La retirada de las firmas de los senadores de La Libertad Avanza puso en pausa un proyecto que buscaba incorporar el delito de ecocidio al Código Penal, tras fuertes objeciones del sector agropecuario y productivo. La decisión se conoció después de advertencias sobre los posibles efectos sobre inversiones, actividad económica y seguridad jurídica en el campo.
La iniciativa había contemplado penas de hasta 25 años en casos extremos, lo que alimentó el debate público y político sobre su alcance y definición. Frente a la controversia, los senadores que habían acompañado el dictamen optaron finalmente por retirar su firma y abrir un nuevo período de diálogo.
La medida generó sorpresa por el respaldo inicial de figuras vinculadas al sector agropecuario, entre ellas la dirigente Patricia Bullrich, quien confirmó que el oficialismo decidió dar marcha atrás. Bullrich explicó que la idea es revisar el texto y volver a trabajar la iniciativa junto con los actores afectados antes de promover un nuevo proyecto.
El proyecto había obtenido dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero la difusión del texto completo desató críticas inmediatas. La tensión se concentró en la combinación de penas máximas, la inclusión de conductas por imprudencia, negligencia o impericia y la eventual responsabilidad penal de empresas.
Entre los firmantes originales figuraban la propia Bullrich y senadores libertarios como Juan Carlos Pagotto, Romina Almeida y Bartolomé Abdala, además de legisladores del PRO y fuerzas provinciales. La senadora santafesina Carolina Losada se mostró en disidencia y, junto a otras voces, advirtió sobre la falta de precisiones técnicas del texto.
“Ya sacamos las firmas de la iniciativa de ecocidio. Al mediodía no queda ninguna de LLA”, declaró Bullrich y anunció que elevarán nuevamente el proyecto tras un proceso de consulta con los sectores productivos. La intención oficial es evitar efectos no deseados sobre la producción mientras se preserva la posibilidad de sancionar delitos ambientales graves.
Qué dice el proyecto de ley
La iniciativa, impulsada por la senadora Edith Terenzi, proponía crear un nuevo Título XIV en el Código Penal denominado “Delitos contra el ambiente” e introducir la figura del ecocidio para daños especialmente graves o irreversibles. En los fundamentos la autora sostuvo que el derecho penal debe ofrecer una respuesta más clara frente a la degradación de los ecosistemas.
En el texto se buscó aclarar que la medida no afectaría a la actividad productiva normal y que estaba pensada para sancionar hechos como incendios forestales intencionales con sentencia firme. No obstante, esa aclaración no alcanzó a calmar a los sectores rurales que reclamaron definiciones legales más precisas.
Las sanciones previstas contemplaban, en caso de muerte como consecuencia del delito, penas de prisión de 5 a 25 años, y establecían que si el resultado fuera la muerte de dos o más personas el mínimo de la pena se elevaría a 10 años. Para daños “especialmente graves, extensos y duraderos” la pena oscilaba entre 3 a 10 años, y cuando el daño fuera irreversible aumentaba a 5 a 15 años.
Uno de los puntos que más inquietó a productores y cámaras fue que el delito podía configurarse por conductas no solo intencionales sino también por imprudencia, negligencia o impericia, lo que abre la puerta a interpretaciones amplias. Además, la propuesta preveía responsabilidad penal y sanciones administrativas para empresas, incluyendo multas, suspensión de actividades y restricciones para contratar con el Estado.
Reacción del campo y próximos pasos
Las críticas vinieron en especial desde la Federación de Acopiadores de Granos y la Sociedad Rural Argentina, que señalaron la vaguedad de conceptos como “daño ambiental irreversible” y alertaron sobre el riesgo de arbitrariedades judiciales. La SRA anunció que haría “todo lo posible” para impedir el tratamiento del proyecto en el recinto ante la percepción de inseguridad jurídica y amenaza a las inversiones.
El debate no es solo legal sino también económico y climático, porque las normas penales pueden afectar decisiones de inversión, adopción de tecnología y manejo del riesgo en zonas rurales. Productores y asesores técnicos advierten sobre la posibilidad de que errores operativos o incendios fortuitos terminen en causas penales si no se establecen umbrales claros de responsabilidad.
En la práctica, el desafío de fondo pasa por definir criterios técnicos, umbrales de daño y estándares de prueba que permitan distinguir entre delitos ambientales intencionales y contingencias propias de la actividad productiva. Para eso se requerirán mayor participación de especialistas, peritajes ambientales y reglas que eviten la criminalización de la gestión productiva responsable.
La decisión del oficialismo de retroceder y abrir diálogo con los sectores productivos busca, según sus voceros, construir una norma más acotada y consensuada que proteja el ambiente sin perjudicar la actividad económica. El resultado de ese proceso determinará si el nuevo proyecto logra un equilibrio viable entre sancionar delitos ambientales graves y garantizar certidumbre para las comunidades rurales y la cadena agroindustrial.
