La Confederación Rurales Argentinas (CRA) celebró el avance en el tratamiento parlamentario de un proyecto que incorpora la figura de “Vandalismo Rural” al Código Penal, iniciativa que busca endurecer penas y dar herramientas legales frente a ataques a establecimientos agropecuarios. La presentación se realizó en la Exposición Rural de Salta, donde dirigentes del sector destacaron la necesidad de una respuesta más firme frente a episodios que afectan silobolsas, cultivos, ganado e infraestructura productiva.
La propuesta modifica los artículos relacionados con daños y añade un artículo específico —según explicaron los impulsores— para tipificar conductas que hasta ahora quedaron desdibujadas en la legislación penal vigente. Entre las novedades están la previsión de penas específicas y la inclusión de modalidades agravadas como la liberación de agentes biológicos o patógenos, lo que marca una expansión en el alcance de la protección jurídica al sector.
Durante su participación en la muestra salteña, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, definió el avance como un “logro institucional” y sostuvo que llevar el proyecto al Congreso representa la oportunidad de saldar una deuda con miles de productores. Castagnani subrayó que las afectaciones a la producción no son solo pérdidas materiales, sino que impactan en el empleo y en la capacidad del país para generar alimentos.
El vice presidente primero de CRA, José Colombatto, agregó que la iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales que permitan actuar con mayor eficacia ante ataques y daños a establecimientos agropecuarios. Colombatto insistió en que la norma también apunta a desalentar prácticas que dañan la cadena agroindustrial y las economías regionales.
Qué prevé la norma
El proyecto propone modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorporar el artículo 184 bis, con la finalidad de crear la figura de Vandalismo Rural. Según los impulsores, la iniciativa prevé penas que van de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes directamente vinculados a la producción agropecuaria cuando esas acciones afecten el normal funcionamiento del establecimiento.
Además, el texto contempla escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia y agrava las penas cuando las conductas generen riesgo para las personas o consecuencias fatales. La inclusión explícita de la liberación de agentes biológicos y otras modalidades busca dar respuesta a nuevas formas de ataque que, según CRA, requieren una tipificación específica para evitar la impunidad.
Impacto económico y social
La entidad sostuvo que los daños sobre silobolsas, galpones, cultivos y ganado no solo generan pérdidas directas para los productores, sino que repercuten en toda la cadena agroindustrial y en las economías regionales. Según los dirigentes, la incertidumbre y la sensación de inseguridad profundizan el deterioro de las actividades productivas y desincentivan la inversión en áreas rurales.
Castagnani defendió que la propuesta trasciende la protección patrimonial y busca garantizar seguridad jurídica para quienes producen y generan empleo en el campo, argumentando que “el delito evoluciona y la legislación también debe hacerlo para evitar la impunidad”. En esa línea, los dirigentes destacaron que una respuesta penal más clara puede contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante la protección de la producción y la inversión.
El avance del proyecto fue recibido como un paso institucional por parte de CRA, que entiende que la discusión en el ámbito parlamentario es clave para transformar reclamos sectoriales en medidas con efecto práctico. No obstante, el debate legislativo deberá articular criterios probatorios, garantías procesales y definiciones precisas para evitar ambigüedades en la aplicación del nuevo tipo penal.
En la misma Exposición Rural, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, valoró el rol del sector en la muestra y volvió a pedir medidas de política agrícola. Pino manifestó de forma enfática: “Nuestra posición es clara: retenciones cero, por ley y para siempre”, demanda que vuelve a poner en la agenda las cuestiones tributarias vinculadas al agro.
Los representantes del campo insistieron en que las soluciones deben ser integrales y combinar mayor protección legal con políticas que fomenten la competitividad y la inversión en las economías regionales. La discusión en el Congreso definirá si la propuesta logra afinar el marco jurídico para enfrentar los ataques y ofrecer mayor previsibilidad a una actividad estratégica para la economía argentina.
