La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) lanzó una nueva campaña en redes para alertar sobre los efectos que, según su visión, tendría la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91 sobre la autonomía de los productores.
La organización sostiene que la reforma de la Ley de Semillas pondría en riesgo el derecho histórico al uso propio de la semilla y encarecería los costos de producción para pequeños y medianos productores del interior.
En su video institucional, Apronor acusa que la medida no es una “modernización neutra” sino una transferencia de recursos desde los productores hacia las empresas semilleras, mediante un cobro más estricto de regalías.
Desde el sector que impulsa la reforma se argumenta lo contrario: que alinearse con UPOV 91 atraería inversiones y tecnologías y pondría a la normativa local en sintonía con grandes mercados internacionales.
Para Apronor, sin embargo, esos supuestos beneficios no llegarían al productor y se sumarían a otros costos estructurales que ya afectan al NOA, como los fletes altos y los DEXs que encarecen la producción.
El foco de la discusión: el uso propio
El debate central se concentra en el denominado uso propio, la práctica de reservar parte de la cosecha para resembrar sin pagar nuevas regalías por esa semilla.
La normativa actual en Argentina se apoya en principios cercanos a la UPOV 78, que permiten esa práctica, mientras que UPOV 91 refuerza los derechos de los obtentores y establece restricciones más amplias sobre la siembra de semillas conservadas por el productor.
Según Apronor, la limitación del uso propio afecta directamente la sustentabilidad económica de las chacras familiares y de menor escala, que basan parte de su estrategia productiva en esa práctica.
Los críticos advierten que el cambio podría favorecer la concentración del mercado de semillas en manos de pocas empresas y elevar la presión sobre cadenas de costo ya ajustadas.
Impacto económico y agenda pública
El punto que más preocupa a la entidad del Norte es que la reforma implique un aumento del gasto operativo a través de regalías y una mayor dependencia tecnológica de proveedores externos.
Además del costo directo, Apronor alerta sobre el riesgo de una “cartelización” del suministro de semillas, lo que reduciría la capacidad de negociación de los productores frente a las semilleras.
Desde la asociación insisten en que no rechazan la innovación, pero piden garantías para que los procesos tecnológicos no impliquen pérdida de derechos ni “expropiación silenciosa” de la renta del productor.
Con su campaña, Apronor busca volver a poner el tema en la agenda pública y acercar información técnica y práctica a quienes trabajan la tierra en el interior del país.
El debate sobre la Ley de Semillas promete ser uno de los ejes agropecuarios en los próximos meses, y su resultado tendrá efectos concretos sobre la economía rural, la inversión privada y la estructura del mercado de insumos.
