STIA abre la puerta a la negociación tras la suspensión de 269 despidos en la planta La Chía

El sindicato de trabajadores de la industria de la alimentación STIA formalizó una presentación luego de la audiencia de conciliación que frenó de manera momentánea los 269 despidos comunicados por la empresa. La medida abre un proceso de negociación y plantea la evaluación de la responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de los socios gestores y accionistas mayoritarios.

La conciliación obligatoria, dictada por la autoridad laboral, obligó a las partes a sentarse bajo un marco legal regulado y a restituir la situación al estado previo a los despidos. Como resultado, la empresa acató la conciliación y los trabajadores permanecen registrados laboralmente, con cobertura de ART, mientras se espera una nueva audiencia el 28 de agosto.

Qué exige el sindicato y por qué importa

El reclamo central del STIA es que se evalúe la posibilidad de hacer responder patrimonialmente a los directivos y accionistas con su patrimonio personal ante el impacto de las desvinculaciones. Esa estrategia judicial busca evitar que las obligaciones laborales queden sin efecto por maniobras societarias y pretende usar herramientas previstas en la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial y el Pacto Federal del Trabajo.

Además de la responsabilidad, el sindicato cuestionó la aplicación por parte de la empresa del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que propone el pago de hasta el 50 % de la indemnización. Para el gremio la crisis no sería un problema general del sector avícola sino una situación particular de la empresa, derivada de decisiones empresariales cuya consecuencia no debe trasladarse íntegramente a las y los trabajadores.

Alternativas para reactivar la planta y certezas sobre su capacidad

El STIA llevó a la audiencia propuestas concretas para facilitar una reapertura parcial de la planta La Chía, ubicada en Concepción del Uruguay, con el objetivo de preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Entre las alternativas figuran esquemas de funcionamiento con dotaciones menores y ruedas de retiros voluntarios, siempre condicionados a que la empresa pruebe su capacidad para sostener la operación.

El sindicato enfatizó que la fábrica está en condiciones técnicas de volver a producir y mencionó una capacidad referencial de 220.000 pollos por día, con certificaciones para exportar, lo que implica que la planta podría reactivarse rápidamente si existe voluntad inversora. No obstante, STIA aclaró que esa posibilidad es una apreciación gremial y que debe evaluarse la viabilidad económica real antes de cualquier reubicación laboral masiva.

Otra demanda puntual del gremio fue conocer el trasfondo de los despidos y si esos recortes formaron parte de reestructuraciones pactadas con potenciales inversores. El sindicato pidió precisiones sobre eventuales condicionamientos que hayan fundamentado las desvinculaciones para evitar que decisiones estratégicas se descarguen sobre las y los empleados.

El STIA planteó también la necesidad urgente de resolver la situación económica de los trabajadores, exigiendo pagos inmediatos de salarios adeudados como condición mínima para proseguir las negociaciones. Según el secretario general del STIA filial Concepción del Uruguay, Julio Chamorro, la planta acumulaba aproximadamente 4 meses de salarios impagos al momento de la audiencia, lo que agrava la emergencia social en la región.

Impacto regional y posibles efectos jurídicos

La suspensión de los 269 despidos y la discusión sobre la responsabilidad de socios y directivos tienen implicaciones que exceden a la planta y alcanzan a la matriz productiva del departamento y proveedores locales. En una zona con alta dependencia del polo avícola, una caída sostenida de la actividad puede provocar efectos multiplicadores en transporte, insumos y servicios vinculados al proceso productivo.

En términos jurídicos, avanzar en la reclamación de responsabilidad patrimonial individual y subsidiaria podría sentar un precedente que modifique la percepción de riesgo para inversionistas y gestores en el sector. La demanda busca que, ante decisiones empresariales que provoquen perjuicios laborales, existan vías efectivas para la reparación, lo que podría endurecer la fiscalización sobre estructuras societarias que busquen limitar pasivos laborales.

Qué sigue: la autoridad laboral fijó una nueva audiencia para el 28 de agosto y el sindicato espera avances concretos en materia de pagos y propuestas de reactivación. Mientras tanto, la comunidad laboral y los actores locales estarán atentos a una resolución que combine garantías legales para los trabajadores con soluciones operativas que viabilicen la continuidad de la planta.

La situación de La Chía se transforma en un caso testigo para la industria avícola y para las políticas laborales en contextos de crisis empresarial, por lo que su seguimiento resulta clave tanto para trabajadores como para empresarios y autoridades. Palabra de Campo seguirá informando la evolución del conflicto y las propuestas que se asienten en la próxima audiencia.