El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), encabezado por Gustavo Idígoras, envió una carta al Senado alertando sobre los “graves riesgos” que, a su juicio, contiene el dictamen que incorpora la figura penal del “ecocidio” al Código Penal. La nota llega tras un comunicado similar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y mientras el proyecto se encamina a ser tratado esta semana en el recinto.
La advertencia del sector agroindustrial apunta a las consecuencias jurídicas y productivas que podría generar la aprobación en los términos actuales, según el texto. El CAA solicita expresamente que no se avance con la sesión ordinaria hasta contar con análisis técnicos y modificaciones puntuales.
Qué plantea el dictamen y por qué alarma al sector
El dictamen, que inicialmente contó con 16 firmas, tipifica el ecocidio como delito al violarse “cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones”. Los productores cuestionan que esa redacción diluye las leyes de presupuestos mínimos y convierte infracciones administrativas menores en delitos federales.
Entre las sanciones previstas figuran penas de 3 a 10 años para delitos básicos y agravaciones que alcanzan 5 a 15 años cuando el daño es “irreversible”. El CAA advierte que la incorporación de definiciones técnicas directamente en el artículo penal agrava la vaguedad normativa y dificulta la seguridad jurídica.
Otro eje de la crítica es la eliminación del incentivo a la remediación, ya que el dictamen define el daño irreversible “independientemente de las medidas de mitigación o remediación humanas”. Esa formulación podría desincentivar inversiones en recomposición del ambiente pese a esfuerzos técnicos y económicos posteriores al incidente.
Además, el proyecto incluye la figura del “ecocidio culposo”, lo que habilita la persecución penal por imprudencia o negligencia en actividades productivas. El CAA alerta que esto podría exponer a directivos y técnicos a penas de prisión por fallas operativas o eventos climáticos extremos no previstos.
Riesgo económico y cargas patrimoniales con efecto disuasorio
El dictamen faculta a jueces a imponer suspensiones de actividades, inhabilitaciones y multas calculadas incluso sobre el capital social de la empresa. La propuesta prevé multas automáticas entre 10 % y 20 % del capital suscripto cuando no pueda determinarse el beneficio indebido, lo que el sector califica de confiscatorio.
Según el CAA, esa potestad preventiva y cautelar podría provocar la quiebra técnica de PYMES y empresas antes de una sentencia definitiva. La advertencia subraya el impacto macroeconómico potencial sobre cadenas productivas esenciales para la exportación y el empleo rural.
El dictamen también extiende la responsabilidad penal en el tiempo al aplicar agravantes “aun cuando el fallecimiento ocurra con posterioridad al cese de la actividad contaminante”. Esa cláusula genera, según el CAA, una contingencia indefinida para responsables técnicos y directivos. La posibilidad de imputaciones años después complica la planificación de inversiones y la evaluación de riesgos empresariales.
Confusión técnica: impacto ambiental versus daño ambiental
Los agroindustriales señalan que el proyecto no distingue claramente entre impacto ambiental autorizado y daño ambiental antijurídico, ni fija umbrales cuantitativos objetivos. Esa ausencia de estándares permitiría que actividades hoy reguladas y autorizadas queden sujetas a criterios penales discrecionales.
El CAA reclama la articulación de la figura penal con deberes vigentes de prevención, mitigación y reparación, así como la remisión a protocolos técnicos. Sin esos parámetros, el juez penal quedaría en posición de completar el tipo en cada caso, lo que aumenta el riesgo de decisiones disímiles en distintas jurisdicciones.
El documento del Consejo también advierte sobre el uso estratégico del concepto “ecocidio” por parte de agrupaciones activistas. El CAA menciona casos recientes en los que plataformas civiles han etiquetado actividades reguladas como “ecocidios”, lo que podría traducirse ahora en denuncias penales con efectos precautorios reales.
Reacciones del campo y próximos pasos políticos
En la Expo Rural de Colón, el vicepresidente de CRA, José Colombatto, reiteró que “no necesitamos leyes que pongan bajo sospecha al que produce” y pidió reglas claras y diálogo con quienes trabajan en el territorio. La posición oficial del campo destaca que proteger el ambiente es un objetivo compartido, pero reclama precisión normativa para no afectar la libertad de producir e invertir.
El CAA ofreció a los senadores informes técnicos ampliatorios sobre el impacto constitucional, productivo y macroeconómico de la iniciativa. Mientras tanto, el debate en el Senado definirá si el proyecto se modifica, se posterga o avanza tal como está, con consecuencias directas para la industria agropecuaria.
