Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, la carga impositiva sobre los alimentos básicos se mantuvo inalterada. Pan, leche y carne siguen tributando alrededor del 25% de su precio final, según reveló un nuevo estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). En un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, esta cifra vuelve a encender el debate sobre el rol del Estado en la formación de precios de la canasta básica.

El trabajo, presentado esta semana, detalla que el consumidor paga, en promedio, un cuarto del valor de estos productos en impuestos. Además, más del 70% de esa presión fiscal proviene de tributos nacionales como el IVA, Ingresos Brutos y contribuciones que se aplican a lo largo de la cadena.

En el caso del pan, el análisis muestra que el precio final se multiplica por 12 desde el trigo hasta la panadería. De cada $1.000 que se abonan por un kilo de pan, $240 son impuestos. El resto se divide entre costos de producción, industrialización, transporte, comercialización y márgenes de ganancia.

Para la leche fluida, la carga impositiva representa un 26%, mientras que los costos explican un 67% y el margen empresario apenas un 7%. En promedio, el valor de la leche se multiplica por 3,5 desde el tambo hasta la góndola, una diferencia que también pone de relieve los cuellos de botella en la cadena logística y comercial.

Con la carne vacuna sucede algo similar. Un kilo que en la góndola cuesta $5.000 tiene $1.250 de carga tributaria. “Eso significa que de cada kilo que se compra, 250 gramos equivalen a impuestos”, indicó FADA. En esa cadena, los impuestos pesan más que las ganancias, lo cual genera un fuerte impacto sobre la competitividad.

Sin alivio impositivo: “hay más impuestos que ganancias”

“La presión impositiva sobre los alimentos básicos no bajó desde el inicio de esta gestión. Se mantiene en niveles elevados y afecta tanto al consumidor como al productor”, señaló a La Nación David Miazzo, economista jefe de FADA. Según explicó, la participación del Estado en la formación de precios supera en muchos casos a la utilidad de los actores privados.

La mayor parte de la carga tributaria proviene de tributos nacionales: el 70% del total recae en impuestos como el IVA, el impuesto al cheque, aportes patronales y derechos de exportación, en el caso de los productos primarios. Un 26% corresponde a impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, y apenas un 4% es atribuible a tasas municipales.

Esta estructura tributaria revela un problema estructural que se arrastra desde hace años y que ningún gobierno ha corregido. “Hay más impuestos que ganancias en la cadena de valor de los alimentos”, advirtió Miazzo. Por cada $100 de leche, pan o carne, el Estado recauda más que cualquier otro actor de la cadena productiva.

Como parte de una política de transparencia, el gobierno implementó en marzo una resolución que obliga a los comercios a discriminar el precio con y sin impuestos en góndolas y tickets. Aunque la medida busca informar al consumidor, no reduce la carga tributaria.

En paralelo, crece la presión desde los sectores productivos para revisar la estructura impositiva. Las entidades rurales y las cámaras del agro señalan que la elevada carga fiscal desincentiva la inversión y encarece artificialmente los alimentos. Hasta el momento, el Ministerio de Economía no dio señales de avanzar con una reforma que alivie el peso de los impuestos.

El informe de FADA aporta evidencia concreta al debate sobre la inflación alimentaria. En un escenario donde las paritarias no logran alcanzar la suba de precios y la pobreza roza el 45%, resulta llamativo que el Estado mantenga su participación fiscal intacta sobre los productos esenciales.