El Reglamento 1115 de la Unión Europea, que entrará en vigor en 2027, obliga a que productos como la soja y la carne bovina que se exporten allí provengan de campos “libres de deforestación” y cumplan las normativas laborales vigentes.
Ese requisito activó un debate en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires donde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y VISEC pusieron en el centro la condición del trabajo rural registrado como llave para mantener y ampliar mercados internacionales.
MARTÍN REDRADO Y EL EMPLEO EN EL CAMPO
El economista Martín Redrado presentó la propuesta de su Fundación Capital orientada a promover la ampliación del empleo formal y de calidad a lo largo de toda la cadena de valor, con el argumento de que eso hace al campo más competitivo.
En la reunión se presentó la Constancia de Legalidad como una herramienta para que los productores demuestren el cumplimiento laboral exigido por la EUDR, más allá de la trazabilidad ambiental.
Desde la fundación se plantea la pregunta central de cómo generar más y mejores mercados de exportación mientras el Estado argentino equilibra la macroeconomía y evalúa la reducción de retenciones.
Redrado subrayó que la formalización laboral es necesaria incluso cuando la competitividad del agro ya es elevada, y advirtió que la producción tarda en trasladar sus efectos sobre el ingreso de las familias rurales.
La propuesta incorpora el “vértice de trabajo” porque, según el expositor, la producción puede demorar hasta dos años en generar el efecto ingreso esperado para los hogares del sector.
El énfasis estuvo puesto en que formalizar al trabajador es una condición para sostener políticas tributarias que favorezcan al sector en el mediano plazo.
En términos agregados, la Fundación Capital remarcó aportes concretos de la agroindustria: 32 cadenas de valor1,5 millones de puestos de trabajo y representan cerca del 65 % de participación en las exportaciones.
Sin embargo, el diagnóstico expuso que existe un “campo que exporta” y un “campo que trabaja” con brechas en formalidad, salarios y condiciones estructurales que afectan a los trabajadores.
Las regiones del NOA y el NEA mostraron los niveles más preocupantes de informalidad laboral, mientras que la región pampeana aparece apenas por debajo del promedio nacional.
Para respaldar las conclusiones se compararon metodologías y estudios: elasticidades del FMI, el modelo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Plan del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y análisis teóricos como el de Alberto Porto.
UN MODELO BILATERAL AGOTADO
Redrado describió un esquema de suma cero que enfrenta a productores que piden rentabilidad y baja de DEX con un Estado que condiciona la concesión tributaria a la formalización del empleo.
Según la fundación, las políticas públicas vigentes no permitieron a Argentina mantener el ritmo de crecimiento de sus pares regionales, y eso se refleja en una caída relativa frente a competidores como Brasil, Uruguay y Paraguay.
El informe advierte que la rebaja de retenciones por sí sola no genera formalización ni mejora automática de la calidad del empleo, y que nadie estaba diseñando incentivos claros para contratar trabajadores registrados.
El hilo conductor del diagnóstico es que a menor instrucción y mayor informalidad corresponde mayor desprotección laboral, lo que obliga a incorporar capacitación y tecnología como parte de la solución.
El Consejo Agroindustrial Argentino estimó una creación potencial de 878.381 puestos adicionales, un 40 % en diez años, pero esa cifra no distingue entre empleos formales e informales y por lo tanto exige cautela interpretativa.
¿SE PUEDE RESOLVER LA INFORMALIDAD BAJANDO RETENCIONES?
Uno de los puntos centrales de Redrado fue tajante: la reducción de retenciones no impacta automáticamente en la formalización laboral ni en la calidad del empleo generado.
El análisis del economista Alberto Porto reconoce que la eliminación de retenciones mejora la rentabilidad y puede beneficiar financieramente a las provincias encargadas de los servicios sociales, aunque sin cuantificar claramente el efecto sobre la formalidad.
Redrado ilustró que llevar a cero los principales derechos de exportación implicaría una pérdida estimada de 0,7 % del producto, pero compensaría con mayores ingresos por IVA y ganancias y con mayor actividad económica coparticipable.
La conclusión práctica fue que la formalización laboral debe ser la pieza que permita financiar y legitimar una baja sostenible de retenciones, porque solo así esa política será viable en el tiempo.
Las recomendaciones del encuentro apuntan a diseñar un paquete integral que combine la Constancia de Legalidad, incentivos provinciales, capacitación tecnológica y reducción selectiva de tributos para la cadena agroalimentaria.
Si el país quiere mantener acceso a mercados como la Unión Europea bajo la EUDR, deberá alinear reglas comerciales, derechos laborales y estrategias fiscales antes de 2027.
