Productores de Pergamino buscan que caiga la medida cautelar que desde 2019 limita el uso de fitosanitarios y fertilizantes en un amplio sector periurbano, y se reunirán este jueves para definir los pasos judiciales a seguir. La iniciativa surge tras la reciente sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que absolvió a los productore s y técnicos imputados por aplicaciones cercanas a barrios, y que los impulsores interpretan como un antecedente relevante para pedir la revisión de la restricción.
La prohibición vigente estableció una distancia fija de 1095 metros para pulverizaciones terrestres y de 3 kilómetros para aplicaciones aéreas desde zonas pobladas, un criterio que hoy productores y técnicos califican de excesivo y poco ajustado a criterios agronómicos. Según los promotores de la nueva estrategia judicial, la medida mantiene afectadas cerca de 6000 hectáreas del partido y condiciona la viabilidad productiva de establecimientos grandes y pequeños.
El fallo penal de Rosario determinó que no quedó acreditado el nexo causal individual suficiente para condenar a los productores, aunque admitió daños denunciados por vecinos y condenó a dos exfuncionarios por deficiencias en controles municipales. Ese matiz, sostienen los impulsores, abre una ventana para volver a cuestionar la cautelar ante el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que es quien dictó la restricción original.
Detrás del impulso hay una articulación institucional que incluye a la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte bonaerense (Aianba), la Sociedad Rural de Pergamino, Coninagro, Federación Agraria y la Cámara de Comercio local. “La movida viene de antes”, explicó el ingeniero agrónomo Andrés Pereyra, que señaló que el grupo ya presentó documentos técnicos al expediente y ahora pretende acelerar la revisión judicial.
Reunión clave y estrategias legales
La convocatoria de este jueves buscará determinar si existen elementos nuevos suficientes para solicitar formalmente la revisión de la cautelar y qué pruebas aportar al juez para sustentar el pedido. Además de la vía judicial, los productores evalúan reforzar el expediente con estudios técnicos sobre manejo de pulverizaciones, registros de controles y normas locales adoptadas en estos años.
Pereyra destacó que la prolongación de la medida genera efectos económicos y sociales: muchas parcelas quedaron improductivas, hubo intentos fallidos de producción orgánica y creció la presión inmobiliaria sobre terrenos agrícolas periurbanos. En su caso, relató que en el semillero donde trabaja de las 120 hectáreas la mitad está afectada por la restricción, con sólo una cosecha anual de festuca en ese suelo y parcelas en descanso forzoso.
Los productores denuncian que trabajar sin insumos implica pérdidas de rendimiento importantes, estimadas entre 30 % y 50 % respecto de planteos con tecnología, y que muchos pequeños lotes quedaron abandonados por dificultades para realizar labores tradicionales. Ese deterioro productivo, según los dirigentes, alimenta ventas de tierras y transforma el paisaje periurbano en un objetivo para desarrollos inmobiliarios.
En paralelo, técnicos como el ingeniero agrónomo Guillermo Tempone advierten sobre la importancia de priorizar la salud humana y la transparencia en las aplicaciones, y cuestionan el uso de prohibiciones generales sin considerar cada producto y las condiciones de manejo. Para Tempone es imprescindible un control eficaz de pulverizaciones y regulaciones basadas en criterios agronómicos y de riesgo, no en distancias fijas uniformes.
Qué está en juego y el contexto regulatorio
El conflicto en Pergamino resume tensiones comunes en zonas periurbanas: por un lado la necesidad de proteger la salud de los vecinos, y por otro la demanda de los productores por reglas técnicas y proporcionales que permitan producir. Los impulsores de la revisión reclaman un marco legal articulado entre jurisdicciones que combine buenas prácticas, control y trazabilidad de aplicaciones.
Durante estos años el municipio incorporó protocolos y adhirió a sistemas de buenas prácticas como Aapresid, y hubo intentos judiciales para reducir la distancia de 1095 metros a 600 metros, sin éxito hasta ahora, según los productores. La expectativa ahora es que la absolución dictada por el Tribunal de Rosario modifique el escenario y permita al juez de San Nicolás reconsiderar la medida cautelar.
Más allá de la pulseada judicial, especialistas coinciden en que la solución pasa por combinar control, capacitación y tecnología de aplicación para minimizar riesgos, en lugar de prohibiciones genéricas que, sostienen los técnicos, pueden ser “anticientíficas” y generar problemas económicos colaterales. Los productores insisten en que una normativa basada en evidencia técnica podría garantizar tanto la salud pública como la continuidad de la producción.
La reunión de este jueves será la primera prueba formal para transformar el antecedente penal en un argumento procesal que permita levantar la limitación sobre miles de hectáreas periurbanas. De ese resultado dependerá si la discusión en Pergamino se traslada a una nueva etapa judicial o si se potencia el debate técnico‐regulatorio sobre el uso de fitosanitarios en áreas cercanas a centros urbanos.
