El debate sobre la posible adhesión de la Argentina a UPOV 91 y al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) volvió al centro de la discusión pública por su impacto directo en la producción agrícola, la inversión en biotecnología y el costo de los insumos para el productor. Esta discusión, que se profundizó en un encuentro organizado por AmCham, no es solo técnica: define reglas que afectarán desde la disponibilidad de semillas hasta la llegada de nuevas tecnologías al campo.
La adhesión a UPOV 91 modificaría el marco de protección de las variedades vegetales respecto del actual régimen del país, que hoy está adherido a UPOV 78, una versión más flexible. El cambio preocupa y entusiasma según el actor que se consulte porque toca el equilibrio entre derechos de obtentores y prácticas tradicionales de multiplicación de semillas.
En el encuentro, Gonzalo Rovira, ejecutivo de Bayer, destacó el rol de la propiedad intelectual para financiar desarrollos y facilitar el acceso a tecnologías de punta mediante vínculos con institutos como EMBRAPA y el INTA. Rovira aseguró que esos lazos generan “créditos para llevar adelante nuevos desarrollos biotecnológicos” y subrayó la existencia de oficinas de vinculación entre empresas e instituciones de investigación.
Desde una entidad del sector productivo difundieron que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la protección de la propiedad intelectual de semillas para promover la innovación. Según ese comunicado, las empresas deben contar con “mecanismos eficaces para proteger y cobrar por su trabajo”, y la adhesión a UPOV 91 sería el camino coherente con la realidad productiva.
Qué cambia UPOV 91 y por qué importa
Uno de los ejes del debate fue el conocido como “uso propio”, un beneficio contemplado por la ley de semillas de 1973 que permite a los productores guardar semillas para uso propio sin pagar regalías. UPOV 91 restringe ese margen y amplía derechos del obtentor, lo que reconfigura responsabilidades y pagos en la cadena de valor de las semillas.
En la discusión se puso como ejemplo el desarrollo de tecnologías en soja y su comercialización en distintos países de la región, con casos donde la semilla biotecnológica se difundió primero fuera de la Argentina por las reglas locales. Según Rovira, cuando una empresa tiene certezas para proteger su desarrollo y comercializar en el mercado, decide avanzar; en muchos casos eso permitió que tecnologías de punta llegaran antes a Paraguay, Uruguay y Brasil.
Las empresas también describen la inversión y riesgo detrás de la innovación: por cada 5.000 moléculas descubiertas solo una llega a comercializarse, en un proceso que demora entre 10 y 15 años y demanda inversiones que pueden superar los US$ 2.000 millones. Ese argumento busca explicar por qué la protección de patentes y derechos de obtentor es vista como condición para sostener investigación a largo plazo.
Impactos para productores y economía del agro
En el terreno, los productores temen que la pérdida o restricción del uso propio aumente los costos por regalías y complique prácticas tradicionales de multiplicación de semillas, especialmente en cultivos como soja donde la autogeneración es habitual. A su vez, desde la industria se insiste en que el acceso a tecnologías que reducen insumos —como insecticidas y herbicidas— puede bajar costos operativos y mejorar rentabilidades.
El intercambio entre sectores dejó en claro que la discusión no es solo jurídica sino también política y técnica, porque Argentina todavía no se adhirió formalmente al PCT y cualquier decisión implicará trámites legislativos y procedimientos internacionales. Mientras tanto, las compañías que quieren proteger desarrollos deben activar trámites de patentes país por país, lo que complejiza la estrategia de entrada de nuevas tecnologías.
El desafío para los legisladores será entonces equilibrar incentivos a la innovación con garantías de acceso y previsibilidad para los productores, en un contexto donde la biotecnología puede reducir costos de producción pero también reorganizar derechos. El avance de esta discusión en comisiones del Congreso y en nuevas mesas de diálogo será clave para definir plazos, excepciones y mecanismos de compensación.
En los próximos meses se espera mayor intercambio entre productores, empresas, investigadores y el Estado para diseñar un marco que contemple protección, difusión tecnológica y sustentabilidad del modelo productivo. Para los actores rurales, la decisión sobre UPOV 91 y el PCT no es abstracta: determinará qué semillas estarán disponibles, a qué precio y bajo qué condiciones legales.
