La controversia por el proyecto que propone incorporar la figura del ecocidio al Código Penal volvió a encender alarmas en la agroindustria argentina, pese a la retractación pública del oficialismo. Copal y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) enviaron una carta dura al Senado advirtiendo sobre riesgos jurídicos, productivos y económicos si la iniciativa se aprueba en los términos actuales.
El reclamo, firmado por Carla Martín Bonito (Copal) y Gustavo Idígoras (CAA), pone el foco en la técnica legislativa del proyecto impulsado por la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) y en las consecuencias operativas para actividades agrícolas, forestales, ganaderas, mineras e industriales. La carta pide que el expediente vuelva a comisión para abrir un debate técnico que incluya criterios científicos y garantías de seguridad jurídica.
Más allá de que la líder de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que su espacio ya no respalda el dictamen, las principales cadenas productivas decidieron redoblar la presión para evitar que el texto recicle su redacción. La inquietud del sector radica en que la iniciativa, según las entidades, consagra conceptos abiertos que podrían convertirse en herramientas de coerción judicial.
Uno de los reproches centrales es que el proyecto vulnera el principio de taxatividad penal, al utilizar definiciones amplias que dejan margen a interpretaciones diversas por parte de jueces. En la práctica, advierten, la violación de una «simple resolución administrativa» o de una ordenanza municipal podría llegar a configurar un delito federal con consecuencias penales severas.
Qué preocupa a la agroindustria y por qué
Copal y el CAA cuestionan además la incorporación de nociones jurídicas vagas como «daño especialmente grave», «deterioros severos» o «extensión espacial», que no van acompañadas de umbrales cuantitativos ni estándares técnicos objetivos. Esa indefinición, sostienen, puede terminar criminalizando actividades hoy autorizadas por la normativa ambiental vigente y por las autoridades competentes.
Otro punto clave es la remediación: el proyecto contempla que el daño ambiental irreversible se configura independientemente de las acciones correctivas posteriores, lo que eliminaría el valor jurídico de inversiones en reparación. Según las entidades, esa lógica desincentiva proyectos de mitigación y puede ahuyentar inversiones destinadas a recomponer áreas afectadas.
En materia de sanciones, el texto propone penas de 3 a 10 años para daños especialmente graves y de 5 a 15 años cuando esos daños se consideren irreversibles, con penas de hasta 25 años si el hecho provoca muertes. La carta advierte además sobre la figura del ecocidio culposo, que habilitaría responsabilidad penal por imprudencia, negligencia o impericia y podría alcanzar a directivos y técnicos por contingencias no intencionales.
Para las personas jurídicas, preocupa el esquema de multas calculadas en porcentaje del capital social, que podría provocar una situación de quiebra técnica inmediata antes de que exista una sentencia firme. Las organizaciones sostienen que ese régimen no respeta la proporcionalidad y transforma sanciones administrativas en castigos económicos de efecto devastador.
Riesgos institucionales y próximos pasos
Las entidades alertan también sobre el uso político y judicial de la figura del ecocidio, ya que grupos ambientalistas podrían transformar narrativas ideológicas en denuncias penales con herramientas como clausuras preventivas y embargos. Frente a ese escenario, solicitaron que el Senado no trate el dictamen en el recinto y se abra un debate interdisciplinario y con base científica.
El conflicto tiene implicancias prácticas para la cadena de pagos, el empleo rural y la capacidad de exportación de productos agroindustriales, sectores que representan una porción significativa de la economía nacional. Por eso, desde Copal y el CAA reclaman reglas claras que permitan conciliar la protección ambiental con la seguridad jurídica y la continuidad productiva.
En la discusión técnica que proponen las entidades deberían incluirse definiciones operativas, umbrales cuantitativos, protocolos de evaluación de impacto y criterios objetivos para valorar las medidas de remediación. Esa salida, plantean, sería la que evitaría que la figura del ecocidio se convierta en una amenaza para la inversión y el empleo sin aportar seguridad ambiental adicional.
El Senado ahora enfrenta la tensión de una propuesta que busca mayores herramientas penales para proteger el ambiente y, al mismo tiempo, las críticas por una redacción que podría paralizar actividades estratégicas. La decisión sobre si el expediente vuelve a comisión o avanza en el recinto marcará en los próximos meses si prima la prudencia técnica o la urgencia política en la regulación del daño ambiental.
