Tras casi seis años de concurso, la disputa por el control de Vicentin entra en su recta final. Tanto el grupo Grassi como el consorcio Molinos Agro–Louis Dreyfus aseguran haber alcanzado las mayorías exigidas por la Justicia.
El caso Vicentin sumó un nuevo capítulo decisivo. A pocas horas de que venciera el plazo judicial para la presentación de adhesiones, tanto el Grupo Grassi como el consorcio integrado por Molinos Agro S.A. y Louis Dreyfus Company (LDC) informaron haber superado las mayorías requeridas para hacerse con el control de la histórica cerealera santafesina.
El anuncio abre un escenario de definición en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, quien deberá verificar los respaldos y determinar cuál de las propuestas se homologará en el marco del proceso de cram down que rige desde hace más de un año.
Dos propuestas que aseguran haber ganado
El Grupo Grassi, con sede en Rosario, comunicó haber alcanzado “más del 70 % de los acreedores” y “más del 80 % del capital verificado”. En su escrito, pidió la declaración de existencia del acuerdo, su homologación y la transferencia inmediata de las acciones de Vicentin bajo su control.
Según la empresa, su propuesta se apoya en un esquema de conversión de créditos, participación vía fideicomisos y un plan de saneamiento operativo orientado a restablecer la capacidad productiva de la compañía sin depender de capital extranjero.
Pocas horas después, Molinos Agro y Louis Dreyfus Company respondieron con un comunicado conjunto en el que aseguraron haber alcanzado 1.180 adhesiones y los dos tercios del capital de acreedores legítimos en cada una de las categorías.
“Los acreedores legítimos de Vicentin se han expedido de manera contundente en apoyo de nuestra propuesta, alcanzando casi el 70 % de conformidades y sin que exista riesgo alguno de quiebra”, indicaron ambas empresas.
El texto también agradeció el apoyo de los acreedores locales (incluida la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA), de los bancos internacionales —entre ellos IFC, Bank of America y Crédit Agricole (CACIB)—, así como de la comunidad de Avellaneda y Reconquista, donde la cerealera tiene su sede histórica.
El contexto del concurso
El derrotero judicial de Vicentin comenzó en diciembre de 2019, cuando la firma declaró cesación de pagos con pasivos superiores a 1.300 millones de dólares. Desde entonces, el proceso atravesó múltiples intentos de reestructuración y la intervención de diversos oferentes, hasta que el juez Lorenzini abrió la instancia de cram down, contemplada por la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras.
En esta etapa, cualquier interesado puede presentar un plan de salvataje y, si logra la adhesión de la mitad más uno de los acreedores y dos tercios del capital verificado, puede adjudicarse la compañía.
Durante 2024 y 2025, el proceso tomó un giro competitivo entre el grupo nacional Grassi y el consorcio integrado por Molinos Agro y LDC, ambos con sólidas estructuras financieras y capacidad exportadora.
Molinos Agro y LDC: “Compromiso con la transparencia y la continuidad”
En su declaración pública, las compañías remarcaron que su objetivo es garantizar la transparencia del proceso y asegurar la continuidad operativa de Vicentin. También reiteraron su compromiso con los empleados y acreedores, y plantearon la idea de una “Nueva Vicentin” bajo la conducción de Molinos Agro y Louis Dreyfus, con el apoyo de la Unión Agrícola de Avellaneda.
Molinos Agro, nacida en 2016 tras la escisión de Molinos Río de la Plata, se dedica a la industrialización y comercialización de productos agrícolas a granel. Más del 90 % de su producción se destina a la exportación, alcanzando casi 50 mercados internacionales. La compañía participa con el 5 % del comercio mundial de harina de soja y el 4 % del aceite de soja crudo y desgomado, lo que la posiciona entre los principales exportadores del país.
Louis Dreyfus Company, por su parte, es una de las grandes comercializadoras globales de commodities agrícolas. Fundada en 1851, opera en más de 100 países y participa en la originación, procesamiento y transporte de unas 95 millones de toneladas de productos agroindustriales por año, alimentando y vistiendo a cerca de 500 millones de personas.
Las impugnaciones y el papel del juez Lorenzini
Pese a los anuncios, la disputa no está cerrada. Los equipos legales de cada oferente presentaron observaciones cruzadas sobre la validez de ciertas adhesiones y créditos.
Molinos y LDC impugnaron algunos avales vinculados al Grupo Grassi, mientras este último advirtió sobre maniobras que podrían distorsionar el cómputo de mayorías.
El juez Lorenzini deberá verificar la legitimidad de los avales, definir qué acreencias son válidas y determinar cuál de los dos grupos cumple efectivamente con las condiciones del cram down. Hasta entonces, ninguna de las propuestas puede considerarse ganadora.
Impacto en el agro y la región
Más allá del desenlace, el cierre del caso Vicentin tendrá un alto impacto para el complejo agroexportador argentino. La compañía, que llegó a ubicarse entre las cinco mayores exportadoras del país, opera en el corazón de la cadena de valor de la soja, el girasol y los cereales.
Su destino influye en productores, cooperativas, acopios, bancos y proveedores logísticos. En la región norte de Santa Fe, la empresa sostiene empleos directos e indirectos y forma parte del tejido económico de Reconquista y Avellaneda, que aguardan una definición judicial para proyectar la recuperación del movimiento portuario y fabril.
En el plano institucional, el desenlace marcará también un precedente sobre la capacidad del sector privado nacional para rescatar grandes empresas agroindustriales en dificultades, frente a la competencia de actores globales con mayor poder financiero.
Próximos pasos
El juzgado analizará ahora los listados completos de adhesiones, la validez de los créditos y los eventuales reclamos.
Una vez finalizado ese proceso, el juez Lorenzini deberá dictar la homologación definitiva, que marcará el retorno de Vicentin a la actividad bajo un nuevo control empresario.
Mientras tanto, tanto el Grupo Grassi como el tándem Molinos–LDC mantienen cautela y apelan al discurso de la transparencia, conscientes de que el desenlace judicial será tan simbólico como estratégico para el futuro del comercio agroindustrial argentino.
