La crisis del sector yerbatero en Misiones volvió a poner en primer plano la tensión entre productores y el mercado, con reclamos por un precio mínimo que repare costos y sostenga economías locales. La protesta, que mezcla preocupación económica y social, ganó el respaldo de la Iglesia y el Gobierno provincial, lo que la convierte en un asunto de impacto regional y posible decisión política.
El obispo de Posadas, Rubén Martínez, recibió a una delegación de pequeños productores y tareferos encabezada por Hugo Saad y Ana Cubilla, quienes solicitaron medidas urgentes para la yerba mate. Los representantes explicaron la pérdida de rentabilidad y pidieron volver a regular el mercado para garantizar un precio justo.
Según los productores, el precio que necesitan para sostener la producción es de 500 pesos por kilo de hoja verde, mientras que actualmente se está pagando alrededor de 250 pesos por kilo. Esa brecha obliga a familias y a economías rurales a vender a pérdida o directamente a abandonar cosechas y actividades vinculadas.
Misiones concentra la mayor parte de la cadena yerbatera del país: reúne a más de 10.000 productores y explica cerca del 90 % de la producción de hoja verde, mientras que el resto corresponde a provincias como Corrientes. La mayoría de las explotaciones son de pequeña escala, con explotaciones de menos de 50 hectáreas, por lo que cualquier variación en el precio impacta de forma directa en el ingreso familiar.
La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) advirtió que, si se computa la diferencia entre el precio de equilibrio y lo que se paga hoy, los pueblos afectados dejan de recibir cerca de 250.000 millones de pesos. Ese cálculo suma costos no cubiertos, pérdida de margen y el efecto multiplicador sobre el comercio y los servicios locales.
Desde la Iglesia, el obispo Martínez cuestionó el esquema económico del gobierno nacional y advirtió que todo proyecto debe incluir a la gente para ser viable, subrayando que la crisis yerbatera agrava la pobreza en municipios productores. “Si la gente está muy mal, eso nos daña profundamente”, dijo al recibir a la delegación, poniendo el foco en el impacto humano del conflicto.
Gobierno provincial, productores y el reclamo por una ley
Los representantes fueron recibidos por el gobernador Hugo Passalacqua, quien respaldó el reclamo y la recuperación de facultades regulatorias del INYM para fijar precios de la materia prima. Los productores pidieron además que la provincia declare la “emergencia yerbatera” e impulse una ley local que establezca un precio sostenible para el kilo de hoja verde.
Hugo Saad explicó que el valor debe contemplar costos de producción, una margen de estabilidad para el productor y condiciones laborales dignas para los tareferos. La demanda incluye que las remuneraciones y condiciones de trabajo sean parte de la ecuación para evitar la precarización de la cosecha.
En la reunión participaron funcionarios provinciales, representantes del INYM, cooperativas y organizaciones del sector como la Asociación del Alto Uruguay y la Cooperativa Río Paraná. También estuvieron presentes sindicatos rurales y movimientos agrarios que reclaman normativas que garanticen precios y previsibilidad para la cadena.
El clamor no es solo económico: productores alertan que la falta de ingresos obliga a hogares a reducir consumo, cerrar comercios y migrar hacia otras actividades, profundizando el daño social en localidades rurales. El obispo Martínez enfatizó la necesidad de políticas que atiendan tanto la producción como la contención social para evitar un deterioro mayor.
El contexto productivo muestra una cadena concentrada en la materia prima: la hoja verde representa la base de la industria y su precio repercute en molinos, secaderos y mercados locales. Recuperar facultades regulatorias del INYM y promulgar una ley provincial son las herramientas que proponen los actores para corregir la distorsión de precios.
Los pasos siguientes incluyen la redacción de un proyecto de ley provincial, la evaluación técnica de costos por parte de organismos públicos y la negociación con la industria para acordar un precio testigo que pueda implementarse en forma inmediata. Los productores mantienen la presión social y encaran una estrategia que combina medidas institucionales y movilización local para intentar cerrar la brecha económica.
Para el consumidor urbano el conflicto puede traducirse en variaciones de precio y disponibilidad en góndola, pero el impacto real se mide en la supervivencia de pueblos yerbateros y en la continuidad de una cadena que da trabajo a miles de familias. La forma en que se resuelva la disputa marcará la sostenibilidad económica y social de la producción de yerba mate en Misiones en los próximos meses.
