La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que el plazo de vigencia del régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y determinados planes y beneficios sociales venció el 1° de septiembre.
El gremio sostiene que la falta de prórroga pone en riesgo a 120.000 trabajadores rurales y las familias que dependen de esa combinación entre protección social y empleo estacional.
Qué implicaba el régimen y por qué importa
El mecanismo, establecido por el decreto 514/2021, permitía compatibilizar el acceso a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder cobertura social automática.
Según UATRE, esa flexibilidad facilitó la formalización laboral en temporadas y evitó que la búsqueda de ingresos temporales implicara la pérdida de redes de contención para grupos familiares enteros.
El sindicato recordó que su secretario general, José Voytenco, envió el 18 de agosto una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidiendo la prórroga urgente del régimen.
La organización denuncia que hasta ahora el Gobierno nacional no respondió ni dispuso su extensión, lo que, a su entender, equivale a una negligencia frente al impacto sobre el sector rural.
Riesgos para la cadena productiva y las economías regionales
UATRE advierte que la discontinuidad del régimen puede desalentar la formalización y aumentar la informalidad en zonas agrícolas donde el trabajo estacional es predominante.
El gremio sostiene que esa dinámica afecta no solo a los trabajadores, sino también a los empleadores, a la operatividad de las campañas y a la estabilidad de las economías regionales.
En su comunicado, la entidad afirmó que la medida, de mantenerse sin respuesta, altera la previsibilidad necesaria para planificar temporadas y contratar mano de obra registrada.
Desde la perspectiva de UATRE, las políticas sociales deben ser una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y no convertirse en un obstáculo para acceder al trabajo registrado.
Qué puede pasar y qué piden los sindicatos
El sindicato reclama una solución inmediata que garantice la continuidad del instrumento como política laboral y productiva, y advierte sobre posibles consecuencias sociales.
Si no hay extensión, la pérdida de compatibilidad podría traducirse en menor oferta de trabajo registrado en campañas y mayor presión sobre redes de asistencia local.
El Gobierno aún no comunicó una postura pública sobre la prórroga, por lo que el caso queda ahora sujeto a negociaciones y decisiones administrativas.
Para el sector agroindustrial y las comunidades rurales, la expectativa es que se restituya la previsibilidad que, según UATRE, fue clave para sostener campañas y empleo en los últimos años.
