Punta Loyola denuncia que el basural de Río Gallegos dispersa plásticos y deja 5.400 hectáreas inutilizadas

La Estancia Punta Loyola, en Santa Cruz, sostiene que los residuos del relleno sanitario municipal se están esparciendo por el viento y contaminando amplias zonas de su campo lindero. El caso ya llegó a la Justicia mediante un amparo ambiental y pone en tensión la convivencia entre la ciudad y la actividad rural local.

El administrador de la estancia, Javier Álvarez Bento, afirma que los desechos quedan a camionadas en la periferia y que el problema se agravó desde 2023, cuando entró en funcionamiento el nuevo basural. Como medida preventiva, la estancia tuvo que retirar el ganado del área afectada por el riesgo de ingestión de plásticos.

La Estancia Punta Loyola tiene 65.000 hectáreas y cría aproximadamente 12.000 ovinos, según la administración, y en el sector afectado solían invernar 250 vacas. Tras la contaminación, Álvarez Bento redujo la hacienda de invierno a 50 vacas para evitar daños por microplásticos en el tracto digestivo de los animales.

La denuncia apunta a que el relleno sanitario, instalado por la Municipalidad de Río Gallegos en 2023, no cumple con el enterramiento y compactación prometidos, lo que facilita la dispersión de residuos. En la zona predominan vientos del oeste con una velocidad media de 37 km/h y ráfagas que superan los 100 km/h, condiciones que favorecen la propagación de plásticos ligeros.

La estancia presentó un amparo en junio del año pasado y acusa que el daño ya alcanza al menos 5.400 hectáreas, medida a partir de un relevamiento de campo y análisis de imágenes satelitales. Las autoridades locales y provinciales reconocen deficiencias administrativas, entre ellas la ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental vigente.

Qué muestran los estudios y por qué es preocupante

Un estudio contratado por la estancia detectó residuos inorgánicos —papel, cartón, telgopor, nylon y bolsas de distintos tamaños— distribuidos en un cono de dispersión que llega a unos 8.800 metros de largo y 7.900 metros de ancho. El relevamiento de campo realizado el 26 de diciembre de 2024 incluyó 37 estaciones con transectas y permitió estimar densidades máximas superiores a 0,75 residuos por metro cuadrado en el área más cercana.

Los análisis técnicos advierten que la fragmentación de plásticos por acción del sol, el agua y el viento genera microplásticos que se infiltran en el suelo y alteran su estructura y capacidad de retención de agua. El informe veterinario del INTA rescata riesgos concretos para el ganado: obstrucciones digestivas, perforaciones, infecciones y cuadros de timpanismo que pueden derivar en mortalidad si no se actúa con rapidez.

Según la estancia, imágenes comparativas de 2022 y 2024 muestran la aparición y acumulación progresiva de residuos en las cercanías del alambrado limítrofe, donde arbustos como el calafate retienen el material por sus espinas. La presencia de desechos también fue reportada en zonas de forraje, lo que aumenta la posibilidad de que ovinos y bovinos ingieran plástico mientras pastan.

La carta documento enviada al municipio el 14 de marzo de 2025 reclama medidas inmediatas, maquinaria adecuada, separación y tratamiento de residuos, y la intervención de la Secretaría de Estado de Ambiente para supervisar el predio. La estancia pide además la clausura temporal del sitio hasta que se apliquen obras correctivas y controles rutinarios que garanticen la operación segura del relleno.

Responsabilidad pública, control ambiental y consecuencias económicas

La provincia confirmó que el establecimiento opera sin una Declaración de Impacto Ambiental vigente, porque la autorización previa venció en 2025 y no se presentó la Auditoría Ambiental de Cumplimiento requerida. Las inspecciones provinciales detectaron carencias en maquinaria, personal, balanza para controlar ingresos y en el manejo de residuos peligrosos, según consta en actas oficiales consultadas por la estancia.

Para Álvarez Bento, la contaminación no solo es un problema ambiental, sino también económico, porque le quitó un cuadro de invernada clave en un contexto de sequía. “Pasamos a ser el basural de la ciudad”, afirma el productor, que reclama soluciones técnicas y administrativas antes de que el daño sea irreversible para la producción ganadera.

El conflicto expone un problema recurrente en zonas rurales periurbanas: la instalación de infraestructura de residuos sin medidas operativas ajustadas al viento y al uso del suelo contiguo. Las autoridades municipales deben demostrar cómo cumplirán los requisitos ambientales y qué plazo proponen para reparar los daños y prevenir la dispersión de microplásticos.

El caso también tiene implicancias sanitarias y de políticas públicas, porque la presencia de plásticos en suelos productivos afecta la calidad de forrajes y puede entrar en la cadena alimentaria de formas aún poco estudiadas. Expertos consultados en otras experiencias recomiendan monitoreo permanente, barreras vegetales y sistemas de gestión integral para reducir la generación y la dispersión de residuos.

Qué sigue: medidas judiciales y pasos posibles

El amparo ambiental sigue su curso y la estancia pide que se cite a la Secretaría de Estado de Ambiente como tercero interesado y que se ordenen inspecciones quincenales del predio afectado. Si la Justicia valida las pruebas presentadas, podría dictar medidas provisionales para frenar la actividad del relleno hasta que se acredite el cumplimiento de la normativa.

Mientras tanto, la comunidad rural y urbana de Río Gallegos enfrenta la urgencia de encontrar soluciones técnicas y consensuadas que protejan la producción, la salud y el ambiente. La resolución del conflicto marcará un antecedente para cómo se gestionan los residuos en regiones ventosas y con actividades agrícolas y ganaderas en contacto directo con la periferia urbana.