La «captura del regulador» y el pulso por los biocombustibles en la Argentina
En la Argentina se observa una versión moderna de la captura del regulador, concepto del Premio Nobel de Economía George Stigler, que hoy impacta en las políticas de biocombustibles. Los intereses que buscan prolongar la vida útil de activos fósiles presionan para debilitar normas, lo que ha dejado al país rezagado en un mercado global que avanza hacia combustibles más limpios.
Este debate no es abstracto: los biocombustibles se usan para mitigar las externalidades que generan los combustibles fósiles sobre la salud y el ambiente, y por eso los mandatos de mezcla tienen un fundamento público. El gasoil fue clasificado como carcinógeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, un dato que legitima señales y regulaciones orientadas a reducir su uso.
El régimen promocional de la industria establecido por la Ley 26.093 finalizó en 2021, aunque la producción de biocombustibles ya es una actividad madura en términos industriales. Sin embargo, la industria del petróleo opera desde hace más de un siglo y continuó recibiendo incentivos fiscales, lo que complica la competencia en condiciones de mercado equitativas.
La comparación de precios entre biocombustibles y combustibles fósiles suele excluir las consecuencias sobre la salud y el ambiente, por lo que la contabilidad es incompleta y distorsiona decisiones. Si se incorporaran esas externalidades en la cuenta, la ecuación económica favorecería con más fuerza a las mezclas y a políticas de sustitución.
Qué está en debate en el Senado y las propuestas en discusión
La Ley 27.640, que el Senado analiza modificar, contiene normas que sus críticos consideran contrarias a compromisos internacionales de reducción de GEI y a derechos constitucionales, como lo plantean algunos especialistas que aluden a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Entre las medidas controvertidas aparecen la reducción de la mezcla obligatoria de biodiésel en gasoil y la prohibición para que grandes molinos y refinadores produzcan biocombustibles para la demanda interna.
Un proyecto firmado por Patricia Bullrich y otros senadores, redactado con participación de la Secretaría de Energía, propone eliminar algunas restricciones y elevar el contenido de bioetanol en naftas al 15 %, pero también contempla reducir el biodiésel en gasoil a un posible 7 %. Esa iniciativa combina medidas que pueden ser positivas con otras que, según analistas, facilitarían la concentración y la inclusión de productos que no son biocombustibles en el régimen.
El mercado interno de combustibles líquidos muestra una falla estructural de competencia, que se refleja en un Índice HH superior a 3800, lo que indica una oferta promedio repartida en 2,63 empresas. Además, cuatro empresas explican más del 94 % del mercado, un patrón que desde la perspectiva del suministro constituye un oligopolio y desde la demanda de biocombustibles, un oligopsonio.
En ese contexto, abrir el mercado sin reglas más estrictas podría paradójicamente llevar a aún más concentración, quiebras de elaboradores de biocombustibles —especialmente en biodiésel— y pérdida de empleo, sin que el consumidor reciba beneficios claros. Al mismo tiempo, los consumidores argentinos afrontan altos márgenes de refinación y un sobrecosto en combustibles que no siempre se traduce en menor precio final pese a subsidios o cambios regulatorios.
Alternativas y recomendaciones para una política pública equilibrada
Existen otras iniciativas en el Senado —como las impulsadas por Vigo-Espínola-Moisés, Royón y Ávila— que, según técnicos del sector, son más consistentes y podrían sintetizarse en un proyecto único y robusto. Esa vía permitiría preservar mandatos ambientales, abrir la producción para actores locales y a la vez controlar la concentración a través de reglas de mercado y mecanismos regulatorios claros.
Entre las medidas recomendables figuran mantener las mezclas obligatorias con metas de descarbonización, permitir que los productores abastezcan directamente las mezclas, obligar a mayor transparencia de precios y contabilizar las externalidades en las decisiones regulatorias. También es clave reforzar la vigilancia antimonopolio para evitar que la liberalización derive en menos oferta, más precios e impactos sociales negativos.
El debate legislativo no es sólo técnico sino de interés público porque define quién paga el costo de la transición energética, qué empleos se sostienen y cómo se protege la salud colectiva. Si se prioriza el bien común y se ajustan las reglas del juego, la Argentina puede recuperar terreno en bioenergías y reducir la carga sanitaria y ambiental de los combustibles fósiles.
Este artículo fue preparado para Palabra de Campo con base en el análisis de políticas públicas y mercado de biocombustibles, consultando datos de oferta, concentración y marcos normativos vigentes. La decisión que adopte el Senado tendrá efectos sobre inversión, empleo y emisiones en los próximos años, por lo que conviene seguir el debate con atención.
