La Sociedad Rural de Rosario encendió la alarma por el supuesto costo “desmedido” de la tasa para caminos rurales que cobran municipios y comunas en Santa Fe, y lo hizo por una razón clave: los contribuyentes denuncian que pagan sin recibir el servicio mínimo de mantenimiento. La controversia suma reclamos por falta de transparencia, métodos de actualización imprecisos y un reclamo claro del sector productivo para que esos fondos tengan destino exclusivo y control público-privado.
El planteo de la entidad interpela directamente a la definición legal de tasa, al exigir que exista una contraprestación comprobable por los aportes de los productores, y que la red vial rural se mantenga transitables. El conflicto estalla en momentos críticos del ciclo agropecuario, cuando la transitabilidad afecta la logística de cosecha y la actividad económica regional.
En su comunicado, la Sociedad Rural de Rosario remarcó que el trabajo público-privado, con control y planificación conjunta, es la vía viable para resolver la cuestión sin eximir las responsabilidades del Estado local. Los productores, por su parte, reclaman acceso a la información sobre recaudación, metodología de cálculo y gastos ejecutados para poder ejercer control y auditar los recursos.
Un punto central de la denuncia es la práctica de indexar la tasa “en función de litros de gasoil por hectárea”, que según la entidad crea una actualización automática que beneficia a los municipios. Esta fórmula, explicaron, provocó un ingreso municipal que estaría en torno de un 23 % por encima del costo real, debido a que el gasoil fue uno de los insumos con mayor aumento en los últimos 12 meses.
Reclamos puntuales y exigencias del sector
Los productores solicitaron que los fondos recaudados ingresen a una cuenta exclusiva destinada únicamente al mantenimiento de la infraestructura vial rural y que cese la indexación por gasoil. También pidieron que el monto de la tasa responda al costo real del servicio y que cada cobro esté técnicamente y financieramente justificado para evitar arbitrariedades.
La Sociedad Rural recordó que la ley provincial 14.256 obliga a municipios y comunas a publicar presupuestos, contrataciones y balances en sus páginas web de forma mensual, pero denunció incumplimientos. Ante solicitudes de información, la respuesta generalizada habría sido “silencio absoluto”, lo que, según los productores, impide cualquier control ciudadano.
Además del pedido de transparencia, la entidad exigió la creación de mecanismos de control público-privado y seguimiento participativo de las obras viales, con criterios técnicos para priorizar intervenciones. Para los productores, la falta de mantenimiento no sólo afecta la calidad de vida rural sino que incrementa costos logísticos y riesgos durante emergencias climáticas.
En paralelo a estos reclamos, el gobierno provincial anunció medidas que pueden cambiar el rumbo de la discusión y que deben evaluarse en clave de implementación. El plan oficial contempla destinar el 100 % de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural a obras para el campo mediante un fondo específico y un esquema administrativo nuevo.
El anuncio provincial y las dudas sobre la ejecución
La propuesta del Ejecutivo incluye la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS), diseñado para concentrar recursos y destinarlos exclusivamente a reparaciones y obras viales rurales. Aunque la iniciativa apunta a responder a una demanda histórica del sector, su eficacia dependerá de las normas de gobernanza, fiscalización y participación que se definan.
Los productores destacan que disponer recursos no alcanza si no existen mecanismos de transparencia activa, controles periódicos y acceso público a contrataciones y balances. Sin estas garantías, advierten, puede repetirse la lógica actual donde la recaudación no se vincula claramente con obras verificables en el territorio.
En términos económicos, mejorar la red vial rural tiene efectos directos sobre la competitividad, al reducir costos de transporte, tiempos de cosecha y pérdidas por inaccesibilidad en días de lluvia. Por eso, la discusión trasciende la coyuntura administrativa y toca la capacidad del sector agropecuario para sostener productividad y desarrollo regional.
Las soluciones que proponen actores técnicos y productivos incluyen auditorías externas, tableros de control públicos con datos actualizados y comités mixtos que prioricen obras según criterios productivos y sociales. Implementar estos mecanismos podría convertir al fondo y a la tasa en instrumentos efectivos para mejorar la escena rural, siempre que exista voluntad política y fiscalización ciudadana.
La pulseada en Santa Fe es un ejemplo de cómo confluyen economía, gobernanza y logística en la agenda rural, y de la necesidad de políticas claras para que los recursos respondan a obras tangibles. Para los productores, la principal demanda es sencilla y contundente: gestión eficiente, servicio cumplido y transparencia activa que permita verificar que cada peso recaudado se traduzca en caminos transitables.
