El proyecto de presupuesto 2027 que ingresó al Congreso prevé que cuatro áreas vinculadas al agro sumen alrededor de $466.200 millones, frente a $366.700 millones del crédito vigente en 2026, según un relevamiento basado en datos oficiales analizados por el diputado Martín Yeza (PRO). Esta diferencia representa un incremento nominal de 27,1 % y, al descontar la inflación estimada en el informe, un aumento real aproximado de 5,5 %, un dato clave para productores y empresas del sector.
El análisis resulta relevante porque llega en el contexto de un ajuste fiscal amplio impulsado por el gobierno de Javier Milei, que sin embargo incluye subas nominales en varias partidas del sistema agroindustrial. Entre los incrementos más destacados figuran el INASE con 31,2 %, el INIDEP con 28,8 %, el SENASA con 25,6 % y el INV con 17,9 %, mientras que la Secretaría de Agricultura vería sus programas trepar de aproximadamente $99.000 millones a $130.000 millones, cerca de un 31 % nominal.
El proyecto fija para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) un gasto de $288.700 millones frente a los $229.800 millones de 2026, lo que implica un alza nominal del 25,6 % y una mejora real cercana al 4,2 %. El relevamiento destaca que alrededor del 74 % del gasto del SENASA se financia con tasas y servicios que cobra a productores, frigoríficos y exportadores, mientras que el Tesoro cubre el resto.
Dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, el presupuesto consolidado pasaría de ~$99.000 millones a ~$130.000 millones para 2027, con incrementos importantes en programas clave para cadenas y pesca. En ese marco, la partida para cadenas y pesca sube de $84.200 millones a $106.000 millones (variación nominal del 25,9 % y real del 4,5 %), la de emergencia agropecuaria aumenta de $7.600 millones a $9.600 millones y la de control comercial se estima en torno a $7.000 millones frente a los $2.000 millones actuales.
El SENASA incorpora además partidas específicas para programas sanitarios que suman en conjunto alrededor de $56.700 millones en 2027, entre las que figuran $22.189 millones para mosca de los frutos, $11.910 millones para HLB de los cítricos, $11.499 millones para Lobesia botrana y $11.075 millones para langosta y tucura. Ese paquete de recursos muestra que la política prioriza la bioseguridad y el control de plagas en línea con la agenda de facilidades para exportación y reducción de riesgos sanitarios.
Cómo se distribuye la carga financiera entre el Estado y el sector
El informe subraya que buena parte del gasto operativo del sistema de sanidad y control corre por cuenta del propio sector, con tasas e ingresos por servicios que financian la mayor parte de la actividad. Esa estructura plantea que cualquier variación en la actividad productiva o en la recaudación de tasas puede afectar la ejecución presupuestaria y la prestación de servicios esenciales.
En el Instituto Nacional de Semillas (INASE) el presupuesto proyectado pasa de $20.800 millones en 2026 a $27.200 millones en 2027, lo que implica una suba nominal del 31,2 % y un aumento real aproximado del 8,9 %. Además, el proyecto estima ingresos propios por tasas y servicios de alrededor de $48.000 millones frente a un gasto autorizado cercano a $27.000 millones, dejando contabilizados unos $21.000 millones como recursos que no se transforman en gasto dentro del ejercicio.
Para 2027 el presupuesto contempla asimismo cerca de $146.000 millones por tasas de inspección y $64.000 millones por servicios, mientras que la contribución del Tesoro se ubica en torno a $84.000 millones. Entre las metas físicas del sistema se enumeran la emisión de 2,3 millones de documentos de tránsito animal y la realización de 140.000 análisis de laboratorio de sanidad animal, cifras que condicionan la operatividad del comercio interno y externo.
Producción, previsiones y tensiones fiscales
El proyecto presenta además una proyección productiva ambiciosa: la cosecha 2025/26 se estima en 170 millones de toneladas, un récord frente al máximo anterior de 146 millones, con 71,7 millones de maíz (un aumento del 38,7 % respecto de 2026) y 27,9 millones de trigo, mientras que la soja registraría una caída del 3,1 %. Esa base productiva elevada sirve de anclaje para estimaciones de crecimiento del agro de 5,5 % en 2026 y apenas 0,9 % en 2027, lo que plantea un escenario de desaceleración posterior al año de récord.
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) aparece en el proyecto con un crédito de $29.200 millones frente a $22.700 millones en 2026, lo que implica un aumento nominal del 28,8 % y uno real cercano al 6,9 %, y refleja un enfoque en investigación pesquera financiada mayormente por el Tesoro. En tanto, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) subiría a $20.400 millones desde $17.300 millones, un alza nominal del 17,9 % que, ajustada por inflación, implicaría una caída real del 2,1 % y la previsión de unas 12.300 inspecciones para el organismo.
En conjunto, el proyecto exhibe una combinación de prioridades: mayor gasto nominal en áreas de control sanitario y apoyo a cadenas productivas junto con una política fiscal de ajuste general. Para productores, exportadores y operadores logísticos la lectura clave es que la financiación se apoya en gran medida en tasas y servicios, por lo que la viabilidad de las partidas y la continuidad de programas dependerán de la recaudación y de la ejecución efectiva del presupuesto.
El relevamiento que aporta estos números fue difundido por el diputado Martín Yeza y fue cubierto originalmente por la periodista Belkis Martínez, y plantea interrogantes sobre la compatibilidad entre ajustes fiscales y prioridades sanitarias. El desafío ahora será monitorear la discusión en el Congreso y la implementación operativa para entender cómo impactarán estas decisiones en la actividad del campo y en la cadena de exportación agroalimentaria.
