Gobierno destina $101.717 millones para retiros voluntarios mientras redefine la situación operativa del INTA

El Gobierno define un plan de retiros voluntarios en el INTA por 101.717 millones de pesos

El Ejecutivo avanzó con el cálculo del paquete destinado a un nuevo régimen de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La propuesta, que será discutida mañana en el Consejo Directivo, prevé la salida de cerca del 20% del plantel —alrededor de 950 agentes— y un costo estimado de $101.717.324.723,32 para el presupuesto 2026.

Puntos centrales del proyecto

  • Beneficio: una gratificación extraordinaria por egreso equivalente a 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio, con topes que varían según la edad del trabajador.
  • Condiciones de pago: un único desembolso que se efectuaría dentro de los 30 días posteriores al cese, conforme a la normativa fiscal y previsional vigente.
  • Plazo y exclusiones: la desvinculación regiría desde el 15 de junio de 2026 y quienes se acojan no podrían reingresar al sector público nacional durante cinco años.
  • Beneficios residuales: los trabajadores con hijos que usan servicios de guardería o maternal conservarían ese acceso hasta finalizar el ciclo lectivo del año en curso.

Según los cálculos internos de la Gerencia de Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración, la gratificación extraordinaria para los 950 adhesiones previstas representaría aproximadamente $45.900 millones dentro del costo total estimado.

Controversia sobre la antigüedad

Uno de los puntos de conflicto es el criterio para computar la antigüedad. El borrador del régimen propone no considerar períodos en modalidades no permanentes —como la Planta No Permanente (PNP) o el desempeño como becario— a la hora de calcular la gratificación. Esa decisión podría desincentivar la adhesión de parte del personal, según expresan representantes sindicales y trabajadores.

En cambio, la fuente recuerda que el esquema de retiros voluntarios aplicado en el INTA hace dos años sí incluyó la totalidad de la antigüedad, contemplando períodos en modalidades transitorias. Ese antecedente vuelve a tomar relevancia en las negociaciones previas a la reunión del Consejo Directivo.

Financiamiento y trámite administrativo

La Gerencia de Presupuesto y Finanzas informó que se tramita una ampliación de créditos para incorporar el gasto al presupuesto 2026. El cálculo final incorpora los incrementos salariales aplicados hasta mayo de 2026 y las partidas necesarias para sostener el programa.

En paralelo circula una versión no confirmada: que la Fundación ArgenINTA podría hacerse cargo de complementar las diferencias derivadas de no computar ciertos años de servicio. Fuentes consultadas indicaron que esa alternativa no fue formalmente tratada hasta el momento.

Reacción de sindicatos y visión institucional

Los gremios que representan a empleados del INTA criticaron el régimen y aseguran que, en la práctica, el retiro voluntario puede devenir en un despido encubierto y en un debilitamiento de la institución. No obstante, advirtieron que, si la medida se concreta, buscarán que las condiciones sean lo más favorables posibles para los trabajadores.

Por su parte, desde la conducción del organismo se plantea que la iniciativa forma parte de una estrategia para renovar el capital humano y ajustar la estructura institucional a nuevas demandas tecnológicas y territoriales que enfrenta el sector agropecuario.

Qué sigue

El expediente será analizado mañana en la reunión del Consejo Directivo, el órgano que integra representantes del sector público, del agro y del ámbito universitario. De ese encuentro dependerá la aprobación, modificación o rechazo del régimen y de las condiciones finales que determinarán la adhesión del personal.

Contexto: el INTA cuenta actualmente con alrededor de 5.750 empleados y desempeña tareas de investigación, transferencia tecnológica y extensión agropecuaria en todo el país. Los esquemas de retiros voluntarios suelen utilizarse como instrumento para ajustar plantillas y reducir costos, pero generan debates sobre el impacto en capacidades técnicas y alcance territorial.

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