Un referente de la industria de alimentación animal de Brasil advirtió que las medidas económicas implementadas por Javier Milei son “muy duras” y tienen un impacto social que se siente, sobre todo, en los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, el dirigente destacó que esas mismas políticas pueden atraer inversiones extranjeras al generar, según él, mayor credibilidad para los capitales foráneos.
Ariovaldo Zani, CEO del Sindicato Nacional de la Industria de Alimentación Animal (Sindirações), hizo estas declaraciones durante el Congreso de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), donde presentó la visión de una industria que reclama un rol más activo del sector privado. Zani defendió un Estado más acotado y dijo que esa menor presencia estatal permitiría destinar más recursos a salud, seguridad y políticas sociales.
El contraste entre efectos sociales y económicos de las reformas es central para entender por qué sus opiniones generan debate en la región agroindustrial. Para Zani, las medidas pueden ser un camino de ajuste que beneficie a generaciones futuras, aunque admitió que el estilo del presidente argentino puede ser “exagerado”.
La opinión del dirigente brasileño importa porque Brasil y Argentina compiten y cooperan en cadenas de valor similares, especialmente en proteínas animales donde ambos países son exportadores clave. La industria de alimentación animal es un eslabón estratégico que transmite cambios de política macroeconómica hacia la producción de carne, leche y huevos.
En términos de magnitud, Zani detalló cifras que muestran la escala productiva del sector brasileño y su relevancia logística y comercial regional. Según sus datos, en 2025 Brasil produjo cerca de 94 millones de toneladas de alimentos para animales y se proyecta un volumen cercano a 97 millones de toneladas para 2026.
El sector también moviliza volúmenes financieros considerables para la compra de insumos: durante el último año destinó aproximadamente 170.000 millones de reales, una suma que Zani estimó entre US$30.000 millones y US$40.000 millones. Ese flujo explica por qué cualquier cambio en costos, tipo de cambio o aranceles repercute en las cadenas productivas y en los consumidores.
El desglose por especies muestra dónde se concentra la demanda de raciones y subraya la dependencia del negocio de la avicultura y la porcinocultura. En 2025 la fabricación alcanzó alrededor de 37,85 millones de toneladas para pollos de engorde y 7,43 millones de toneladas para gallinas ponedoras, mientras que la porcinocultura consumió unas 22,5 millones de toneladas.
Las cifras completas incluyen también a bovinos de carne con 7,76 millones de toneladas, bovinos de leche con 7,66 millones de toneladas, mercado de mascotas con 4,04 millones de toneladas y acuicultura con cerca de 1,9 millones de toneladas. Ese mapa productivo explica por qué la reforma tributaria y las variaciones en financiamiento son temas de máxima prioridad para empresas y productores.
Reforma tributaria en Brasil: qué cambia y qué implicaciones tiene
Zani describió la reforma aprobada como el fin de décadas de superposición de tributos nacionales, estatales y municipales y la transición a un sistema de imposición sobre el consumo con contribución federal y un impuesto compartido entre estados y municipios. La transición comenzó en 2026, tendrá una etapa importante a partir de 2027 y su implementación se extenderá hasta 2033, lo que obliga a empresas y administraciones a adaptar sistemas de facturación y pago.
El dirigente señaló que después de 40 años de debates se aprobó un nuevo régimen que busca reducir la complejidad burocrática y generar mayor neutralidad tributaria entre sectores. En la práctica, algunos sectores pagarán menos impuestos y otros más, por lo que la expectativa es que el cambio redistribuya cargas y mejore la competitividad en el largo plazo.
El financiamiento rural fue otro eje fuerte del discurso de Zani: describió una situación de creciente preocupación por la deuda del agro y el encarecimiento del crédito. En su diagnóstico, los productores que accedieron a financiamiento hace algunos años a tasas del 2 % ahora enfrentan créditos con tasas del 14 %, lo que eleva el riesgo de impago y la necesidad de soluciones de reestructuración.
Ante ese escenario, el dirigente contó que existen conversaciones entre el sector y el Gobierno para explorar alternativas de refinanciamiento o renegociación de deudas que eviten una ola de quiebras rurales. Zani advirtió que, sin esas medidas, “no van a poder pagar”, y subrayó la urgencia de acuerdos que alivien la presión financiera sobre los productores.
El dirigente ejemplificó además la carga administrativa que genera el sistema tributario anterior: mientras una empresa similar en Estados Unidos podría tener un departamento de impuestos de 10 personas, en Brasil la cifra puede trepar a 300. Esa diferencia explica por qué la reforma apunta a simplificar procesos y reducir costos operativos para las compañías.
En su cierre, Zani reclamó políticas de Estado que trasciendan mandatos y permitan planificación a mediano y largo plazo en el agro y la industria vinculada. Para él, tanto Brasil como Argentina requieren un direccionamiento estratégico que ofrezca previsibilidad a productores, inversores y trabajadores del sector.
La lectura regional de estas declaraciones es clara: la combinación entre cambios regulatorios, presión financiera sobre los productores y la potencial llegada de capitales extranjeros redefine el mapa competitivo del agro en Sudamérica. El desafío para gobiernos y empresas será equilibrar la atracción de inversiones con medidas que protejan la producción y el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
