Fearca advierte que el proyecto de “ecocidio” puede generar incertidumbre y superposición de sanciones para el campo
La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) se sumó a las alertas previas de CRA y el Consejo Agroindustrial Argentino por el proyecto que busca incorporar el delito de ecocidio al Código Penal. La entidad pidió que el Senado analice la iniciativa con detalle para evitar efectos adversos sobre la actividad productiva.
Fearca sostuvo que su principal preocupación es el alcance de una figura penal construida sobre conceptos amplios cuya interpretación podría quedar sujeta a distintos criterios judiciales. La organización pidió normas claras, precisas y técnicamente verificables antes de avanzar con cambios penales.
Desde el sector señalaron que la agroindustria acompaña la protección ambiental y que la respuesta legislativa debe contemplar la realidad productiva. La demanda es que cualquier nuevo tipo penal no convierta en delito una conducta autorizada y regulada por el Estado.
“Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito”, dijo Diego Martínez, presidente de Fearca, y pidió definiciones técnicas que delimiten conductas punibles. Martínez recordó que mejorar prácticas y cuidar el ambiente forman parte del trabajo cotidiano del sector.
El riesgo, según Fearca, aparece cuando una actividad legalmente autorizada y sometida a controles puede quedar expuesta a una imputación penal por interpretaciones posteriores sobre su impacto ambiental. En particular, la federación remarcó que la actividad agroaérea opera bajo un amplio marco de regulaciones específicas.
La organización advirtió que no debe existir una superposición de sanciones que aplique penalidades además de las sanciones administrativas ya previstas. Esa combinación, señalaron, generaría una enorme incertidumbre para quienes actúan dentro del marco legal.
Qué actores quedarían en el radar y por qué preocupa
Fearca advirtió que la ampliación de la responsabilidad penal ambiental podría alcanzar a productores, contratistas, ingenieros agrónomos y empresas de servicios agropecuarios, entre otros actores. Ese escenario pone en juego cadenas de valor completas y la operativa cotidiana en campos y servicios.
Por ello, la federación solicita que cualquier modificación penal establezca con precisión y proporcionalidad cuándo una conducta constituye delito. También exige claridad sobre cómo se articula la responsabilidad penal con las sanciones administrativas ya existentes.
La entidad subraya que proteger el ambiente y producir alimentos no son objetivos contrapuestos, sino complementarios para la sustentabilidad del sistema. Además, recordó que la adopción de nuevas tecnologías y prácticas reduce impactos y mejora la eficiencia en el uso de recursos.
Para Fearca, la ley debe contener criterios objetivos que impidan que la definición de delito quede librada a interpretaciones posteriores. Sin esa precisión, dijeron, se pone en riesgo la previsibilidad que requieren las inversiones del sector.
Herramientas y seguridad jurídica como condiciones para invertir
La federación destacó que las empresas y profesionales que prestan servicios de aplicación agrícola cumplen requisitos técnicos, ambientales, operativos y de seguridad sujetos a controles. Estas regulaciones, sostienen, ya contemplan mecanismos de fiscalización y sanciones por incumplimientos.
Fearca advirtió que la incertidumbre normativa puede afectar las decisiones de inversión y el desarrollo de las economías regionales. La seguridad jurídica aparece así como un requisito esencial para mantener maquinaria, tecnología, infraestructura y capacitación en el sector.
En el caso de la actividad agroaérea, la incorporación de herramientas de precisión y sistemas de monitoreo permite intervenciones más eficientes y ajustadas a cada lote. Esa evolución técnica, según la federación, debe ser acompañada por leyes que reconozcan criterios técnicos y estándares verificables.
Ante el debate parlamentario, Fearca reclamó que el proyecto sea analizado con la participación de entidades productivas, centros científicos y profesionales vinculados al sector. La petición apunta a enriquecer la discusión con evidencia técnica y experiencia práctica para evitar consecuencias no deseadas.
Una propuesta para avanzar
La federación planteó que una legislación ambiental eficaz debe sancionar los daños graves y deliberados sin generar un escenario en el que actividades reguladas queden expuestas a un riesgo penal difícil de prever. La meta, dijeron, es combinar sanción a conductas nocivas con previsibilidad para los que actúan conforme a la ley.
Fearca reafirmó su compromiso con una producción sustentable, eficiente y responsable y pidió participar del diseño normativo. “Queremos una legislación seria, técnicamente fundada, que no convierta en delito aquello que el propio Estado autoriza y regula”, concluyó Martínez.
Para el sector, la protección ambiental debe ser compatible con la producción, el empleo, las inversiones y la generación de divisas, y ese equilibrio requiere normas claras. La discusión que se abre en el Senado será clave para definir si la respuesta penal se construye sobre criterios técnicos o deja a la interpretación judicial una definición con efectos económicos y sociales.
