Cooperativa del Valle de Uco enfrenta deuda millonaria por una operación con Bodega Norton y una SGR
Una compleja operatoria financiera concretada en 2024 entre Cooperativa San Carlos (La Consulta, Valle de Uco), Bodega Norton y la Sociedad de Garantía Recíproca Acindar derivó en una deuda que hoy roza los $1.000 millones y puso en alerta al sector agropecuario y a las autoridades regulatorias. Según el vicepresidente de la cooperativa, Cristian Giusti, el conflicto se originó hace dos años en una venta de vino a Norton que se realizó mediante la intervención de una SGR y con un crédito otorgado por el Banco Santander.
Cómo se armó la operación
La transacción comenzó cuando Norton ofreció comprar vino de exportación de primera calidad, pero impuso como condición que la operación se instrumentara a través de una SGR y con financiamiento bancario. La cooperativa no tenía como objetivo buscar crédito para vender vino; sin embargo, accedió a la propuesta porque necesitaba liquidez para comenzar a pagar a sus socios productores. Giusti sostiene que el financiamiento formó parte de una estructura previamente diseñada entre la empresa compradora y la SGR.
Un punto central que hoy se cuestiona es la conducta de la SGR involucrada: tiempo antes había rechazado avalar un crédito de cosecha y acarreo por $26 millones, pero terminó garantizando una operación cercana a los $500 millones. Esa diferencia generó sospechas sobre la adecuación de la operación a los fines previstos para las sociedades de garantía recíproca, cuyo objeto es respaldar el acceso al crédito de PyMEs y cooperativas, no necesariamente estructurar financiamientos vinculados a grandes compañías.
Evolución de la deuda y consecuencias para la cooperativa
La deuda original atribuida a la operación aumentó por la acumulación de intereses en un contexto de tasas altas, ubicándose según la cooperativa alrededor de $875 millones. Cuando Norton no habría pagado la operación, Acindar comenzó a reclamar el pago a la entidad mendocina, lo que escaló el conflicto. Para los representantes de Cooperativa San Carlos, el reclamo debería recaer sobre Norton, que tiene la factura de cobro del vino.
La situación derivó en que la cooperativa fuera registrada con situación crediticia irregular dentro del sistema financiero, lo que les impidió acceder a financiamiento necesario para tareas esenciales como cosecha, acarreo y prefinanciación de exportaciones. Esa restricción afecta directamente a los socios productores que dependen del flujo de caja para sostener operaciones estacionales.
Alertas del sector y pedido de revisión normativa
La Sociedad Rural del Valle de Uco, la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) difundieron un comunicado expresando su preocupación y solicitando a las autoridades una revisión exhaustiva. Las entidades rurales advirtieron que, de confirmarse desvíos respecto del objeto y finalidad previstos en la Ley 24.467 —que regula las sociedades de garantía recíproca—, se pondría en riesgo la protección del entramado PyME y cooperativo que el régimen legal procura fortalecer.
En su reclamo público, los ruralistas pidieron a las autoridades nacionales y provinciales que actúen con celeridad y objetividad para determinar si las operatorias se ajustaron al marco normativo vigente. Subrayaron que el sistema de SGR es una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y productores del interior, y que su adecuada utilización es esencial para sostener la confianza en instrumentos destinados al desarrollo productivo y al fortalecimiento de las economías regionales.
Convocatoria de acreedores, cheques y documentación judicial
El episodio se enmarca además en la convocatoria de acreedores presentada por Bodega Norton en octubre de 2025, cuando se hicieron públicas millonarias deudas y conflictos familiares en la conducción de la empresa. Giusti señaló que Norton emitió cheques poco antes de presentarse en convocatoria, y que parte de esa documentación integra la causa judicial actualmente en trámite. Según su relato, luego de que Norton informara que asumiría el pago, la SGR canceló el crédito original y se armó un nuevo esquema de pago mediante cheques en el que la cooperativa volvió a intervenir como endosante.
Estos hechos generan dudas sobre la idoneidad de utilizar garantías destinadas a PyMEs para operaciones que, en la práctica, terminaron vinculadas a una gran compradora con problemas financieros propios. Para la cooperativa, una de las conclusiones centrales es que las SGR deberían destinarse a respaldar financiamientos productivos de pequeñas y medianas empresas y no para estructurar riesgos asociados a grandes compañías que pueden terminar generando daños a terceros.
Acciones legales y gestiones ante autoridades
Frente a la situación, Cooperativa San Carlos ya presentó una denuncia penal contra Bodega Norton y está preparando una denuncia contra la SGR involucrada en la operatoria. Además, realizó una presentación ante la Secretaría PyME de la Nación, organismo responsable del control y la supervisión de las sociedades de garantía recíproca, solicitando una investigación sobre el cumplimiento de la normativa aplicable y la transparencia de las transacciones.
El reclamo busca no solo resarcir a la cooperativa por el perjuicio económico, sino también preservar la previsibilidad del sistema de garantías recíprocas para que PyMEs y cooperativas no pierdan confianza en estos mecanismos de acceso al crédito. Los actores rurales insisten en que la protección de estas herramientas es clave para la continuidad productiva de miles de pequeños productores de las economías regionales.
Impacto local y preocupaciones de los productores
En La Consulta y en el Valle de Uco, región con fuerte tradición vitivinícola, la operatoria dejó a muchos productores en situación de vulnerabilidad financiera. La falta de acceso a créditos de cosecha y acarreo y la imposibilidad de prefinanciar exportaciones comprometen la logística y la continuidad de la cadena productiva. Los productores dependen de la fluidez de pagos para sostener jornales, servicios y operaciones estacionales; cualquier restricción en el acceso al crédito se traduce en riesgos inmediatos para la cosecha y la venta.
Qué se espera ahora
Las apelaciones públicas de las asociaciones rurales y la presentación ante la Secretaría PyME buscan que la investigación determine si hubo irregularidades formales o de fondo en la utilización del mecanismo de garantía recíproca. Si se constataran desvíos respecto de la finalidad de las SGR, podrían proponerse medidas correctivas, sanciones o cambios regulatorios para proteger a las PyMEs y cooperativas.
En el corto plazo, la resolución de la causa judicial contra Norton y la revisión administrativa por parte del organismo de control serán pasos clave para esclarecer responsabilidades y, en su caso, mitigar el daño económico que hoy padece la cooperativa y sus socios. Mientras tanto, la situación mantiene en vilo al sector vitivinícola de Mendoza y pone en debate la forma en que se utilizan instrumentos financieros destinados a impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas unidades productivas.
