Un fallo reciente del Tribunal Federal de Rosario que absolvió a productores en una causa por aplicaciones de agroquímicos reavivó el pedido del sector para que se levante la medida cautelar que desde 2019 limita las pulverizaciones en Pergamino. El anuncio abrió un nuevo escenario político y judicial que puede definir la forma y el alcance de las aplicaciones de fitosanitarios en zonas periurbanas.
La controversia afecta directamente a productores, vecindario y autoridades locales porque la restricción vigente condiciona la producción en extensiones productivas y la convivencia urbana-rural. En ese contexto, actores técnicos y jurídicos iniciaron gestiones para tratar de convencer al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, de revisar la cautela.
Qué intenta cambiar el sector
La medida que pretenden revisar prohíbe desde finales de 2019 las pulverizaciones terrestres y limita las aéreas en un radio de 1095 metros desde el borde del ejido urbano de Pergamino, además de imponer otras restricciones operativas. Para los productores, esa prohibición complica el manejo de cultivos y mantiene bajo presión productiva a unas 6000 hectáreas cercanas a la ciudad.
El impulso llegó tras un fallo del Tribunal Federal de Rosario que, según el sector, reconfigura la interpretación penal al exigir un nexo causal claro para atribuir responsabilidad individual a aplicadores o productores. Esa decisión alimentó la expectativa de quienes consideran que la cautela es hoy desproporcionada y que debe evaluarse con base en evidencia técnica actualizada.
Los actores del campo fijaron la mirada en la fecha en la que se conocerán los fundamentos completos del fallo de Rosario, prevista para el 10 de agosto, ya que ese texto definirá la estrategia judicial siguiente. A partir de esa fecha, los productores esperan presentar argumentos renovados para pedir el levantamiento de la cautela o su modificación con criterios técnicos más precisos.
En lo operativo, la discusión no es solo jurídica, sino también técnica: productores y técnicos sostienen que hoy existen tecnologías y protocolos que permiten aplicaciones responsables y trazables en proximidad a áreas urbanas. Si el Poder Judicial incorpora esa evidencia, el sector confía en que se pueda flexibilizar la restricción sin resignar controles sanitarios y ambientales.
Reunión en Pergamino y estrategia del sector
La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (AIABA) convocó a una reunión en Pergamino con representantes de la Sociedad Rural, cerealistas, productores, profesionales y abogados ambientalistas para coordinar próximos pasos. En el encuentro, que destacaron los organizadores, hubo consenso en sumar esfuerzos técnicos y comunicacionales para sostener el reclamo ante la justicia.
Según los participantes, la jornada sirvió para constatar un cambio de ánimo entre productores y profesionales luego del fallo de Rosario, y para acordar la conformación de una comisión de trabajo que impulse la presentación judicial. La comisión, explicaron, tendrá por objetivo reunir y presentar ante el tribunal evidencia técnica, protocolos de aplicación y datos sobre mitigación de riesgos.
Los organizadores propusieron además la creación de un observatorio o consorcio permanente que actúe como espacio de mediación y asesoramiento entre partes interesadas, con la idea de resolver conflictos locales antes de que escalen a vías judiciales. Este mecanismo estaría orientado a facilitar la comunicación entre productores, vecinos y autoridades, y a validar prácticas que garanticen aplicaciones seguras.
En paralelo, se analizó la posibilidad de articular contactos políticos e institucionales a alto nivel para que el Tribunal considere la «abundante prueba técnica» acumulada en estos años y que hoy forma parte del expediente. Los asistentes señalaron que el objetivo no es eludir controles sino demostrar que existen herramientas verificables que permiten aplicar fitosanitarios de forma responsable en proximidad urbana.
Del lado de las demandas, la causa que motivó la cautela fue iniciada por la abogada Sabina Ortiz en representación del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, que denunció afectaciones a la salud por fumigaciones cercanas a distintos barrios. En etapas previas, el juez había fijado una restricción de 600 metros que luego se amplió a todo el ejido urbano de Pergamino, medida que hoy está en discusión.
Tras la reunión, AIABA comunicó que las instituciones participantes acordaron trabajar de forma conjunta para pedir el levantamiento de la cautela y presentar protocolos actualizados que avalen aplicaciones más acotadas y técnicamente justificadas. Los organizadores sostienen que el desafío central será mejorar la comunicación hacia la sociedad para explicar controles, autorizaciones y seguimientos.
El debate que sigue es de alto impacto porque contrapone preocupaciones sanitarias y ambientales con la necesidad de sostener la producción agropecuaria y la economía local, por lo que la resolución judicial y las medidas administrativas tendrán efectos concretos en la gestión del territorio periurbano. La discusión promete combinar argumentos técnicos, pericias y comunicación pública para buscar soluciones que sean aceptables para las partes y garanticen la salud y la actividad productiva.
