El próximo miércoles se definirá el futuro de la ley de biocombustibles en el Senado, cuando se busque firmar un dictamen que envíe el proyecto al recinto para su tratamiento final.
La iniciativa oficial, impulsada a nivel técnico por la senadora Patricia Bullrich, compite con otras seis propuestas que llegaron al debate en comisión pero que hoy tienen menos chances de avanzar.
En líneas generales hay consenso sobre el bioetanol, pero la discusión se calienta en torno al biodiésel por la disputa entre las PyMEs regionales y las grandes empresas agroexportadoras.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) advirtió que el proyecto oficial genera una “profunda injusticia” porque, según su lectura, favorecería a la industria aceitera concentrada en Santa Fe.
El malestar de las PyMEs del biodiésel
La normativa vigente actualmente prohíbe a las grandes empresas aceiteras participar en el mercado interno de biodiésel y las limita a exportar su producción al exterior.
Ese blindaje llegó cuando las exportaciones eran una vía natural para el sector, pero la caída de esos mercados por barreras paraarancelarias empujó a las grandes plantas a reclamar acceso al mercado local.
Para las plantas regionales, la apertura equivale a una competencia desigual ya que las firmas integradas al complejo aceitero del Gran Rosario cuentan con acceso inmediato a materia prima, logística y puertos.
La CEPREB sostiene que el proyecto oficial introduce una segmentación que en los hechos favorecería la concentración productiva en torno al polo agroexportador del Gran Rosario y dañaría la industria federal.
La “falsa” segmentación según la CEPREB
En el texto en discusión se propone distinguir entre empresas “integradas” y “no integradas”, un criterio que las pymes califican de falso porque no captura la ventaja real que significa la localización.
Una planta “no integrada” puede estar dentro del mismo complejo aceitero o conectada por cañerías, acceso que no puede ser replicado por una fábrica ubicada a cientos de kilómetros.
Ese diseño, advierten desde la CEPREB, genera un incentivo perverso: para mantener cierta protección, una empresa debería evitar integrarse y por tanto desistir de invertir y agregar valor.
Ese resultado va en sentido contrario a las políticas públicas que buscan promover inversión privada, crecimiento productivo y generación de empleo en las provincias del interior.
Competitividad, inversiones y seguridad jurídica
La CEPREB afirma que no pide mantener el régimen actual con beneficios automáticos ni cupos individuales, sino competencias entre empresas con condiciones estructurales comparables.
Apela a que el mismo principio que preserva segmentos distintos para el bioetanol de caña y de maíz sea aplicado al biodiésel, reconociendo la regionalidad como elemento definitorio.
Además recuerdan que la Ley 27.640 vigentes fue diseñada con horizonte hasta el año 2030 y que sobre esa base se hicieron inversiones y compromisos financieros en distintas provincias.
Modificar las reglas sin mecanismos de transición, sostienen, afectaría la seguridad jurídica y la confianza necesaria para que vuelvan a fluir inversiones a largo plazo hacia el interior del país.
El debate que viene no es solo técnico sino político porque define quién produce valor y dónde se generan empleos vinculados al biodiésel en Argentina.
En los próximos días habrá que prestar atención a las indicaciones de comisión, las enmiendas que propongan segmentaciones por regiones y las señales que el Congreso envíe sobre previsibilidad para la inversión.
Si el dictamen acompaña una visión de competencia regional, podría mantenerse un esquema productivo distribuido; si prevalece la postura de apertura sin compensaciones, la industria regional corre riesgo de concentración.
Para productores, transportistas y gobernadores provinciales la decisión tendrá impacto directo en puestos de trabajo, encadenamientos locales y en la dinámica de sustitución de importaciones del sector energético.
