Una iniciativa impulsada por Uatre y Visec propone una constancia de legalidad laboral para registrar las condiciones de trabajo en la cadena agroexportadora, ante las crecientes exigencias de los compradores internacionales. El mecanismo, presentado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, busca integrar verificaciones en terreno con supervisión técnica de Crisol y se focaliza inicialmente en la cadena de la soja.
La propuesta aparece en un contexto donde la demanda por información sobre el origen y el proceso productivo se vuelve central para el acceso a mercados, especialmente el europeo. Para productores, acopiadores y exportadores la novedad es que la verificación laboral se suma a los mecanismos de trazabilidad ambiental ya exigidos por compradores y reglamentos internacionales.
Según la organización promotora, la constancia no será un mero sello ni un procedimiento de autodeclaración, sino un instrumento que incorpora visitas de comprobación para generar evidencias verificables. La supervisión técnica de Crisol Proyectos Sociales y la emisión formal de Visec intentan dar garantías adicionales frente a auditorías externas y compradores.
Desde el sindicato, Uatre destaca que la iniciativa tiene un enfoque de mejora continua y no punitivo: cuando se detecten faltantes documentales se acompañará la regularización para alcanzar el estándar requerido. Ese enfoque pretende disminuir resistencias locales y transformar requisitos de cumplimiento en procesos accesibles para los productores.
El proyecto también busca eficiencia administrativa para las empresas exportadoras al reducir la repetición de pedidos de documentación y las múltiples revisiones sobre los mismos puntos. En palabras de los impulsores, la meta es reducir el costo de demostrar el cumplimiento y organizar información verificable sobre proveedores.
En paralelo a la iniciativa nacional se impone el nuevo marco europeo: el Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) exige a las empresas que ingresan soja, carne vacuna y madera verificar el origen y el cumplimiento normativo de sus insumos. Las fechas clave del reglamento son 30 de diciembre de 2026 para operadores grandes y medianos y 30 de junio de 2027 para micro y pequeños, con excepciones para la madera que deberán cumplir desde diciembre.
Qué cambia para productores y exportadores
La iniciativa nacional se presenta como una solución colectiva frente a la alternativa de que cada empresa diseñe su propio sistema de cumplimiento, algo que según referentes de la industria podría aumentar costos y fragmentar criterios. Representantes de sectores privados y sindicales destacaron que acordar estándares comunes favorecerá la competitividad y la posibilidad de mantener mercados exigentes como el europeo.
Uatre y Visec propusieron además articular con organismos existentes: ya se mencionó un acuerdo inicial con el Renatre para chequear información sobre productores, y se proyectó un trabajo conjunto para desarrollar una solución de largo plazo. Esa coordinación busca que el productor no tenga que multiplicar trámites y que la acreditación sea más fluida.
Sin embargo, la herramienta no exime a las empresas de su responsabilidad de diligencia debida y tampoco es obligatoria según la normativa europea; la verificación por terceros complementa, pero no reemplaza, las obligaciones del operador. Esa aclaración fue uno de los puntos enfatizados durante el encuentro para evitar confusiones sobre responsabilidades legales.
El debate también tocó la realidad del empleo rural: el secretario general de Uatre ubicó la informalidad en niveles elevados, al estimar que el trabajo no registrado ronda el 70 %, y citó más de 5.000 fiscalizaciones en los últimos años que detectaron irregularidades diversas. Aunque no se detalló la fuente estadística en la presentación, ese diagnóstico subraya la necesidad de herramientas que faciliten la formalización y la protección social.
Impacto y riesgos para la cadena agroexportadora
Para actores como Ciara-CEC y la Sociedad Rural Argentina la adaptación es indispensable si la Argentina quiere mantener y ampliar su presencia en mercados internacionales, porque “el cambio lo decidieron los compradores”. La apuesta es que procesos colectivos como el de Visec permitan sostener ventas externas, aumentar la producción y mejorar remuneraciones en el largo plazo.
Quedan por resolver desafíos operativos: la capacidad de inspección y acompañamiento técnico en establecimientos extensos, la homogeneización de criterios entre provincias y la aceptación de la constancia por parte de compradores externos. La puesta en marcha efectiva exigirá inversión en formación, tecnología de trazabilidad y canales de comunicación entre entidades públicas, privadas y sindicales.
En resumen, la propuesta de una constancia de legalidad laboral pretende convertir el cumplimiento en evidencia verificable y ofrecer una respuesta colectiva ante la EUDR, sin cambiar la responsabilidad legal de los operadores. Si se implementa con transparencia y foco en la mejora, puede ser una herramienta clave para que la agroindustria argentina combine producción con estándares sociales y ambientales exigidos por los mercados.
