El Senado de la Nación iniciará este jueves el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero lo hará sin el capítulo que buscaba modificar los límites a la compra de tierras por extranjeros.
La decisión del Gobierno de dejar fuera esa parte del proyecto responde a la falta de consenso entre sus aliados y a la presión social y del sector agropecuario, que había anunciado movilizaciones.
Hoy la normativa vigente fija un tope de 15 % de las tierras nacionales en manos de extranjeros, una cifra que el bloque La Libertad Avanza intentó primero eliminar y luego llevar a 25 %, opción que también cosechó rechazo.
El riesgo de que la iniciativa fracase en el Senado llevó al Ejecutivo a dar marcha atrás para evitar un debate sin quórum y una derrota pública que habría tensado aún más la relación con parte del oficialismo y la oposición.
Ante esta coyuntura, la Federación Agraria Argentina (FAA) volvió a expresar su rechazo y ratificó su postura tras la reunión de su Consejo Directivo Central.
La entidad subrayó que no se opone a las inversiones productivas, pero advirtió que modernizar el sector no puede equivaler a “entregar recursos que afecten nuestra soberanía”.
Federación Agraria: entre inversión y control del recurso
La FAA destacó que la discusión no puede reducirse a la defensa de la propiedad privada sino que debe centrarse en cómo se preserva la soberanía sobre bienes estratégicos como la tierra y el agua.
La entidad conducida por Andrea Sarnari pidió mantener herramientas que promuevan el arraigo, la producción y el desarrollo del interior sin abrir la puerta a una extranjerización sin límites.
En sus comunicados, la Federación insistió en que promover inversiones productivas y garantizar control estatal no son incompatibles, y que cualquier cambio debe incluir mecanismos de fiscalización.
También recordó que la Argentina puede abrirse a capitales que aporten empleo y valor agregado, pero reclamó que esos flujos no se traduzcan en pérdida de control sobre recursos estratégicos.
Qué implica el cambio y qué sigue en el Congreso
Una liberalización de los topes podría acelerar la concentración de la tierra, modificar estructuras de tenencia y afectar cadenas productivas locales según analistas y representantes del campo.
En lo inmediato, el Senado tratará la ley sin el capítulo referido a tierras, pero la discusión sobre límites, control y fiscalización volverá a la agenda política en las próximas sesiones.
Para productores y comunidades rurales, la disputa tiene impacto directo en la posibilidad de acceso a la tierra, la competencia por recursos hídricos y la viabilidad de pequeños y medianos emprendimientos.
Los ciudadanos y los inversores deben seguir de cerca el debate porque de sus resultados dependerán reglas de juego básicas para la producción, el empleo y la soberanía alimentaria.
