El predio judicializado que perteneció a Austral Construcciones —la empresa de Lázaro Báez involucrada en el caso de corrupción que alcanzó a dirigentes nacionales— fue reconvertido y hoy aloja los primeros módulos móviles de hidroponía inaugurados en El Calafate. Esta transformación combina una apuesta productiva con objetivos de empleabilidad y seguridad alimentaria en una provincia que busca reducir su dependencia de insumos que llegan desde otras regiones.
El sitio, ocupado entre 2004 y 2015 por la constructora que actuó como contratista de obras públicas, llegó al centro del escándalo que derivó en la imputación de 14 personas y medidas judiciales que incluyeron prisión domiciliaria para figuras de la causa. La nueva gestión pública lo destinó al Polo Industrial y Comercial administrado por la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U., impulsada por el gobernador Claudio Vidal.
En el acto de inauguración se presentó un lote inicial de módulos hidropónicos fabricados en el mismo predio, pensados para operar en distintos espacios comunitarios de la provincia y abastecer comedores y mercados locales. Gustavo Sívoli, presidente de la empresa estatal, destacó que los módulos se entregaron “completamente equipados” y listos para funcionar, con medidas adaptadas al uso comunitario.
Según la compañía, cada módulo tiene seis metros por 2,50 y fue diseñado para optimizar el espacio sin perder capacidad productiva, además de ofrecer variantes con paneles solares. Manuel Gil, gerente de Desarrollo e Innovación, precisó que el diseño busca ser adaptable al clima patagónico y a las necesidades de pequeños productores y cooperativas.
Las especificaciones técnicas señalan que cada unidad cuenta con dos mesadas y puede producir 350 plantas cada 60 días, mientras que las mesadas incluyen 28 bandejas para producción de follaje, con una germinación estimada entre 20 a 25 días. El paquete comercial se entrega como sistema llave en mano e incluye iluminación LED, calefactor industrial, extractor, sistema NFT, sustratos y dos tanques de 200 litros para la solución nutritiva.
La empresa asegura que, con el equipamiento y la capacitación, la producción puede ponerse en marcha en un plazo de entre seis a ocho meses desde la instalación, y que las configuraciones se ajustan según la demanda de cada comunidad. El costo informado para cada módulo fue de US$ 18.000, de los cuales la provincia adquirió inicialmente cinco unidades destinadas a cooperativas y comedores comunitarios.
Cómo funcionan los módulos y a quiénes están destinados
El diseño modular y metálico permite el traslado y el acople de las unidades para su reubicación según necesidades, lo que facilita la puesta en marcha en barrios periféricos donde la tierra cultivable es escasa. Además de la provisión de equipos, la empresa incluyó programas de capacitación dirigidos a cooperativas y grupos vecinales que operarán los módulos en distintos puntos de la provincia.
Una de las beneficiarias es Josefina del Valle Picó Martínez, quien opera un módulo instalado en el Centro Integrado Belén, cerca del barrio Madres a la Lucha en Río Gallegos, y forma parte de la cooperativa en formación llamada Verde Infinito. Josefina, madre soltera de tres hijas, contó que es la primera vez que consigue un empleo formal y que la actividad le permite mejorar la alimentación familiar y generar ingresos estables.
Desde la provincia defienden la iniciativa como una herramienta para fortalecer la producción local de alimentos y reducir la dependencia de productos que hoy provienen de otras jurisdicciones, con la expectativa de que los módulos puedan abastecer el Mercado Central instalado en el predio ex Austral. El gobernador Vidal vinculó el proyecto a una política más amplia de promoción productiva y creación de empleo en zonas urbanas y periurbanas.
Complementos productivos: planta de balanceado y siembras experimentales
En paralelo, en el mismo predio se está montando una planta para producir alimento balanceado que utiliza cosechas locales, una iniciativa impulsada con ensayos de AgroCalafate y la Estancia Alice, cerca del glaciar, y con siembras de trigo en Perito Moreno coordinadas por el Consejo Agrario Provincial y el INTA. Estas acciones buscan articular producción vegetal y agroindustrial para agregar valor dentro de la provincia e impulsar cadenas cortas de comercialización.
Los impulsores del proyecto sostienen que la concentración de tecnologías, capacitación y asociación local puede generar empleo, movimiento económico y desarrollo territorial, al tiempo que recicla un predio con pasado judicial hacia fines productivos y sociales. En ese sentido, fuentes oficiales subrayan la necesidad de evaluar resultados y garantizar transparencia en la gestión de bienes públicos reutilizados.
La experiencia en Santa Cruz será observada con atención por otros gobiernos provinciales que enfrentan desafíos similares de abastecimiento y desarrollo local, sobre todo en regiones con limitaciones climáticas y logísticas como la Patagonia. Si el modelo se sostiene en tiempo y escala, podría convertirse en un caso testigo de cómo tecnología, formación y políticas públicas se combinan para mejorar la seguridad alimentaria y la inclusión laboral en territorios periféricos.
