La confirmación de un posible Súper Niño por parte de la NOAA y su evaluación por la CEPAL encendieron alertas sobre el impacto climático en la agricultura de América Latina y, en particular, en la Argentina. Según las previsiones citadas por la CEPAL, hay más del 90 % de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte y cerca del 75 % de que adquiera una magnitud histórica hasta diciembre de este año.
Para la Argentina el organismo identifica especialmente al norte del país entre las zonas donde El Niño suele provocar lluvias significativamente superiores a los promedios, lo que aumenta el riesgo de inundaciones fluviales. Aunque una mayor disponibilidad de agua puede favorecer cultivos en ciertas regiones, la CEPAL advierte que los excesos hídricos también complican las tareas agrícolas y la logística rural.
Los principales impactos incluyen la dificultad para las tareas de siembra, daños en lotes productivos y la afectación de la circulación por los caminos rurales, elementos críticos para la campaña agrícola y el acceso a mercados. Además, el informe recuerda que episodios extremos previos como 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 generaron efectos económicos relevantes y que el episodio entre 2023 y 2024 ya fue considerado fuerte.
La CEPAL ubica al fenómeno de 2026 entre los potencialmente más intensos de las últimas décadas y advierte que sus consecuencias pueden prolongarse varios años. Algunas investigaciones citadas por el organismo encuentran efectos persistentes durante tres años, mientras que otras extienden el horizonte hasta cinco años, lo que condiciona decisiones de inversión y política pública.
En términos económicos, la CEPAL recuerda que el El Niño de 1997-1998 ocasionó pérdidas de ingresos a escala global estimadas entre US$2,1 billones y US$5,7 billones, cifras que evocan la magnitud de los riesgos macroeconómicos asociados a choques climáticos. Ese antecedente sirve para explicar por qué los pronósticos climáticos adquieren relevancia inmediata para productores, comercializadores y autoridades regulatorias.
Impactos para la agricultura y los mercados
Los efectos serán heterogéneos: mientras algunas zonas podrían beneficiarse de condiciones más favorables, otras sufrirán pérdidas por sequía o por exceso de precipitaciones. En su proyección de impactos sobre precios, la CEPAL señala que el trigo duro podría experimentar un incremento importante de precios, seguido por el maíz, mientras que la soja y el trigo rojo podrían mostrar caídas, y el arroz una caída inicial seguida de una recuperación.
El informe subraya que estas proyecciones aún presentan un grado considerable de incertidumbre y que los efectos dependen de la distribución espacial de las lluvias, del estado de los suelos y del momento del ciclo de los cultivos. Por ahora no hay estimaciones específicas sobre posibles reducciones de rendimiento para la campaña 2026/2027 en soja, maíz o trigo en la Argentina, aunque la posibilidad existe.
Más allá de la producción, la exposición a precipitaciones extraordinarias plantea riesgos logísticos que pueden trasvasar a los precios internacionales de los alimentos. La CEPAL advierte que los problemas en transporte, almacenamiento y puertos podrían amplificar las perturbaciones de oferta y generar volatilidad en los precios internacionales.
En el terreno humano, la crecida de ríos ya obligó a movilizaciones y evacuaciones en áreas productivas; por ejemplo, se reportaron movimientos preventivos de 30.000 vacas en las islas de Victoria ante la amenaza de la subida del Paraná. Estos desplazamientos exhiben la dimensión social y económica del fenómeno, con efectos directos sobre la capacidad productiva y la seguridad de las familias rurales.
Qué pueden hacer productores y gobiernos
Las medidas de corto y mediano plazo incluyen mejorar sistemas de drenaje, adaptar fechas de siembra y rotaciones, fortalecer sistemas de alerta temprana y ampliar coberturas de seguros agrícolas para mitigar pérdidas. La inversión en infraestructura vial y de almacenamiento resulta clave para reducir cuellos de botella en la comercialización durante episodios de lluvia extrema.
También es necesario fomentar la coordinación regional y el intercambio de información entre instituciones científicas y agencias como la NOAA y la CEPAL, para afinar pronósticos y diseñar respuestas conjuntas. Políticas públicas orientadas a mantener la fluidez de los mercados y apoyar la resiliencia de pequeños y medianos productores son fundamentales para evitar impactos prolongados.
La incertidumbre sobre la magnitud final del fenómeno no exime a actores públicos y privados de prepararse ante escenarios adversos y oportunidades puntuales de mejora productiva. En resumen, la clave es combinar vigilancia meteorológica, adaptación de prácticas agronómicas y protección de infraestructura para reducir los riesgos sobre la producción y la seguridad alimentaria.
