En el primer día del Congreso Aapresid en Rosario se instaló con fuerza la discusión sobre una nueva ley de semillas, la gran cuenta pendiente del campo argentino. La sesión puso en escena a la industria, al sector productivo y al regulador en un debate que busca actualizar normas que tienen más de medio siglo.
La mesa convocó a referentes como el presidente del INASE, Martín Famulari; el director ejecutivo de ASA, Alfredo Paseyro; Pablo Ginestet por Carbap; y al titular de Aapresid, Marcelo Torres. Ignacio Garciarena moderó la charla titulada “El desafío de una nueva ley de semillas para un agro más innovador y competitivo”.
Las semillas, un debate eterno
La charla expuso que, aunque las formas del diálogo cambiaron, la tensión sobre el alcance del uso propio oneroso sigue siendo el nudo clave. Los asistentes destacaron una convivencia más constructiva entre actores que años atrás se enfrentaban, pero admitieron que el consenso aún no está cerrado.
Desde el Instituto se señaló que el punto de partida cambió porque el ruralismo aceptó la necesidad de reconocer más la propiedad intelectual de los obtentores. Ese reconocimiento, señalaron, abre la puerta a una ley moderna pero también obliga a acordar mecanismos prácticos y equitativos.
La norma vigente data de 1973, por lo que para la industria y parte del campo resulta evidente que requiere una actualización urgente. Además, la industria recordó que innovar toma tiempo y recursos: desarrollar y lanzar una tecnología al mercado demora en promedio 10 años.
Qué está en discusión y por qué importa
El foco del debate es cómo reglamentar el uso propio oneroso, es decir, cuándo y cuánto debe pagar un productor por reutilizar semilla protegida. En la mesa hubo coincidencia en que no se discute la existencia del uso propio sino su alcance y su implementación.
En la práctica, las alternativas van desde limitar la obligación a aumentos productivos puntuales hasta definir topes por hectárea o por tamaño de productor. Para los representantes rurales la prioridad es que la norma sea sencilla de aplicar y que evite litigios que terminen por desincentivar la herramienta.
Los semilleros pidieron previsibilidad para financiar investigación y garantizar mejoras genéticas, y compararon ese horizonte con la inversión de un productor que espera meses o años para ver resultados. A su vez, los ruralistas reclamaron transparencia sobre cómo se calcularán cobros y qué información estará disponible para los productores.
Los panelistas recordó que un intento de reforma en 2018 estuvo cerca de aprobarse y que hoy el proceso está más maduro pero todavía con puntos esenciales abiertos. Entre los consensos emergentes figura la voluntad de avanzar de forma acordada y evitar que la discusión derive en mayor conflictividad.
La conversación en Rosario dejó en claro que la clave será traducir el acuerdo político en reglas claras y procedimientos operativos. La próxima etapa requerirá mesas técnicas y pruebas piloto que permitan cerrar detalles sobre montos, alcances y fiscalización.
Mientras tanto, productores, industria y reguladores acordaron mantener el diálogo y buscar una solución que combine innovación, derechos de obtentores y factibilidad para el productor argentino. La reforma de la ley de semillas aparece como un objetivo posible, aunque su concreción dependerá de acuerdos técnicos que aún deben pulirse.
