La denuncia contra Bioceres SA fue presentada ante la Procelac y apunta al directorio completo —encabezado por Marcelo Carrique—, al auditor externo y a la propia sociedad como persona jurídica. La causa, impulsada por los abogados Froilán Ravena y Renzo Biga, denuncia presuntos delitos de alcance federal y transnacional.
El iniciador del reclamo es AIR SRL, representada por Sergio Alejandro Airoldi, que invirtió USD 2.000.000 en pagarés bursátiles emitidos por Bioceres entre abril y julio de 2024. Según la presentación, Bioceres pagó sólo el primer vencimiento por USD 250.000 y dejó impagos los ocho pagarés restantes, por lo que AIR SRL quedó con un crédito por USD 1.750.000.
El núcleo de la acusación es la distancia entre la imagen financiera que proyectaba Bioceres y la situación real de la emisora, sustentada en el balance consolidado al 30 de junio de 2023. En ese balance, la compañía mostraba una ganancia superior a 28.800 millones de pesos, pero la denuncia afirma que esa cifra ocultaba pérdidas crecientes en la sociedad individual.
Los delitos invocados incluyen presunto lavado de activos, administración fraudulenta, estafa, falsedad ideológica e insolvencia fraudulenta, y la presentación reclama competencia federal por la dimensión transnacional de las maniobras y porque los pagarés fueron emitidos y negociados en el Mercado Argentino de Valores (MAV) con sede en Rosario. La denuncia busca que la investigación cruce jurisdicciones dada la presencia de sociedades y movimientos financieros en varias plazas del exterior.
Qué reclama la denuncia y por qué importa
Los denunciantes sostienen que la consolidación contable incorporó resultados de BIOCX, una entidad jurídica distinta con sus propios acreedores, y que ese criterio indujo a error a los inversores locales. En paralelo, señalan una reorganización societaria de 2021 en la que Bioceres habría transferido activos relevantes a otras sociedades del grupo a cambio de créditos intercompany a tasas preferenciales.
Según el escrito, los fondos captados por los pagarés no se mantuvieron en la emisora sino que se destinaron a capital de trabajo y al pago de pasivos de firmas vinculadas como SF500, GentleFarming, Heritas y THEO I SCSp. Además, la denuncia menciona una fianza por aproximadamente USD 144 millones que habría sido otorgada para garantizar obligaciones de otras firmas del grupo, un compromiso muy superior al patrimonio neto de la emisora y no explicitado a los inversores al momento de la colocación.
Otro eje de la acusación es una operatoria contable del balance individual de Bioceres al 30 de junio de 2025, firmado por Price Waterhouse con abstención de opinión, que muestra la cancelación de créditos intercompany por USD 54,4 millones a cambio de recepción de acciones propias. La denuncia plantea indicios de que esa operación, fechada en diciembre de 2024, podría haber sido instrumentada con posterioridad para aparentar regularidad y, de ese modo, proteger activos frente a acreedores.
Para los presentantes, la circulación posterior de fondos con ramificaciones en Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y Luxemburgo encuadra un supuesto esquema de lavado de activos. La hipótesis sostiene que los recursos captados mediante una operación presuntamente fraudulenta fueron blanqueados dentro del grupo bajo conceptos formalmente lícitos, lo que habría dificultado su recupero por parte de los acreedores.
Consecuencias legales, financieras y sectoriales
Los denunciantes consideran que la quiebra iniciada por el Juzgado Civil y Comercial de la 6a Nominación de Rosario, a cargo del juez Fernando Mécoli, es el desenlace de un proceso previo de desposesión de activos y de captura de fondos de terceros. En su fallo, el magistrado abrió el concurso con un patrimonio neto negativo estimado en alrededor de USD 110 millones y advirtió sobre la necesidad de un escrutinio exhaustivo de la compleja ingeniería societaria y financiera transnacional.
Bioceres, en tanto, se negó a brindar declaraciones públicas sobre la denuncia debido al proceso judicial y a la situación concursal en la que se encuentra la firma. Los denunciantes acusan además que la desconsolidación de Bioceres SA, Bioceres LLC y THEO I SCSp habría generado una ganancia contable cercana a USD 100,8 millones para Moolec Science, la empresa que tomó control del grupo tras cambios en el directorio.
La disputa también se observa en el plano comunicacional: exdirectores y fundadores afirman que el default y la quiebra no eran inevitables y responsabilizan al nuevo accionista controlador, mientras que voceros cercanos a Federico Trucco hablan de maniobras extorsivas y de una estrategia para llevar la causa a la Justicia Federal. Ese enfrentamiento público añade tensión en torno a la gestión pasada y presente del grupo y complica los tiempos de resolución judicial.
Para el sector agroindustrial y tecnológico, el caso plantea riesgos reputacionales y de financiamiento: la percepción de mayor riesgo puede encarecer el acceso a capital para las empresas biotecnológicas locales y afectar la confianza de inversores institucionales. A su vez, la investigación de un caso con vínculos entre el mercado local y una compañía que cotiza en Nasdaq obliga a vigilar la transparencia contable y la supervisión de grupos con estructuras corporativas internacionales.
Qué seguirá: la investigación federal de la Procelac, la tramitación concursal en Rosario y eventuales acciones civiles por parte de acreedores como AIR SRL definirán si existe responsabilidad penal y si es factible recuperar activos para los afectados. Las coordinaciones internacionales, peritajes contables y la definición de la trazabilidad de los fondos serán decisivas, aunque los plazos judiciales serán extensos dada la complejidad transnacional del entramado.
Lo que conviene seguir en los próximos meses es la postura que adopten los investigadores federales, la presentación de pruebas por parte de los denunciantes y la respuesta de los controladores y administradores ante la Justicia. El caso Bioceres será una prueba de fuego para la capacidad del sistema legal y de los reguladores para resolver controversias financieras complejas en el núcleo de la agroindustria y la biotecnología.
