El próximo enero entra en vigor el Reglamento 1115 de la Unión Europea, que exige que la carne, la soja y otros productos agropecuarios importados provengan de campos “libres de deforestación”.
La medida obliga a certificar la trazabilidad hasta el establecimiento y abre un nuevo capítulo en la relación entre productores, frigoríficos y mercados internacionales.
En la ciudad de Río Cuarto se celebró el encuentro Argencarne, organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde el tema central fue precisamente el impacto de la norma europea en la ganadería nacional.
Allí se discutieron las consecuencias comerciales y técnicas de adaptar cadenas de valor que hoy funcionan con distintos niveles de integración y complejidad.
Para dar cumplimiento a la exigencia europea, el sector privado desarrolló la plataforma VISEC, diseñada como certificadora de que los animales provienen de predios sin desmontes desde 2020.
Sin embargo, la adhesión a esa herramienta no es homogénea y algunos frigoríficos ya advierten que pagarán menos por hacienda de productores que no estén registrados, lo que generó reclamos en el campo.
Reglas europeas, plataformas y controversias
El Reglamento 1115 habilita a la UE a exigir condiciones ambientales a sus proveedores y presiona por trazabilidad detallada de las cadenas agroalimentarias.
La discusión en Argentina no es solo técnica sino también comercial, porque la adopción de una u otra plataforma puede traducirse en ventajas o penalidades para productores y plantas.
Desde CRA subrayan que existen entre cuatro y cinco plataformas autorizadas, además de opciones públicas como adaptar el sistema SIGA de SENASA.
El núcleo del conflicto es que algunos actores pretenden imponer una solución única y eso amenaza la libertad de elección de los productores.
En términos territoriales, las autoridades y dirigentes remarcan que en Argentina menos del 6 % del territorio presenta situaciones vinculadas a la deforestación, lo que relativiza el supuesto riesgo generalizado.
Pero la respuesta técnica no elimina las consecuencias comerciales cuando compradores o frigoríficos aplican descuentos por falta de registro, algo que ya genera fricciones en la cadena.
Tensiones locales: consumo, precios y guías ganaderas
En Argencarne varios representantes provinciales coincidieron en que la actividad muestra buenos precios, pero no un “boom” homogéneo, porque las realidades varían por región y escala productiva.
El diagnóstico apuntó a limitaciones estructurales: falta de infraestructura rural, escasa integración con la industria y plantas que no siempre están habilitadas para exportar.
En paralelo, el consumo doméstico de carne bovina está en un mínimo histórico, mientras que la demanda internacional permanece muy firme, una doble lectura que exige políticas de largo plazo.
Para consolidar el sector se reclamó previsibilidad, financiamiento con tasas acordes y mejoras en la infraestructura y el rodeo nacional.
Otro foco de tensión en el sur de Córdoba es el cobro de las llamadas guías ganaderas, cuya contraprestación se perdió con el paso a la autogestión digital.
La solución técnica propuesta por dirigentes locales es simple: derogar la Ley Provincial de Marcas y Señales de Córdoba para eliminar el cobro, y luego consensuar mecanismos de compensación para municipios que dependen de ese ingreso.
Desde la Mesa Federal de Carnes se pidió además agilizar líneas de crédito y facilitar instrumentos como las líneas a valor producto del Banco BICE.
La postura común es priorizar financiamiento, sanidad y logística antes que enfrentamientos por plataformas certificadoras que restan foco a problemas estructurales.
Para productores y frigoríficos el desafío inmediato es coordinar una transición ordenada hacia la trazabilidad requerida por la UE sin fracturar la cadena y sin transferir costos desigualitarios.
Si no hay una respuesta conjunta de gobierno, provincias e industria, el impacto en precios y acceso a mercados podría acentuar la fragmentación del sector.
