Comisión aprueba dictamen que incorpora el delito de “vandalismo rural” al Código Penal
La Comisión de Legislación Penal cerró el encuentro con un dictamen de mayoría firmado por 41 firmas de un total de 66 presentes, lo que impulsa la iniciativa hacia su tratamiento en el recinto. El avance reúne proyectos de legisladores de distinto signo y busca dar una respuesta legislativa a los episodios de inseguridad en el ámbito rural.
La propuesta incorpora al Código Penal figuras específicas contra el vandalismo rural, con penas previstas de 2 a 8 años de prisión y multas de entre 3 a 12 veces el valor del perjuicio causado. Además, establece una pena de 1 mes a 1 año por el ingreso a un establecimiento rural en contra de la voluntad de quien pueda impedirlo.
Qué incluye el proyecto
El dictamen incorpora el artículo 150 bis, que sanciona el ingreso a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias “contra la voluntad expresa o presunta” de su titular y presume esa voluntad por la existencia de cerramientos o señales. Esa presunción busca facilitar la acción judicial en casos donde la delimitación del predio esté claramente señalizada, según los autores del proyecto.
Por otra parte se crea el artículo 184 bis para penalizar la destrucción, inutilización o daño de bienes agropecuarios que afecten de manera directa el ciclo productivo, con la misma escala de pena de 2 a 8 años. El listado de bienes protegidos incluye silobolsas, tolvas, cereales y oleaginosas no cosechadas, plantaciones en explotación, ganado y estructuras como alambrados, silos e instalaciones tecnológicas.
Agravantes y excepciones previstas
El dictamen contempla excepciones a la tipificación penal cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, actos de auxilio o cuando las características del lugar impidan distinguir el límite con la vía pública. Estas salvedades fueron incluidas para evitar criminalizar conductas legítimas y para limitar la aplicación del nuevo tipo penal en situaciones razonables.
Como agravantes, la pena se duplica si el autor es funcionario público, si se comete valiéndose de conocimientos técnicos de la actividad o por abuso de una relación de confianza o laboral con la víctima. La inclusión de estos elementos busca alcanzar a quienes facilitan o se benefician de daños mediante posición de poder o información privilegiada.
Debate político y respaldo del sector
El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, diputado Martín Ardohain, defendió la iniciativa como una “respuesta a la inseguridad” que sufren productores y trabajadores rurales y sostuvo que es un pedido reiterado del campo argentino. Ardohain consideró que avanzar con el dictamen fue “un paso gigante” para atender demandas de seguridad y protección de la producción.
El diputado Ramiro Gutiérrez recordó que en 2020 impulsó con Sergio Massa una figura para daño agravado a la producción agropecuaria y valoró que ahora sectores del PRO incorporen el debate sobre el vandalismo rural. Para Gutiérrez, la actualización apunta a precisar un delito que hasta ahora no estaba claramente tipificado en el marco penal vigente.
Reacciones institucionales y alcance práctico
Organizaciones del sector, como la Fundación Barbechando, reclamaron un marco normativo de largo plazo que brinde seguridad a productores y comunidades rurales y evitar que el campo sea “tierra de nadie”. Desde el sector productivo piden que la ley acompañe el desarrollo productivo y que las medidas no queden en el papel sino que se traduzcan en mayor prevención y respuesta efectiva.
El diputado Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas) celebró un avance “racional” que modifica artículos puntuales en lugar de plantear una reforma profunda, y señaló que la iniciativa moderniza la protección a los productores. Entre los efectos prácticos que se plantean está dotar a fiscales y jueces de herramientas jurídicas más precisas para investigar y sancionar ataques a la producción.
Qué sigue y por qué importa
Con el dictamen acordado, las iniciativas con los artículos 150 bis y 184 bis pasan ahora al debate en el recinto, donde deberán conseguir mayorías para convertirse en ley. La discusión parlamentaria y la implementación judicial serán determinantes para saber si la norma reduce la percepción de inseguridad y disuade episodios como la rotura de silobolsas o los ataques a instalaciones.
Más allá del castigo, productores y legisladores advierten que la solución requiere políticas públicas complementarias de prevención, tecnología y respuesta territorial, así como coordinación con fuerzas de seguridad. En términos prácticos, la norma busca dotar de claridad legal a situaciones que hoy generan incertidumbre en la cadena productiva y en las comunidades rurales.
