El conflicto conocido como la “La guerra del vino” escaló al fuero federal y volvió a poner en tensión a la industria vitivinícola argentina. La denuncia por presunto lavado de activos y balances falsos reaviva una disputa que empezó por una sociedad para exportar vinos y mostos a Europa.
La disputa entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) e Iberte, del Aisa Group del empresario español Juan José Retamero, suma ahora un nuevo capítulo judicial. El expediente identificado como CFP 5435/2025 fue iniciado por una presentación de Luciana Govoni en representación de Fecovita.
La denuncia que llegó al fuero federal
La Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Ramiro González, consideró que existían elementos suficientes para abrir una investigación sobre operaciones comerciales y movimientos financieros vinculados al conflicto. La causa fue radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, aunque por ahora no hay imputaciones formales a las personas señaladas.
La denuncia apunta directamente contra Juan José Retamero Gómez y Guillermo Daniel García, pero la pesquisa se encuentra en una etapa de producción y análisis de pruebas. La Fiscalía advirtió expresamente que no corresponde imputar hasta que surjan elementos que permitan identificar responsables de una maniobra delictiva.
Qué se investiga
Fecovita denunció a Retamero y García por presunto lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, y por la supuesta utilización de balances falsos. La hipótesis planteada por la Federación señala movimientos entre sociedades del grupo, aumentos y modificaciones de capital, transferencias desde el exterior y deudas intragrupo como posibles mecanismos para justificar ingresos y redistribuir fondos.
Entre las operaciones bajo análisis figuran transferencias por más de $ 1.027 millones acreditadas en una cuenta de Exportadora Vitivinícola SA en Banco Galicia durante 2022 y ingresos por $ 198,6 millones en una cuenta de la misma empresa en Banco Macro. También se investigan créditos y débitos por cientos de millones en Banco Coinag, operaciones con cheques de terceros y rescates de fondos comunes en Banco Supervielle.
La defensa de Aisa Group
Desde Aisa Group rechazaron la denuncia y remarcaron que, hasta el momento, “no existe ninguna persona imputada” en la causa. La empresa sostuvo que Fecovita cuestiona fondos que, según su versión, había considerado legítimos cuando ingresaron al negocio y que las operaciones se realizaron dentro del sistema financiero formal.
La compañía agregó que en actas internas de Fecovita la operatoria fue calificada como “lícita, ética y moral en todos sus aspectos” y que el uso de mecanismos como el Contado con Liquidación no transforma por sí mismo el origen del dinero en ilícito. Aisa Group recordó además su inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y adelantó que evaluará acciones por daños y perjuicios por eventuales perjuicios reputacionales.
Medidas judiciales y fuentes financieras
Antes de impulsar la acción penal, la Fiscalía solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre antecedentes y reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Retamero, García y varias sociedades, entre ellas Exportadora Vitivinícola SA (Evisa), Inver SA, Minas Argentinas SA, Cabo Vírgenes SA, Isber LLC y Eris LLC. El 24 de agosto, el juez federal Daniel Rafecas autorizó el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil respecto de esas personas y empresas para profundizar la investigación.
La Fiscalía también requirió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre operaciones de comercio exterior de Evisa y eventuales inspecciones sobre la compañía. La medida permite reconstruir transferencias, depósitos, extracciones y operaciones con cheques, pero no implica una determinación de responsabilidad; su objetivo es ampliar el acceso a documentación relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Contexto y posibles efectos en la vitivinicultura
El conflicto tiene su origen en 2022, cuando se rompió un contrato de consignación de vino y mosto en Europa y se desató una secuencia de causas cruzadas, pedidos de quiebra y denuncias por balances fraudulentos. El fiscal González advirtió que existe un ida y vuelta entre denunciantes y denunciados que, en distintas etapas, intentaron trasladar al terreno penal diferencias originadas en una relación comercial y contractual.
Más allá de las diferencias entre empresas, están en juego cooperativas, productores y empleos vinculados a la cadena vitivinícola, así como la confianza en los mecanismos de trazabilidad y cumplimiento financiero. La resolución de la investigación, que abarca operaciones entre 2021, 2022 y 2023, será clave para dirimir responsabilidades y para fijar precedentes sobre cómo se investigan disputas comerciales en el sector agroexportador.
La causa federal suma un capítulo a un tablero judicial complejo y aún en desarrollo, donde priman las pruebas documentales y la reconstrucción de movimientos financieros. Para el sector, la expectativa está puesta en la transparencia de la investigación y en que la Justicia determine con claridad si existieron maniobras ilícitas o si se trató, fundamentalmente, de una disputa comercial con consecuencias contables y civiles.
