobierno decida presentar y la estrategia para lograr el respaldo político suficiente, ya que la fecha límite para la presentación ante el Congreso está fijada antes de diciembre de 2027. Mientras tanto, las conversaciones entre Estado, industria y entidades rurales continuarán marcando el ritmo de una discusión que combina técnica, interés económico y diplomacia comercial.
