Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su “profunda preocupación” por el proyecto que incorpora la figura del ecocidio al Código Penal y que obtuvo dictamen favorable en junio pasado en comisiones del Senado.
La iniciativa podría ser tratada en la próxima sesión legislativa y abrió un debate sobre el alcance penal de las conductas con impacto ambiental.
Desde CRA se reconoció que la protección del ambiente es un objetivo irrenunciable y una responsabilidad colectiva.
No obstante, la entidad advirtió que la propuesta, tal como está redactada, genera incertidumbre, discrecionalidad y riesgos de conflictividad judicial.
El proyecto incorpora términos sin parámetros objetivos como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” y “afectación multiecosistémica”, según el reclamo de los productores.
Además, la redacción remite definiciones a normas nacionales, provinciales o municipales, lo que configura una posible ley penal en blanco con consecuencias desiguales por jurisdicción.
Riesgos jurídicos y tensión con garantías constitucionales
CRA sostiene que la indeterminación normativa vulnera el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y debilita la previsibilidad frente al poder punitivo del Estado.
La organización advierte que sanciones amplias y definiciones vagas pueden exponer a productores, empresas, trabajadores y funcionarios a procesos penales por decisiones tomadas en el marco de actividades reguladas.
El sector recuerda que la Argentina cuenta con un entramado normativo para la protección ambiental, que incluye la Ley General del Ambiente y la Ley de Residuos Peligrosos, además de normas provinciales.
Para CRA, el verdadero desafío es hacer cumplir eficazmente la legislación vigente antes de generar nuevos tipos penales con definiciones ambiguas.
Impacto económico y productivo además del agro
La confederación advierte que la figura del ecocidio no solo alcanzaría al agro, sino también a la industria, la minería, la energía, la infraestructura y el transporte.
Según la entidad, la posibilidad de sanciones penales sobre actividades lícitas y reguladas puede paralizar inversiones, desalentar la producción y promover una judicialización permanente de la actividad económica.
Los productores sostienen que el sector agropecuario cumple controles, permisos y realiza inversiones constantes para mejorar prácticas productivas y reducir riesgos ambientales.
La amenaza de sanciones desproporcionadas, subrayan, impacta en la seguridad jurídica necesaria para sostener proyectos productivos y empleo en las economías regionales.
Qué piden CRA y el camino posible
CRA solicitó a los legisladores que analicen el proyecto con responsabilidad institucional y rigor técnico, respetando los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley.
La entidad reclama revisar integralmente el texto y postergar su avance hasta garantizar definiciones precisas que no abran puertas a interpretaciones arbitrarias.
Como alternativas, las voces del sector enfatizan la necesidad de políticas públicas concretas: controles eficaces, planificación territorial, educación ambiental, inversión y mayor fiscalización.
Según CRA, fortalecer esos instrumentos preserva el ambiente sin ampliar de forma discrecional el poder punitivo del Estado ni condicionar el desarrollo productivo.
El debate en el Congreso que se avecina pondrá en tensión la protección ambiental y la demanda por seguridad jurídica, con impactos que trascienden el mundo rural.
La decisión final deberá equilibrar la ambición de prevenir daños ambientales graves con la exigencia de normas claras que permitan invertir y producir con previsibilidad.
