La discusión entre las principales entidades del campo por la plataforma de trazabilidad Visec tensó las relaciones internas entre sociedades rurales con representación en ambas organizaciones y reavivó el debate sobre quién administra datos sensibles del sector. La carta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) pidió a esas entidades que definan y formalicen su posición ante el Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para aclarar si acompañan o rechazan el respaldo de esa entidad a la iniciativa.
El documento, firmado por el presidente de Carsfe, Berardo Vignatti, y su secretario, Diego Alonso, advierte que hasta el momento no constaban objeciones públicas de las rurales que integran el Consejo Federal de la SRA. Carsfe solicitó además que, si las sociedades presentan un reclamo ante la SRA, envíen copia a la confederación para que la posición sea equitativa entre las dos entidades, tal como explicó Vignatti a LA NACION.
Qué es Visec y por qué genera controversia
Para la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), cuyo presidente es Gustavo Idígoras, la adhesión a Visec es voluntaria y responde a demandas de los compradores europeos que exigen trazabilidad y evidencia del cumplimiento de requisitos socioambientales. Idígoras sostuvo que el sistema surgió tras cinco años de trabajo entre actores de la cadena —productores, acopiadores, cooperativas, frigoríficos, la industria, la UBA y ONGs— y lo definió como “un sistema de gestión colectiva compartido”.
El núcleo del desacuerdo se focaliza en cómo acreditar que la soja y la carne vacuna cumplen con las exigencias de la Unión Europea, en especial las relacionadas con la deforestación y la trazabilidad de predios. Carsfe plantea objeciones sobre la administración de la información y la posibilidad de que datos que hoy gestionan organismos públicos pasen a manos privadas con potencial uso comercial, señalando registros como los de ARCA y las existencias del Senasa como particularmente sensibles.
Idígoras explicó que los compradores europeos traspasan a sus proveedores el pedido de información porque ellos enfrentan sanciones por incumplimientos, que, según afirmó, podrían rondar el 4 % de la facturación total de las empresas. También destacó que Visec superó múltiples auditorías de compradores europeos y que la decisión de ingresar a la plataforma “es absolutamente voluntaria”, además de ser gratuita para los productores, ya que los costos los asumirían los exportadores.
Presión comercial, datos sensibles y la elección del productor
En la práctica, Vignatti advirtió que la libertad de elegir plataforma se diluye cuando los compradores o los frigoríficos condicionan la operación, y relató que, en reuniones con industriales, le confirmaron que la instrucción de compra era aceptar solo Visec. Esa dinámica puede traducirse en impactos económicos concretos: Idígoras mencionó descuentos del 10 % en novillos y diferencias estimadas “entre $15 millones y $18 millones por jaula” en determinadas ventas, además de un descuento similar en operaciones con granos.
Carsfe sostiene que la herramienta impulsada por la provincia de Santa Fe permitiría contemplar usos permitidos por la normativa provincial aun en zonas con restricciones según la ley nacional de bosques, y aseguró que la provincia respalda que el Estado utilice la información que ya posee para garantizar el cumplimiento ante la Unión Europea. Según lo trasladado desde la provincia, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes estarían evaluando sumarse a la iniciativa provincial, lo que complejiza el mapa de soluciones posibles.
Desde el punto de vista operativo, más de 40.000 productores se habrían capacitado en el país mediante un programa diseñado con la UBA, mientras que otras iniciativas como Incagro y el trabajo del Ipcva buscaron informar y preparar al sector. Idígoras aseguró que “más del 99 % de los productores agrícolas argentinos está en condiciones de cumplir con la reglamentación europea”, lo que explica, en parte, la recomendación de algunos actores para sumarse a la plataforma.
El conflicto también remite a una disputa política y diplomática previa: la Argentina y una alianza de 77 países, entre ellos Estados Unidos, cuestionaron durante cinco años el Reglamento (UE) 2023/1115 y trabajaron para modificar o demorar su implementación antes de pasar a definir mecanismos prácticos de acreditación. Con esa etapa cerrada, las cámaras y exportadores concentraron esfuerzos en asegurar la continuidad de envíos y en cómo documentar el cumplimiento de la norma para no perder mercado.
Carsfe pidió a las sociedades rurales con representación en CRA y en la SRA que fijen claramente su posición sobre Visec y que formalicen cualquier disconformidad ante el Consejo Federal de la SRA. En la carta se solicitó además que, si las entidades presentan notas, envíen copia a Carsfe para evitar reclamos dirigidos solo a una de las organizaciones y garantizar equilibrio en la representación.
Vignatti puso el acento en la administración de datos de establecimientos, movimientos de hacienda y destinos y alertó sobre la ausencia de un único organismo estatal que concentre toda esa información. Su postura fue dejar en manos del productor la elección de la plataforma, al tiempo que reclamó que no se privatice información pública ni se permita un uso comercial sin controles claros.
La resolución del conflicto interno tendrá efectos sobre el acceso a un mercado clave y sobre la forma en que se regulan y gestionan datos sensibles del sector agroindustrial argentino. Para productores, acopiadores y exportadores, definir reglas claras de trazabilidad y responsabilidad en el manejo de la información será determinante para evitar pérdidas comerciales y conflictos entre entidades representativas del campo.
