Las negociaciones salariales entre los sindicatos aceiteros y las empresas del complejo agroexportador no registraron avances en la última audiencia y mantienen la posibilidad de tensión a poco más de una semana del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. Las partes realizaron una nueva reunión virtual sin acuerdo y se convocaron a un encuentro presencial en la Secretaría de Trabajo, en un momento de máxima actividad en plantas y terminales portuarias por la cosecha gruesa.
La disputa salarial atraviesa un tramo crítico del calendario agrícola: la entrada masiva de granos a las plantas industriales y puertos del Gran Rosario y otros distritos exportadores. Las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sitúan la campaña 2025/26 entre las más importantes de los últimos años, con proyecciones que rondan los 50 millones de toneladas de soja y 68 millones de toneladas de maíz. Ese flujo de mercadería determina no solo la dinámica productiva sino también los volúmenes de divisas que el sector genera para la economía argentina.
Negociación estancada a días del vencimiento de la conciliación obligatoria
El conflicto se encendió a fines de mayo cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso anunciaron medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. La protesta fue suspendida cuando la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a las partes a negociar. Esa herramienta administrativa suspende momentáneamente las acciones colectivas para facilitar negociaciones, aunque no garantiza un acuerdo.
Según el sindicato, la audiencia virtual más reciente terminó sin una propuesta empresaria que satisficiera a los trabajadores. “No hubo respuesta, pero pasamos a una reunión presencial el día martes en la Secretaría de Trabajo en Buenos Aires, donde las empresas se comprometieron a llevar una propuesta”, dijo a la prensa Daniel Succi, secretario gremial del SOEA de San Lorenzo. El dirigente precisó que la conciliación obligatoria vence el 18 de junio a las 15.15, y evitó anticipar medidas de fuerza si no se avanza: “Nosotros lo que queremos es negociar. No amenazamos con paro”, señaló.
Las diferencias son numéricas y de mecanismo. Desde el SOEA sostienen que el aumento acordado a comienzos de año —un 12% según el gremio— quedó desactualizado frente a la suba de precios registrada en los primeros meses del año. Succi explicó que la inflación acumulada hasta abril consumió esa mejora inicial y que el reclamo formal es por un 20% adicional para recomponer salarios. Esa cifra se enmarca en la demanda por mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.
Por su parte, las cámaras empresarias del sector defendieron la oferta presentada en las conversaciones. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara-CEC) expresó que “la propuesta ya está sobre la mesa desde el primer día: dimos el 13,5% y la inflación aún no llegó. Una vez que la supere, se irán ajustando los salarios para cerrar el año sin pérdida de poder de compra salarial, pero sin adelantar inflación”. La entidad pidió a los gremios que presenten una contrapropuesta que se acerque al criterio habitual de indexación por inflación registrada por el INDEC.
Posturas y puntos de conflicto
– Reclamo sindical: los aceiteros sostienen que la pauta salarial anual se vio erosionada por la inflación y piden un 20% adicional que actualice los haberes en lo que resta del año. El sindicato argumenta que la mayor presión sobre salarios ocurre cuando los costos familiares suben de manera sostenida y que una recomposición es necesaria para evitar pérdida de poder adquisitivo.
– Propuesta empresarial: Ciara-CEC ofrece un aumento inicial del 13,5% con cláusulas de ajuste posteriores en función del comportamiento inflacionario oficial. Desde la cámara se advierte contra “adelantar” la inflación y se procura cerrar el año sin que los salarios queden por debajo del índice de precios.
– Mediación y plazos: la Secretaría de Trabajo interviene para hallar un camino intermedio antes de que se cumpla la conciliación obligatoria. La instancia administrativa obliga a las partes a continuar negociando, pero no impide que, ante la falta de acuerdo y finalizado ese plazo, se reanuden medidas de fuerza legales por parte de los sindicatos.
Las conversaciones reflejan una tensión clásica entre recomposición salarial por pérdida de poder adquisitivo y la intención empresarial de ajustar incrementos en línea con la inflación oficial. En el trasfondo, la negociación se produce en un sector estratégico para la economía argentina, lo que eleva la sensibilidad política y comercial de cualquier conflicto.
Riesgos para la cosecha, exportaciones y la generación de divisas
El complejo oleaginoso-cerealero es la principal fuente de divisas del país, y el Gran Rosario concentra la mayor capacidad de procesamiento de soja del mundo, además de ser el epicentro de la exportación de harina y aceite de soja, maíz y otros subproductos. Por ello, cualquier paro o medida disruptiva durante la etapa de mayor ingreso de granos puede afectar cadenas logísticas, calendarios de embarque y, en última instancia, la llegada de dólares al país.
En mayo, según reportes periodísticos basados en datos oficiales, la agroexportación ingresó divisas por US$2.677 millones, un aumento del 7% respecto del mes anterior y con un acumulado en el año que alcanzó los US$10.343 millones. Esos números subrayan la relevancia del sector para el abastecimiento de divisas en un contexto macroeconómico complejo.
Las empresas del sector y el Gobierno suelen seguir con atención cualquier conflicto laboral en las plantas y terminales portuarias durante la cosecha. Las operaciones de descarga, procesamiento y despacho de granos se concentran en ventanas de tiempo definidas por la calidad de la mercadería, la ocupación de silos y la disponibilidad de slots en terminales y buques. Una paralización, aunque sea temporal, puede generar cuellos de botella que se traducen en demoras de embarques y costos logísticos adicionales.
Además del efecto operativo, existen riesgos comerciales. Demoras sostenidas podrían afectar contratos de exportación y relaciones con compradores internacionales, con potenciales sanciones o renegociaciones de precios. También se intensifica la presión política, ya que el Gobierno suele intervenir para evitar perturbaciones relevantes en la cadena de cobro de divisas.
Medidas preventivas, como la continuidad de las negociaciones bajo la mediación estatal, buscan minimizar esos impactos. En este contexto, la Secretaría de Trabajo actúa como garante de que las partes mantengan el diálogo y presenten propuestas formales antes del vencimiento de la conciliación.
La negociación también tiene un componente local: el cordón industrial del Gran Rosario concentra fuerzas laborales especializadas y una estructura productiva integrada que incluye puertos, elevadores, plantas industriales y servicios asociados. Mantener la paz social en esa región es clave para la normalidad operativa de la campaña gruesa.
Actores económicos y expectativas
Más allá de las posiciones públicas, inversores, exportadores y empresas de logística observan las conversaciones con cautela. Un acuerdo permitirá a las plantas seguir operando con normalidad en los próximos meses; la falta de entendimiento podría forzar medidas de carácter preventivo por parte de compañías y autoridades, como la reprogramación de turnos o la búsqueda de alternativas logísticas.
Cualquier acuerdo también marcará un precedente para otras paritarias del sector agroindustrial y para negociaciones en áreas con dinámicas estacionales similares. La forma en que se combine una recomposición salarial con ajustes por inflación será un punto de referencia para futuras negociaciones.
Las partes volverán a encontrarse en la Secretaría de Trabajo en busca de una propuesta formal que permita destrabar la discusión antes del 18 de junio, fecha en la que vence la conciliación obligatoria. Hasta entonces, el diálogo continuará siendo la herramienta principal para evitar que una disputa salarial derive en una perturbación mayor durante el pico de la campaña agrícola. En los próximos días, sindicatos, empresas y autoridades medirán alternativas y buscarán compatibilizar reclamos laborales con la necesidad de preservar el flujo de mercadería y divisas que sostiene buena parte de la economía nacional.
