La reforma de la ley de biocombustibles entró en un impasse en la Cámara de Diputados y postergó el despacho que se esperaba firmar este miércoles, según confirmaron fuentes parlamentarias a Palabra de Campo. Esta demora ocurre en un momento clave porque la norma impulsa cambios en la mezcla de combustibles y condiciona inversiones y empleos en plantas regionales y grandes aceiteras.
El punto de mayor tensión es la exigencia del bloque del PRO, que conduce Cristian Ritondo, para modificar el texto aprobado por el Senado y proteger a las pymes bonaerenses de biodiésel. El oficialismo optó por frenar la firma mientras busca acordar con su aliado, lo que reavivó la disputa entre cámaras empresarias con posiciones encontradas.
Para la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), su presidente Luis Zubizarreta reivindicó que el proyecto viene “listo para una rápida aprobación” y que no debe reabrirse la negociación. Zubizarreta argumenta que el texto ofrece un plazo de adaptación y generará competencia e inversiones que beneficiarían al consumidor y a la economía nacional.
En contrapunto, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) reclama cambios que aseguren la continuidad de las plantas regionales y propone elevar el corte para ampliar la demanda. Su director ejecutivo, Federico Martelli, advirtió que no hay motivos para concentrar el negocio en seis aceiteras y que la ley debe contemplar reglas previsibles para las pymes.
La tensión gira en torno a la apertura del mercado y la protección de las empresas no integradas durante la transición, una discusión que atraviesa a sectores del oficialismo, la UCR y otros bloques. En juego están la participación de las plantas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la zona de Bahía Blanca, y la distribución de la cadena de valor entre grandes integradas y productores regionales.
El proyecto obtuvo media sanción del Senado con 41 votos afirmativos y 25 negativos y propone un régimen de 15 años que modifica los porcentajes de mezcla en combustibles. En concreto, al año de sancionada la ley eleva la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil del 7,5 % al 10 % y la de bioetanol en las naftas del 12 % al 15 %, con una distribución de 6 puntos porcentuales para caña de azúcar y 6 puntos porcentuales para maíz.
La Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) adoptó una postura intermedia: acompañaría mejoras pero no quiere que la búsqueda de cambios termine bloqueando la ley. Su presidente, Marcelo Kusznierz, señaló que el texto mejoró respecto de la redacción original y que constituye el mínimo necesario para las empresas no integradas de Santa Fe.
Entre los productores de bioetanol existe la inquietud de que las diferencias por el biodiésel terminen frenando todo el proyecto, por lo que se baraja la posibilidad de separar capítulos para avanzar con lo consensuado. Esa alternativa intentaría preservar inversiones y certidumbre en un sector que ya mostró predisposición a acuerdos técnicos.
Qué está en juego para las pymes y la industria aceitera
Si la norma se aprueba tal como salió del Senado, las grandes aceiteras podrían ampliar su participación comercial frente a las plantas regionales que no están integradas verticalmente. Para Cepreb y otras cámaras pymes, eso implicaría riesgo de pérdida de mercado, cierre de plantas y concentración en pocos actores con impacto sobre el empleo local.
Ciara-CEC, que agrupa a la industria aceitera, cuestionó la demora en Diputados y pidió avanzar con la ley porque entiende que el acuerdo fue fruto de concesiones mutuas. Su presidente, Gustavo Idígoras, criticó el esquema vigente y consideró que la media sanción es el resultado de acuerdos entre todos los sectores y el Poder Ejecutivo.
La negociación parlamentaria deberá dirimir cómo articular una transición que combine competitividad, inversión y protección de fuentes laborales regionales sin crear incentivos para la concentración. El desafío técnico y político es diseñar un calendario y mecanismos de compensación o reserva de mercado que garanticen una competencia equilibrada.
Fuentes legislativas aseguran que los pedidos de modificaciones no se limitan a un solo bloque y que existen llamadas y reuniones en marcha para cerrar posiciones en los próximos días. Si no se alcanzan las firmas para el despacho, la iniciativa podría demorarse por semanas y comprometer el calendario de implementación previsto.
Más allá del conflicto puntual, la discusión expone la tensión entre una política energética que busca promover biocombustibles y la estructura industrial argentina, dominada por grandes grupos exportadores de granos y aceites. La resolución que adopten los diputados marcará la hoja de ruta para una industria estratégica que combina objetivos ambientales, soberanía energética y dinamismo regional.
En ese contexto, actores como Casfer advierten que acompañarán mejoras razonables, pero que no desean que la política y los intereses cruzados frenen el avance legislativo. El resultado del debate en Diputados será, en definitiva, una prueba de equilibrio entre protección de pymes, incentivos a la inversión y gobernabilidad política.
