El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió a los productores y al aplicador imputados por las fumigaciones en Pergamino y condenó a dos exfuncionarios municipales por faltas en el control, en un fallo que redefine criterios sobre la responsabilidad penal en conflictos ambientales. Esta sentencia, tras **8 años** de proceso, marca un precedente sobre cómo el derecho penal valora la prueba en casos de contaminación y pone el foco en la fiscalización estatal.
Los magistrados dejaron claro que la absolución no equivale a negar daños sanitarios o ambientales, y afirmaron que está probado que la exposición a productos agroquímicos afectó a vecinos como **Sabrina Ortiz** y su familia. Sin embargo, señalaron que para dictar condenas penales era imprescindible probar el **nexo causal** entre cada imputado y las aplicaciones denunciadas, prueba que en su criterio no se aportó.
Fueron absueltos los productores Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Grattone y los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, junto con el ingeniero aplicador Cristian Taboada, tras considerar insuficiente la evidencia individual que los vinculara con las aplicaciones impugnadas. En cambio, Mario Daniel Tocalini y Guillermo Nicolás Naranjo, exdirectores de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, fueron condenados a **2 años** de prisión en ejecución condicional e inhabilitación especial por **4 años** para ejercer cargos públicos, además de tareas comunitarias vinculadas con la salud o la protección ambiental.
El Tribunal criticó con dureza el planteo fiscal, al señalar que el alegato estuvo “plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”. Los jueces destacaron que no alcanzaba con demostrar la existencia de residuos de fitosanitarios o aplicaciones, sino que era imprescindible individualizar quién realizó cada intervención y cómo esto produjo la contaminación denunciada.
La sentencia también subrayó la importancia de la normativa local y la fiscalización: antes de la ordenanza municipal de 2014 prácticamente no había regulación específica sobre fumigaciones, y luego de esa norma se implementaron controles que, junto con medidas cautelares federales, contribuyeron a reducir los padecimientos denunciados por vecinos. En ese marco, el fallo recuerda que “en la medida en que se respete la zona de exclusión, la actividad de fumigar en los campos con productos habilitados no está prohibida”, y por eso correspondía a la acusación demostrar que las aplicaciones se realizaron fuera de las áreas permitidas.
Qué dijo el tribunal y qué cambia para Pergamino
Uno de los pasajes más relevantes es que el Tribunal no negó la existencia de daños, pero sí exigió el estándar probatorio propio del derecho penal para atribuir responsabilidades individuales. Esa distinción deja un mensaje hacia los organismos de control: la ausencia o deficiencia de fiscalización puede trasladar la responsabilidad penal a quienes debían supervisar, tal como ocurrió en este caso.
La ordenanza **8126/14** regula las aplicaciones en todo el partido de Pergamino y, según productores, dejó **aproximadamente entre 800 y 1.200 hectáreas** dentro de la zona de exclusión total y **entre 10.800 y 12.000 hectáreas** bajo régimen de amortiguamiento, superficies que quedaron fuera de la producción granaria con un impacto económico relevante para el distrito. El tribunal señaló que esos límites y mecanismos de control existían y que la prueba debía demostrar violaciones concretas a ese marco normativo.
El fallo dispuso además remitir copia al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue el accionar del entonces intendente y de otros funcionarios que pudieron intervenir en el período analizado. Los jueces sostuvieron que durante años hubo un “control aparente” y recordaron que ambos funcionarios contaban con la capacitación técnica necesaria para ejercer sus cargos, por lo que su falta de intervención resultó central en la responsabilidad penal trazada.
Los magistrados mantuvieron vigentes las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Federal de San Nicolás hasta que la sentencia quede firme, por lo que las restricciones actuales continuarán aplicándose mientras la causa pueda ser revisada por instancias superiores. Esa decisión asegura continuidad en las protecciones a los vecinos aunque el proceso de apelaciones avance.
Implicancias para la agroindustria y el control estatal
El fallo puede impactar en la forma en que futuras causas ambientales aborden la prueba técnica y la trazabilidad de las aplicaciones, obligando a fiscalías y querellantes a fortalecer peritajes, registros y cadenas de custodia. Para el sector agroindustrial esto implica una mayor demanda de transparencia en los protocolos de aplicación y del uso de tecnología como registros GPS, bitácoras digitales y monitoreo de deriva.
La sentencia también pone en evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de control municipal y provincial, dotando a los organismos de herramientas técnicas y legales para supervisar eficazmente las aplicaciones agrícolas. Políticas públicas, regulación clara y recursos para fiscalización aparecen como complementos imprescindibles porque, según los jueces, el derecho penal no puede sustituir la acción de otros poderes del Estado.
Para los vecinos que sufrieron los episodios denunciados, la resolución representa una reafirmación del problema de salud ambiental pero también una llamada de atención sobre las limitaciones del proceso penal para dar respuestas integrales. En ese sentido, el conflicto de Pergamino seguirá siendo un caso testigo: combina demandas sanitarias, tensión por el uso del suelo y la necesidad de controles técnicos efectivos.
Los pasos siguientes serán la posible apelación del fallo y la investigación que se inició sobre otros funcionarios municipales, además del seguimiento de las medidas cautelares por parte del fuero federal. En términos prácticos, productores, municipios y organizaciones civiles deberán observar de cerca cómo los tribunales superiores interpretan el estándar probatorio en casos ambientales y qué cambios introduce esto en la gestión local de fumigaciones.
