Gobierno derogó la norma que restringía patentes biotecnológicas y el sector celebró el cambio
El Gobierno publicó la **resolución 197 del INPI** que deja sin efecto la **resolución 283/2015**, una norma que, según el organismo y el sector privado, incorporaba criterios que limitaban la patentabilidad de ciertos desarrollos biotecnológicos. La decisión generó un rápido respaldo de la industria semillera y cámaras empresarias que la interpretan como una vuelta a estándares internacionales.
La derogación fue celebrada por la **Asociación de Semilleros Argentinos (ASA)**, que durante casi **11 años** impulsó el cambio por considerar que la normativa anterior era “restrictiva sin sentido técnico”. La entidad afirma que la medida mejorará la protección de los eventos biotecnológicos y creará mejores condiciones para inversión en investigación y desarrollo.
Qué corregía la 283/2015 y qué introduce la nueva resolución
La norma eliminada había incluido requisitos adicionales para evaluar solicitudes relacionadas con materia viva, lo que, según el **INPI**, generaba interpretaciones más restrictivas que no provenían de la ley de patentes. Con la resolución 197 se busca alinear los criterios de patentabilidad con la legislación vigente y con prácticas internacionales, dijo el ministerio responsable.
Las autoridades y representantes del sector aclararon que la derogación no modifica la prohibición de patentar **plantas o variedades vegetales**, que continúa vigente en la normativa nacional. En cambio, lo que se busca es facilitar la protección de desarrollos biotecnológicos —no equivalentes a patentes de variedades— y recuperar previsibilidad jurídica para el sector.
Respaldo de AmCham y el argumento económico del sector
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) respaldó la medida y sostuvo que contribuye a “normalizar el marco regulatorio argentino” y fortalece condiciones para la innovación y el desarrollo tecnológico. La entidad remarcó que las cadenas agroindustriales en 2025 generaron exportaciones por **US$ 52.000 millones** y superaron las **115 millones de toneladas**, cifras que justifican políticas que favorezcan la inversión en tecnología.
Desde ASA y otras cámaras se insiste en que una mayor protección de la **propiedad intelectual** incentiva inversiones en mejoramiento genético, biotecnología e investigación aplicada al agro. El argumento central es que reglas claras aumentan la llegada de herramientas tecnológicas, la competitividad y la sustentabilidad productiva.
Impacto sobre inversiones, investigación y la cadena agroindustrial
La expectativa del sector privado es que la medida reactive inversiones de empresas y centros de investigación interesados en desarrollar y transferir tecnologías al campo argentino. Sin embargo, expertos advierten que el efecto real dependerá de cómo se implementen las normas, la seguridad jurídica y los esquemas de licenciamiento que aseguren acceso a los productores.
La discusión tiene especial relevancia en cultivos autógamos como la soja, donde la protección de desarrollos genéticos y biotecnológicos influye directamente en modelos comerciales y de negocio. Una definición de criterios de patentabilidad más previsible puede acelerar lanzamientos tecnológicos, pero también trae consigo debates sobre competencia, precios y derechos de usuarios rurales.
Qué sigue: legislación, UPOV 91 y desafíos regulatorios
El Gobierno y las entidades privadas señalan que la medida es un paso para alinear normas con estándares internacionales, incluyendo la referencia a la adhesión a **UPOV 91** como herramienta para consolidar un marco de protección varietal. La concreción de esa agenda requerirá debates públicos, normativas complementarias y mecanismos de control que equilibren innovación y acceso.
Organizaciones de la sociedad civil y actores de la cadena productiva estarán atentos a la implementación práctica de la resolución y a eventuales cambios legales que definan alcance y límites de las patentes biotecnológicas. La clave será que las reglas nuevas aumenten inversión y desarrollo sin afectar la competitividad y el acceso de los productores a tecnologías esenciales.
En síntesis, la derogación de la **resolución 283/2015** marca un giro regulatorio que busca recuperar previsibilidad para la **patentabilidad de desarrollos biotecnológicos**, con el objetivo declarado de potenciar la inversión en innovación agropecuaria. El desafío será traducir ese cambio en mayor investigación aplicada y tecnologías accesibles para mejorar productividad y sostenibilidad del sector.
