La pelea por el biodiésel que frena la ley de biocombustibles y pone en tensión al interior productivo
La renovación de la ley de biocombustibles quedó trabada en el Congreso por una disputa interna sobre el biodiésel que contrapone a las pymes regionales con las grandes agroexportadoras del Gran Rosario. Esta discusión determina si las empresas concentradas podrán vender al mercado interno y condiciona el futuro de una industria estratégica para el abastecimiento del corte de gasoil.
Qué está en juego
El proyecto oficial del oficialismo, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, buscaba avanzar con dictamen pero fue postergado ante la tensión entre los sectores del biodiésel. Mientras tanto, el capítulo del bioetanol está prácticamente acordado y no genera la misma controversia, lo que deja al biodiésel como el principal escollo parlamentario.
La decisión no es menor: intervenir el mercado del biodiésel puede modificar desde precios y fuentes de trabajo hasta la localización geográfica de la producción y la logística portuaria. Además, detrás del debate hay un reclamo por previsibilidad jurídica que condiciona inversiones a largo plazo en plantas de menor escala.
Posturas encontradas: CIARA y CARBIO frente a las pymes
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) apoyan el proyecto oficial y sostienen que permitir la participación de las grandes procesadoras promoverá un mercado más transparente y competitivo. Estas entidades argumentan que Argentina es un actor global en aceite de soja y que la capacidad industrial en biodiésel está subutilizada por la restricción al mercado interno.
CIARA y CARBIO remarcaron también que países competidores aplican cortes superiores, que parten del 15 %, cuando en Argentina el corte actual es de apenas 7,5 %, lo que supone una desventaja para la demanda interna. Por eso piden a los senadores que alcancen un dictamen que permita avanzar con la media sanción del proyecto.
La resistencia de las pymes regionales
Las pymes nucleadas en la CEPREB sostienen que la modificación favorecería la concentración en torno al Gran Rosario y pondría en riesgo plantas instaladas en La Pampa, San Luis, Entre Ríos y otras provincias. El comunicado de la entidad calificó la propuesta como una medida que beneficiaría a los grandes jugadores y podría “destruir la industria federal de biodiésel”.
En su crítica, las pymes usaron una metáfora futbolística para ilustrar el desequilibrio: pidieron no “sacar a Messi del banco para que juegue todos los partidos del torneo nacional”, en alusión a la ventaja competitiva que tendrían las integradas con acceso directo a molienda y puertos. CEPREB pide que la legislación reconozca la regionalidad y las diferencias estructurales entre productores.
La discusión técnica: integración vs. segmentación real
El eje técnico del conflicto pasa por la clasificación entre empresas “integradas” y “no integradas”, que desde las pymes se define como una falsa segmentación que no refleja las verdaderas ventajas competitivas. Para CEPREB, la variable relevante no es la integración industrial sino la localización, ya que la cercanía a la molienda y a los puertos modifica costos logísticos y acceso a materia prima.
La entidad advierte que, si la ley incentiva no integrarse para mantener protección, se generan incentivos contrarios a la inversión y al agregado de valor en el interior. Además, recuerdan que la vigente Ley 27.640 establece un marco hasta el año 2030, por lo que las modificaciones requieren equilibrar competencia y seguridad jurídica para no desalentar nuevas inversiones.
Impacto en la agricultura, el empleo y la logística
El biodiésel no es un producto menor para el sector agropecuario: el diésel es un insumo crítico para la siembra, la cosecha y la logística de granos, por lo que cualquier cambio en el abastecimiento y precio repercute en costos de producción. Si el mercado se concentra en torno al Gran Rosario, las provincias productoras corren el riesgo de perder valor agregado local y fuentes de empleo.
Por otro lado, abrir el mercado a grandes operadores promete mayor escala, posibles reducciones de precio y mayor oferta de biocombustible para cumplir metas ambientales y comerciales. El dilema es cómo combinar eficiencia y competencia con políticas que preserven la equidad territorial y la continuidad de inversiones ya realizadas.
Qué sigue en el Congreso
El dictamen esperaba salir en una sesión plenaria que fue postergada por maniobras políticas y por la falta de consenso sobre el biodiésel, por lo que el calendario legislativo sigue abierto y con posibilidad de nuevos cuarto intermedios. Las cámaras empresarias que apoyan el proyecto insistieron en la necesidad de que los senadores provinciales encuentren consensos para llevar el tema a tratamiento.
La resolución del conflicto tendrá impacto directo en la estructura productiva, la competitividad exportadora y la seguridad jurídica para inversiones en biocombustibles. Si el Congreso busca una salida sostenible, tendrá que equilibrar competencia, inversión y protección regional para evitar que la ley beneficie a unos en detrimento de otros.
