El Gobierno argentino anunció que presentará ante el Congreso la adhesión a la UPOV-91, la versión más reciente del sistema internacional de protección de obtenciones vegetales, y programas técnicos del INASE trabajan en paralelo para negociar una reforma de la ley de semillas. Esta decisión, confirmada por Matías Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas, plantea un cambio normativo y político con impacto directo en productores, obtentores y la cadena de valor agropecuaria.
La adhesión formal a la Acta de 1991 sería presentada antes de 2027, según fuentes del área, por lo que la normativa local debe adecuarse para cumplir los requisitos del convenio internacional. El proceso de armonización legal obliga a definir temas clave como el régimen de uso propio de semillas, la fiscalización y los mecanismos de implementación que afectarán a distintos actores del sector.
Famulari explicó que el INASE está elaborando un proyecto de ley de consenso con la participación de semilleras, obtentores, entidades gremiales y organismos públicos para garantizar respaldo político y sectorial a la reforma. El objetivo declarado es lograr una “ley moderna” compatible con la legislación vigente y con los marcos regulatorios de los principales mercados, sin embargo aún restan definiciones sobre aspectos sensibles para productores.
El debate central gira en torno al régimen de uso propio de las semillas, una excepción que hoy genera las mayores diferencias entre sectores y que define hasta qué punto un agricultor puede reutilizar semillas de su cosecha. Otro punto conflictivo es la extensión y los tiempos para la implementación de la fiscalización obligatoria, que el INASE propone aplicar de manera gradual para no desacomodar a la cadena.
Agenda y gesto político
El cronograma del Gobierno incluye una nueva reunión de trabajo el próximo 14 de julio, convocada por la Secretaría de Agricultura con representantes de la industria semillera y cámaras productivas para seguir avanzando en las negociaciones técnicas. Fuentes cercanas al proceso señalaron que una eventual adhesión a la UPOV-91 requerirá ajustes puntuales en la normativa argentina, pero todavía no está definido el instrumento jurídico que formalizará esos cambios.
Argentina ya forma parte de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales bajo la Acta de 1978, pero la UPOV-91 incorpora estándares más amplios de propiedad intelectual para nuevas variedades, lo que podría incentivar inversión y desarrollo de obtentores locales. Al mismo tiempo, la actualización puede tensar la relación con productores que temen restricciones al uso tradicional de semillas y posibles aumentos en los costos de insumos.
¿Qué cambia con la UPOV-91?
La UPOV-91 amplía las facultades de protección para los obtentores y establece obligaciones específicas que los países deben incorporar en su legislación nacional para acceder al convenio. Si Argentina adhiere, su normativa interna deberá ser compatible con esos estándares para que la adhesión sea válida, un requisito que el propio tratado impone.
Entre los cambios prácticos que se discuten figuran la regulación de la venta y multiplicación de semillas, las compensaciones a obtentores y los límites al intercambio informal entre productores, aspectos que requieren mayor detalle técnico y social en las negociaciones. Por ello, el INASE insiste en diseñar mecanismos de transición que mitiguen impactos y permitan a toda la cadena adaptarse sin rupturas.
Controversias y medidas de acompañamiento
La reciente decisión de establecer la fiscalización obligatoria del cultivo de garbanzo generó críticas por la velocidad de implementación, ya que muchos actores consideraron que no hubo tiempos suficientes para adecuar la producción y los registros. Famulari reconoció públicamente que la medida pudo haberse comunicado e instrumentado de forma menos repentina y sostuvo que la intención del organismo es aplicar esquemas graduales.
Para resolver tensiones, el Gobierno propone mesas técnicas con representantes provinciales, cámaras de productores y obtentores, y referencia a experiencias internacionales para diseñar reglas claras y acompañamiento logístico. Las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán si la actualización normativa se traduce en más inversión y acceso a mercados o en mayores restricciones para agricultores familiares y medianos.
La discusión sobre la adhesión a la UPOV-91 no es solo técnica, sino política y económica, porque implicará balances entre innovación, derechos de los obtentores y las prácticas históricas de siembra y reproducción de semillas. En ese marco, la transparencia del proceso, los plazos de implementación y las medidas de compensación serán claves para evitar conflictos y garantizar una transición ordenada para la agricultura argentina.
