El proyecto de presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso deja al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con menos recursos, menos personal y menos actividades territoriales. Esta readecuación, que ya tiene efectos desde 2025, plantea preguntas sobre la capacidad del instituto para sostener la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías al campo.
Para el sector agropecuario, la decisión no es un dato menor porque el INTA actúa como puente entre la investigación y los productores en regiones vulnerables al clima. La reducción de servicios puede traducirse en menor acceso a capacitación, asesoramiento y sistemas de información justo cuando los productores enfrentan desafíos productivos y climáticos.
Según las planillas oficiales, los gastos del INTA pasarían de $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones en 2027, una baja de $44.586 millones en términos nominales. Ese recorte implica, en la lectura del Ejecutivo, una reducción del 12,4 % en el presupuesto operativo del organismo.
El ajuste en personal también es notable: el organismo contaría con 6.308 cargos en 2027 frente a los 7.145 previstos para 2026, es decir 837 puestos menos, lo que representa una caída del 11,7 %. Las planillas no detallan cuánto de esa diferencia responde a nuevas bajas o a retiros y reubicaciones ya ejecutadas en ejercicios anteriores.
La mayor contracción se concentra en el programa conocido como AITTE —Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural—, donde figuran 696 cargos menos y que representan alrededor del 83 % de la baja total. Esa área es clave porque sus técnicos y extensionistas llevan al territorio conocimientos, capacitaciones y asesoría a productores de todo el país.
Las actividades planificadas también se reducirían de manera drástica: los proyectos nacionales y regionales pasarían de 3.000 a 1.500 actividades, es decir, se cortarían a la mitad. Asimismo, la meta de atención de consultas para productores y otros actores baja de 4.933 a 3.074, una caída del 37,7 %.
Un cambio central en la forma de financiamiento es la eliminación de la porción de derechos de importación que antes ingresaba al INTA. En 2026 esa partida ascendía a $513.034 millones, y en el proyecto 2027 desaparece de los ingresos, dejando solo la Tasa de Estadística más los aportes generales.
Como resultado, los recursos totales previstos para 2027 pasan de $905.711 millones a $546.874 millones, una diferencia de $358.837 millones que equivale al 39,6 % menos. Del total proyectado para 2027, $231.337 millones —cerca del 42 %— figuran como una “aplicación financiera” y no aparecen destinados al funcionamiento operativo del instituto.
Impacto en el campo: extensión, adaptabilidad y riesgos
La reducción de personal y actividades afecta directamente la presencia del INTA en regiones productivas, con menos extensionistas en contacto directo con los productores. Esa menor presencia puede limitar la adopción de prácticas para mitigar riesgos climáticos, mejorar la eficiencia y adaptar cultivos a condiciones cambiantes.
En un contexto de eventos climáticos más extremos y volatilidad de precios, la asesoría técnica es un activo estratégico para la resiliencia de los productores familiares y medianos. Menos capacitaciones y menor acceso a sistemas de información pueden traducirse en decisiones productivas menos informadas y mayores vulnerabilidades económicas.
Desde principios de 2025 el Gobierno avanzó con una reorganización interna del INTA que incluyó cambios en agencias de extensión, eliminación de cargos jerárquicos y programas, y planes de retiros voluntarios. Aunque una intención oficial de quitar la autarquía fue frenada por el Congreso y la Justicia, las modificaciones en la estructura y la planta continuaron implementándose.
En los documentos oficiales para el período 2027-2029 el Ejecutivo plantea objetivos de “optimizar funciones de la administración central” y “eficientizar gastos en todas las unidades”, junto con inversiones en equipos e infraestructura para campos experimentales e incubadoras. Esas metas buscan compensar recortes manteniendo capacidad operativa, aunque la letra no garantiza el mismo alcance territorial de antes.
Hasta ahora, la consulta de LA NACION al INTA sobre el presupuesto 2027 no obtuvo respuesta, y en el organismo y entre productores crece la preocupación por la menor disponibilidad de servicios. Para muchos actores rurales, la atención a corto plazo será clave para evaluar si los recortes se traducen en efectos concretos sobre productividad y asistencia técnica.
La discusión sobre la sostenibilidad financiera del INTA y su rol estratégico en políticas agrícolas entra ahora en una etapa decisiva donde el Congreso y las organizaciones del sector pueden exigir mayor transparencia. Monitorear la ejecución presupuestaria, conocer cómo se reasignan los recursos y evaluar el impacto en el territorio será imprescindible para medir el costo real de estos cambios.
