La Sociedad Rural Argentina (SRA) enfrenta una controversia por el fracaso de un sistema contratado para registros genealógicos que, según la propia entidad, presentó múltiples fallas y demoras a semanas de la Exposición Rural de Palermo. La disputa involucra al presidente de la SRA, Nicolás Pino, y al actual vicepresidente y precandidato para las elecciones de septiembre, Marcos Pereda, y amenaza la confianza de los socios en la gestión institucional.
En un comunicado público la SRA defendió la posición institucional y afirmó que desde la detección de los problemas se mantuvo “una línea de actuación coherente, consistente y transparente”. La entidad añadió que ejecutó un plan de contingencia para garantizar la continuidad operativa, minimizar inconvenientes a los asociados y alcanzar una mejora progresiva del sistema.
Según la organización, la auditoría independiente y los propios registros revelaron “numerosas deficiencias atribuibles al proveedor del software, Mobile Computing S.A. (actualmente Grid Dynamics Holdings Inc.)”, con fallas de funcionamiento y el incumplimiento de desarrollos y plazos originalmente previstos. El contrato, suscripto el 8 de junio de 2023, establecía un plazo de ejecución de 9 meses para la finalización del proyecto y, pese a las advertencias del estudio legal externo, se avanzó en la firma.
La controversia adquirió mayor tensión por las cifras que circulan en la interna: la SRA denunció que se han destinado recursos por un monto significativamente superior al previsto en el contrato original. En los mensajes internos citados por la entidad se afirma que se gastaron US$ 4.500.000 cuando el contrato firmado era por US$ 900.000, lo que potencia las dudas sobre la gestión y la supervisión del proyecto.
Qué pasó y por qué importa
El problema técnico y administrativo afecta servicios centrales para los socios, como los registros genealógicos, lo que repercute en trámites, comercialización y la imagen institucional antes de un evento clave como la Expo. La posible afectación de los sistemas en plena feria de Palermo, dentro de 15 días, explica la urgencia de medidas correctivas y la atención pública que tomó el tema.
La SRA recuerda que en diciembre de 2021 se lanzó un Plan Estratégico liderado por Marcos Pereda con el objetivo de modernizar los sistemas y desarrollar un nuevo software, además de conformar el equipo encargado del proyecto. Ese antecedente es clave porque vincula la planificación institucional con las decisiones posteriores sobre contratación y seguimiento técnico del proveedor.
Según el relato institucional, el contrato suscripto por el CEO de Mobile Computing S.A., Sebastián Waiztei, fue firmado pese a observaciones y “advertencias sustanciales” del estudio legal externo que asesoraba a la SRA. La firma del acuerdo y la aprobación de plazos de ejecución quedaron bajo cuestionamiento por parte de socios y asesores jurídicos que ahora analizan si existen incumplimientos o conductas sancionables.
Por su parte, Marcos Pereda remitió una carta a los socios y defendió su actuación al sostener que el gerente general de la SRA solo suscribe documentación cuando cuenta con los poderes otorgados por la institución y actúa siguiendo instrucciones de sus empleados. Pereda cuestionó, además, la demora en la comunicación a los asociados sobre las irregularidades y puso en duda que la firma del contrato fuera posible sin la autorización correspondiente.
El vicepresidente adujo que si bien la renovación de sistemas se ejecutó, la SRA no habría realizado los controles mínimos exigibles en etapas críticas del proceso y que, en septiembre de 2025, se puso en marcha el nuevo sistema sin pruebas técnicas mínimas. Estas críticas apuntan tanto al proveedor como a decisiones internas de supervisión y rendición de cuentas.
Responsabilidades, auditaje y próximos pasos
La SRA informó que los posibles incumplimientos considerados como constitutivos de conductas ilícitas están siendo analizados por los asesores legales de la entidad para determinar acciones que protejan los intereses de la institución y de sus socios. En paralelo, la entidad mantiene el plan de contingencia para evitar la interrupción de servicios y para continuar con la migración y reparación del sistema.
La disputa tendrá además una dimensión política porque las elecciones internas previstas para septiembre y la próxima Expo ponen en juego credibilidad y gestión. Para los socios, la expectativa ahora es que la investigación interna, la auditoría y las medidas administrativas ofrezcan respuestas concretas sobre la magnitud del gasto, la responsabilidad de las decisiones y la viabilidad técnica del nuevo sistema.
