El precio del aceite de soja encontró en 2024 un sendero alcista que se aceleró con la escalada del conflicto en Oriente Medio y la mayor volatilidad en los mercados de commodities. Este movimiento repercute en la cadena agroindustrial y obliga a productores, exportadores y operadores logísticos a redefinir estrategias en un mercado global más tensionado.
Desde enero y hasta los primeros días de febrero, el aceite de soja acumuló una suba cercana al 13 %, antes de que otros factores geopolíticos intensificaran la presión sobre precios y fletes. Ese aumento temprano anticipó una reconfiguración de la demanda que hoy se relaciona en gran medida con las nuevas políticas de biocombustibles en Estados Unidos.
Qué cambiaron las regulaciones de biocombustibles en EE. UU.
Las normas que más impacto ejercen son la Norma de Combustibles Renovables (RFS) de la EPA y el nuevo Crédito Fiscal 45Z derivado de la Ley de Reducción de la Inflación. Ambas regulaciones redefinen incentivos y mandatos y están reformulando la demanda interna de aceites vegetales para producir diésel renovable y biodiésel.
La EPA fijó para 2026 y 2027 volúmenes obligatorios de mezcla que implican un aumento superior al 60 % en la producción de diésel renovable y biodiésel respecto a 2025, un salto histórico en los mandatos. Al mismo tiempo, el Crédito 45Z reemplazó subsidios previos y paga hasta USD 1,00 por galón según la reducción en la intensidad de carbono del combustible, enlazando la rentabilidad a parámetros ambientales.
Consecuencias en la oferta y el comercio internacional
El efecto inmediato ha sido una absorción masiva de oferta interna: la demanda de biocombustibles puede consumir más del 50 % de la producción de aceite de soja en EE. UU., lo que elevó el precio físico doméstico por encima del valor sudamericano. La consecuencia comercial fue significativa, con las exportaciones estadounidenses de aceite de soja cayendo a mínimos históricos al volcar gran parte de la molienda al consumo interno.
Sin embargo, las reglas aplicables a los créditos regulatorios (RINs) y algunas excepciones postergadas hasta 2028 permiten que insumos como el aceite de colza canadiense y otras materias primas extranjeras sigan compitiendo en el mercado norteamericano. Esa competencia modera hasta cierto punto el potencial alza de precios y añade complejidad a las cadenas de suministro.
Restricciones geográficas y la ventana para proveedores internacionales
La norma 45Z introduce restricciones geográficas fuertes a partir de 2026, exigiendo que las materias primas elegibles para el crédito sean cultivadas en Norteamérica (EE. UU., Canadá o México), lo que excluye a productores fuera de la región del acceso directo al subsidio federal. Esa limitación no impide, sin embargo, que los compradores globales busquen aceite en otros orígenes si Estados Unidos reduce sus exportaciones.
Otro punto abierto es el método de valuación de los créditos fiscales y la posible inclusión de exenciones para refinerías pequeñas; si la metodología resultara más punitiva en términos de huella de carbono, los créditos podrían mantenerse elevados y seguir presionando la demanda. Por el contrario, una norma menos exigente reduciría parte de la presión sobre los precios y cambiaría los incentivos de inversión en producción de combustibles renovables.
Impacto global y oportunidad para Argentina
El cambio en la matriz de oferta y demanda estadounidense ya empujó al aceite de soja por encima del valor del aceite de girasol en algunos tramos del mercado, modificando rutas comerciales y señales de precio a nivel mundial. Además, el incremento de costos de transporte ligado a la inestabilidad en Oriente Medio amplifica la volatilidad y obliga a revisar costos logísticos y contratos.
Para Argentina se abre una oportunidad relevante: con capacidad de molienda instalada y tradición exportadora, el país puede aprovechar la menor oferta norteamericana para ampliar ventas en mercados que buscan sustitutos. La estrategia pasa por aumentar el valor agregado, ofrecer continuidad logística y trabajar certificaciones de sostenibilidad que mejoren el acceso a compradores exigentes.
El escenario exige, además, monitoreo y agilidad comercial: variaciones regulatorias en EE. UU., cambios en la valoración de créditos y la evolución del conflicto geopolítico pueden golpear precios con rapidez. Actores públicos y privados en la cadena oleaginosa deberán coordinar acciones para capturar oportunidades y reducir riesgos en un mercado global más dinámico y regulado.
