Un productor de la zona de El Dorado, entre Vedia y Lincoln, denunció el robo de 23 terneros que estaban listos para el destete y la vacunación contra la fiebre aftosa.
El hecho, ocurrido el último día de abril, dejó al productor Juan Carlos Loliscio con una pérdida estimada en 25 millones de pesos y un impacto emocional que lo llevó a considerar abandonar la actividad.
El vandalismo rural en debate
El abigeato y el llamado vandalismo rural se consolidan como un tema central en la agenda del campo y motivan un proyecto parlamentario para endurecer penas.
Productores y entidades sostienen que la inseguridad rural afecta la producción ganadera y la economía de las explotaciones familiares y de menor escala.
En un caso similar en la región, el productor juninense Gabriel Racca detectó la falta de 52 terneros de un rodeo de poco más de 250 cabezas, con animales que pesaban entre 220 y 280 kilos.
Tras dos allanamientos realizados por la Patrulla Rural, Racca recuperó 49 cabezas en un feedlot de Carlos Tejedor, aunque el ganado permanece en guarda judicial.
Otro productor, Juan Carlos Llames Massini, denunció la desaparición de 13 vaquillonas Hereford de un rodeo de 116 cabezas, en un campo de 1.300 hectáreas dedicado a agricultura y cría.
Los productores realizaron búsquedas con drones y reclaman mayor presencia policial en una zona que describen como “casi desprotegida”.
La carátula que no alcanza
Una constante en estos casos es la carátula judicial: muchas denuncias ingresan como “averiguación de ilícito” en lugar de abigeato, lo que cambia la línea de investigación y los recursos asignados.
El abogado Franco López Andreoli explicó que la figura de abigeato supone la investigación de un robo de hacienda con fines económicos y suele implicar la sospecha de una organización detrás del hecho.
Las vaquillonas denunciadas en uno de los casos tenían alrededor de 2 años, pesaban entre 360 y 380 kilos y suvaluación representaba entre 20 y 25 millones de pesos para el productor afectado.
Según el abogado, la pena mínima por abigeato es más alta que la de delitos como la estafa, porque se presume la logística y la planificación previa de los delincuentes.
Consecuencias económicas y humanas
Más allá del valor económico, los damnificados relatan el desgaste anímico, noches sin dormir y la frustración de realizar trámites que no siempre prosperan, además de costos logísticos como fletes.
Un productor contó que tuvo que pagar cerca de 1,5 millones de pesos por el traslado de animales a otro feedlot mientras espera resolver la situación jurídica y productiva.
Para la cadena ganadera, estos robos implican pérdida de inventario, interrupciones en los planes de destete y mayores costos de reposición que impactan la rentabilidad local.
Las sociedades rurales de la zona registran casos con frecuencia y denuncian que muchas situaciones no terminan en denuncias formales por la sensación de falta de respuesta.
Productores consultados coinciden en que la sensación de vulnerabilidad altera decisiones productivas y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad rural.
Desde las organizaciones del campo piden medidas concretas: más controles en rutas secundarias, registros de transporte de hacienda, intercambio de información entre municipios y mayores recursos para las brigadas rurales.
El debate legislativo y las acciones policiales recientes muestran una creciente visibilidad del problema, pero los productores reclaman celeridad y soluciones sostenibles en el tiempo.
Mientras tanto, casos como el de Loliscio, Racca y Llames Massini ratifican que el robo de hacienda sigue siendo un factor de riesgo para la producción ganadera y la economía rural argentina.
